La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado ya ha iniciado procedimiento disciplinario contra J. Á. C. B., el guarda del medio natural identificado en una cacería ilegal en el paraje protegido del Sueve. Esta vía administrativa transcurre paralelamente a la vía judicial que se pueda derivar del atestado que está realizando el Seprona de la Guardia Civil para su entrega en el juzgado. El funcionario implicado, que ya cuenta con antecedentes por los que acumuló años de inhabilitación para la caza, se enfrenta a otra sanción más en su historial, pese al cual continúa ejerciendo con destino en el parque natural de Ponga.
J. Á. C. B. fue sorprendido por compañeros de la guardería que trabajan en el Sueve el pasado sábado en compañía de dos cazadores furtivos procedentes de Valladolid, padre e hija. Se sospecha que había un cuarto que no fue identificado en el momento. Según ha podido saber este periódico, el hombre vallisoletano interceptado no cuenta con licencia para actividades cinegéticas en Asturias. La Guardia Civil está analizando las muestras recogidas de los elementos de caza incautados para confirmar que se corresponden con los gamos hallados muertos y sin cabeza, dado que se las habían amputado como trofeo.
Los guardas del Sueve, que se encontraban en la zona realizando tareas de vigilancia y descaste, se percataron de la presencia de furtivos pese a que estaban utilizando supuestamente un arma con silenciador, una práctica prohibida. El silenciador –llamado “chupete” en el argot armero– amortigua el disparo, dejándolo en un “sonido muy hueco”. Aun así, los funcionarios del Principado destinados en el Sueve lo escucharon y procedieron a la intervención, poniendo luego a disposición de la Guardia Civil a los tres identificados.
Este incidente con silenciador no es el único en el historial de la guardería de Ponga. Un compañero de destino del guarda reincidente fue sorprendido en noviembre de 2020 en un episodio de furtivismo similar ocurrido en el área limítrofe del concejo pongueto con León. De hecho, requirió la intervención de la Guardia Civil a ambos lados de la raya entre Asturias y Castilla y León.
En torno al mediodía del 10 de noviembre de 2020, un celador de la reserva regional de caza de Riaño comunicó la presencia de tres individuos en el área limítrofe situada entre Peña Ten y Peña Pileñes. Divisó que portaban un arma con silenciador y cómo lograban abatir un rebeco. Tras dar la voz de alarma, se acercó al lugar la Guardia Civil, que también logró avistar a los individuos, quienes finalmente se pusieron a cubierto antes de huir en direcciones opuestas. Se desplegó entonces un dispositivo a ambos lados de la cordillera para tratar de interceptarlos. A la Guardia Civil de Riaño se sumó la de Cangas de Onís. Finalmente, y tras revisar los vehículos de los supuestos furtivos, los agentes de la vertiente leonesa se retiraron indicando a los de la vertiente asturiana que era posible que los sospechosos se hubiesen encaminado hacia el Principado.
Tras varias horas de espera y vaivenes, la Guardia Civil interceptó en Ventaniella (Ponga) a un hombre que se correspondía con uno de los fotografiados por la guardería de Riaño. Era J. Á. L. C., guarda del Principado destinado en la reserva pongueta. La Guardia Civil elaboró un informe de lo sucedido que se sumó al atestado de los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León en las diligencias iniciadas por el juzgado de Cistierna.
Este episodio de caza con silenciador en territorio leonés “salpicó” también en el ámbito de los guardas medioambientales a J. Á. C. B., el funcionario del Principado reincidente identificado el sábado pasado en el Sueve. “Se le identifica en la fotografía tomada en León”, sostienen fuentes próximas a la guardería. En la imagen registrada aparecen tres hombres. Uno es, según la investigación, el guarda de Ponga posteriormente interceptado en Asturias; y otro, según afirman las mismas fuentes, sería J. Á. C. B., quien es conocido precisamente por un apelativo relativo a su aspecto físico.
Si bien, el único identificado en el momento del operativo por las autoridades fue J. Á. L. C., cuya implicación en un episodio de este tipo sorprendió a muchos trabajadores de la consejería al no contar con los precedentes que sí acumula J. Á. C. B. desde principios de la década del 2000. Ambos desempeñan sus funciones en Ponga.
Integrantes de la guardería del medio natural del Principado llevan tiempo advirtiendo a la consejería de la organización de cacerías ilegales en la región con la connivencia de algún compañero. Según cuentan, cazadores furtivos pagan “miles de euros” por abatir alguna pieza sin permiso con la guía de un agente del medio natural, que conoce a la perfección el terreno, los movimientos de sus compañeros y tienen ubicadas manadas e identificados los mejores machos de los que obtener codiciados trofeos de caza. “Son siempre los mismos”, denuncian, sin entender que pese a las condenas y sanciones algunos puedan seguir ejerciendo de guardas velando por el cumplimiento de la normativa de caza en espacios protegidos.
