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Invierten 9,2 millones para hacer sostenibles cuarteles y comisarías

Se aislarán fachadas y se cambiarán ventanas y luminarias en Luarca, Cangas de Onís, Vegadeo, Laviana, Mieres, Gijón y Oviedo

Los cuarteles y comisarías de la Guardia Civil y la Policía Nacional se renuevan en Asturias para ser más sostenibles. Los ministerios del Interior y para la Transición Ecológica han firmado un acuerdo para el desarrollo de actuaciones conjuntas dentro del plan de transición energética en la Administración General del Estado. Es una medida del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que busca reducir paulatinamente la demanda energética y la dependencia de combustibles fósiles de las instalaciones estatales. Según el Gobierno, con este acuerdo se avanza en el objetivo de situar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a la vanguardia de la sostenibilidad y la eficiencia energética.

La inversión en el conjunto del país es de 396 millones de euros. De esa cantidad, 9.283.088,54 euros corresponden a Asturias. Las actuaciones van desde aislamientos de fachadas hasta cambio de ventanas, sustitución de luminarias o colocación de paneles solares. Se actuará en una superficie total de 19.212 metros cuadrados en recintos en Asturias y se prevé una reducción del 30 por ciento del consumo energético de las instalaciones. Se trata de los cuarteles de Luarca, Cangas de Onís, Vegadeo y Pola de Laviana, que reciben 7,2 millones, y el recinto policial de Buenavista, así como las comisarías de Mieres, Gijón y Oviedo, que recibirán poco más de dos millones.

En línea con los mandatos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, todas las actuaciones deberán estar finalizadas antes del 31 de diciembre de 2023 y cumplir con el principio de “no causar un perjuicio significativo al medio ambiente”.

El IDAE será el encargado del seguimiento de las actuaciones y, por su parte, el Ministerio del Interior remitirá informes periódicos sobre el estado de ejecución de las mismas. El acuerdo forma parte de un paquete global de 1.070 millones que tiene como objetivo modernizar las administraciones públicas en el ámbito de la transición ecológica.

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