Los casos de furtivismo en los que hay sospechas de la vinculación de algún guarda del Principado son varios, pero buena parte de ellos ni siquiera llegan a juicio por la imposibilidad de determinar con total firmeza la autoría. En algunos ni siquiera basta la declaración de los testigos porque el hecho de que hayan visto a un agente, incluso portando armas de caza, cerca del lugar donde se registra una cacería ilegal no es suficiente para demostrar que haya tomado parte en ella. Y la presunción de inocencia prevalece.
El último caso sin resolver es el que investigaba el Juzgado de primera Instancia e Instrucción número 1 de Grado, que ordenó esta misma semana el archivo de las diligencias previas abiertas contra un guarda del Principado por la muerte de una loba radiomarcada durante una batida celebrada el 2 de octubre de 2020 en Teverga. Es la segunda vez que se archiva. Anteriormente, tras finalizar su investigación, la Fiscalía había interpuesto una denuncia en el Juzgado, pero el juez decretó el sobreseimiento provisional al no haber sido identificado el autor de los hechos.
El caso dio un giro de ciento ochenta grados cuando, unas semanas después, varios guardas del Principado colaboraron y relataron los hechos, que apuntaban de nuevo al agente. La Fiscalía pidió al juez que se reabrieran las diligencias a la vista de las nuevas pruebas recabadas, y que se tomara declaración como investigado al supuesto implicado –agente que tiene en su historial anterior un incidente de caza en Toreno (León) en el que se interceptaron restos de jabalíes en una bolsa– y a los otros guardas como testigos. Finalmente, el juez ha ordenado el archivo del caso al considerar que no se ha identificado fehacientemente al autor.
La muerte de la loba también fue denunciada el 10 de noviembre de 2020 ante la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial por una asociación conservacionista. Aunque no se incluía ningún nombre, sí se detallaba la presencia en la zona de un guarda que “realiza tareas rutinarias propias de su trabajo portando un rifle, lo cual está absolutamente prohibido sin autorización expresa en la que se detalle el motivo de tal tenencia”. El collar de radiomarcaje correspondía a una investigación de la Universidad de Oviedo.
“La circunstancia de que la loba fuera muerta y despojada del collar, sugiere, ignorando la mera casualidad de la actuación de un cazador furtivo, que quien la mató sabía dónde estaba. Dado que las localizaciones se envían a la guardería, solicitamos que se revisen los partes de trabajo del mes de septiembre y se cotejen los recorridos de los guardas –tanto de Teverga como de Somiedo– que, disponiendo de licencia de armas, puedan haber estado en ese entorno”, apuntaba el escrito. La Consejería nunca respondió, “como suele ser habitual”, señaló un portavoz del colectivo denunciante.
Otro caso en el que supuestos cazadores furtivos no terminaron ante el juez fue el registrado el sábado 14 de agosto de 2021 en Ponga, precisamente donde están destinados los dos guardas identificados en recientes episodios de furtivismo en el Sueve y en el área limítrofe con León. Las manifestaciones de un testigo, el fotógrafo de naturaleza Julio Herrera, no fueron suficientes ni siquiera para abrir diligencias de investigación. Herrera rememora el caso vivido en Ventaniella. Había salido a hacer fotografías y más allá de las nueve de la noche, aún con luz, oyó a lo lejos dos disparos y poco después observó a dos personas, uno de unos 30 años y otro mayor, con fusiles dotados de mira telescópica, que venían de la zona de las detonaciones.
“Antes de montar en un vehículo, un Dacia de color blanco con el logotipo del Principado de Asturias, estuvieron hablando con un vecino del concejo, que iba a caballo. No llevaban uniforme, pero doy por sentado que eran guardas”, señala Herrera. Aquella noche, el fotógrafo durmió en Ventaniella, y a la mañana siguiente, sobre las siete, volvió a ver el mismo vehículo, del que se bajaron las mismas dos personas que había visto la noche anterior, junto con otras dos, con “indumentaria de camuflaje, civil, sin distintivos”.
“Se internaron los cuatro en el monte y luego oí un disparo”, señaló Herrera, que, temiendo que aquellas personas estuvieran protagonizando una cacería ilegal de lobos, comentó lo sucedido con las Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), cuyos responsables pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil. “Tiempo después, en septiembre u octubre, me llamó la Guardia Civil dos veces. La última, alguien del Seprona que me preguntó si podría identificar a las personas que portaban armas, porque tenían sospechas de quiénes podrían ser. No supe más”, relató. El caso nunca llegó al juzgado.
