El Principado ha reaccionado este martes a los episodios de cacerías ilegales que han salpicado a algunos de sus guardas del medio natural, adelantados por este diario. "Estamos ante actividades delictivas y sobre los sujetos que las cometen debe recaer todo el peso de la ley", manifestó contundente el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo.
De su consejería dependen los guardas encargados de velar por la protección de la biodiversidad en espacios naturales del Principado así como por el cumplimiento de la ley de caza en las actividades cinegéticas. Estos días se ha conocido la implicación de uno de ellos, destinado en Ponga, en un operativo desarrollado por los guardas del espacio protegido del Sueve en el que se identificaron tres personas por estar cazando ilegalmente y con el uso de un silenciador para el arma. Uno de los identificados es el agente medioambiental destinado en el concejo pongueto, J. Á. C. B., quien además es reincidente al acumular años de inhabilitación para la caza. A ello se añade que en noviembre de 2020, tal y como ha contado también este diario, otro guarda destinado en Ponga, J. Á. L. C., fue identificado por un episodio similar en el espacio limítrofe entre Asturias y León.
Alejandro Calvo pidió contundencia para actuar contra las prácticas furtivas, pero quitó hierro al hecho de que algunos de los implicados sean guardas del Principado encargados de velar, precisamente, por el cumplimiento de la normativa aplicable a actividades cinegéticas. "Es una cuestión absolutamente excepcional y quizás lo de menos es a qué se dedican. Lo importante es que la caza ilegal debe estar absolutamente perseguida porque es inaceptable", señaló, a lo que agregó: "En el ámbito interno hay un reglamento disciplinario que se aplica pero lo relevante es que se actúe con todo el rigor con independencia de a qué se dedican".
¿Y por qué pese a ese reglamento disciplinario interno de la consejería puede seguir ejerciendo en una reserva natural un guarda reincidente en prácticas de caza ilegales? Calvo apuntó a que la elevada protección que la norma brinda a los funcionarios dificulta tomar medidas drásticas. "El régimen disciplinario es muy garantista. Cuando uno adquiere la condición de funcionario, perderla es muy difícil. Estos días hemos visto algunos ejemplos. Es un régimen disciplinario de carácter administrativo sobre el que no tengo ni que pronunciarme. Son garantías legales, no decisiones políticas", afirmó.
