El Colegio de Médicos de Asturias ha abierto un frente legal con la Consejería de Salud por nombrar como directores generales enfermeros en vez de médicos.

El recurso interpuesto por la organización colegial ha sido admitido a trámite por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, según acaba de hacer público el Colegio.

¿Qué argumenta el Colegio? Que los nuevos nombramientos correspondientes a dos direcciones generales (la de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria y la de Política y Planificación Sanitaria) "suponen una extralimitación legal por parte del Gobierno del Principado".

El Colegio entiende que "las competencias que normativamente tienen atribuidas cada una de esas dos Direcciones Generales deben ser ejercidas por médicos".

En el momento actual, de las cuatro direcciones generales de la Consejería de Salud, dos están desempeñadas por enfermeros (Sergio Valles y María Josefa Fernández Cañedo), una por una licenciada en Farmacia (Elena Llorente) y la cuarta por una médica (Lidia Clara Rodríguez).

El malestar del Colegio se agudizó a finales del pasado año, cuando Sergio Valles pasó de la Dirección General de Cuidados a la de Política y Planificación Sanitarias; en tanto que María Josefa Fernández Cañedo le sustituyó en Cuidados.

La reclamación del Colegio señala que las atribuciones de las dos Direcciones Generales ocupadas por enfermeros "incluyen funciones de tutela y control en prestaciones sanitarias y atención de enfermedades, competencias que deben ser desarrolladas por médicos, puesto que su ejercicio requiere una formación y experiencia inherentes a la profesión médica".

La organización colegial añade que "la legislación vigente atribuye a los médicos en exclusiva las competencias en prevención, diagnóstico y tratamiento de los pacientes, así como el enjuiciamiento y pronóstico de los procesos objeto de atención".

El comunicado del Colegio precisa que no está poniendo en tela de juicio "la capacitación en gestión que puedan tener los dos nuevos directores generales".

La clave de su iniciativa legal se basa en que, "teniendo en cuenta la naturaleza y el contenido de las funciones que tienen asignadas, estos nombramientos deberían recaer en profesionales de la medicina". En esta línea, hace pública su "disconformidad con estos nombramientos" y traslada su "preocupación por la repercusión negativa que puedan tener en determinadas prestaciones sanitarias".