Asturias, que está sola con Cantabria en la lista de las autonomías española que carecen de una ley propia de régimen local, tiene su anteproyecto en fase de redacción del borrador y mantiene intacto el propósito de concluir su tramitación en esta legislatura a la que le resta un año escaso. La consejera de la Presidencia, Rita Camblor, hizo depender de la aceleración de esa tarea la respuesta a algunas de las grandes demandas que los ayuntamientos asturianos pusieron de manifiesto en la asamblea que la federación que los agrupa celebró el 29 de marzo pasado en Sobrescobio. Llevada a comparecer en la Junta por el PP, Camblor dejó allí su idea de que la finalización del texto esté completada “en las próximas semanas”. Aún debería ser remitido a la Federación Asturiana de Concejos (FACC) “para su estudio antes de iniciar los procedimientos pertinentes para ser elevado al Consejo de Gobierno de cara a su aprobación”. Eso daría la salida del trámite legislativo en una Junta General del Principado que tiene, en la voz del diputado del PP Pablo Álvarez-Pire, “un apuro importante” de proyectos pendientes para el año escaso de mandato…

Agarrada a ese proyecto norma contestó Camblor a las preguntas de la oposición sobre las grandes demandas de los ayuntamientos asturianos. Ahí se regulará “el régimen competencial” y se dará respuesta a las eternas preguntas de los municipios. Una es la de las competencias que asumen sin que les correspondan –sobre todo las de las escuelas infantiles para menores de tres años–; otra, la de la agilidad en las transferencias de los fondos desde el Principado, cuya difusión al segundo semestre de los ejercicios genera frecuentes tensiones de tesorería en las arcas municipales. “Somos conscientes de que a veces no llegan con suficiente rapidez”, ha reseñado la Consejera, “y que los ayuntamientos a veces tienen que adelantar sus recursos. Pero con esta ley esperamos que se puedan prever pagos anticipados y a cuenta”. También está en proceso, anunció, una “revisión” del fondo de cooperación local, que perciben los concejos de menos de 40.000 habitantes con “una mejora de los criterios de reparto, de forma que ningún ayuntamiento, y sobre todo los pequeños, vean mermadas las transferencias”. Se agarró una vez más a la ley y a su pretensión de que “refleje una forma de pago más ágil para que los fondos lleguen de forma más rápida a los ayuntamientos” y se valorará, como ya había quedado anunciado, la habilitación de un fondo especial para los pequeños municipios.

El Principado se compromete a revisar los criterios de reparto del fondo de cooperación local

La redacción de la norma arrancó a finales de 2020 con un grupo de trabajo en el que estaban, entre otros, la presidenta de la FACC, Cecilia Pérez, y los directores generales de Finanzas y Administración Local, Mar García Salgado y Manuel Calvo, respectivamente, y ha cubierto algunas etapas hasta llegar a esta recta final de incierto futuro que inquieta a la oposición parlamentaria. “No se puede fiar todo”, dijo también el diputado de Ciudadanos Manuel Cifuentes, “a un anteproyecto de ley que no sabemos ni cuándo ni cómo va a querer dar solución a estos problemas”. La ley fue la respuesta universal de la Consejera en su comparecencia de este martes, en la que se escudó en la falta de competencias de su departamento cuando la oposición puso ante sus ojos la gran demanda de los municipios sobre la falta de recursos para hacer frente a la limpieza de los tramos urbanos de los ríos y las playas. “Nunca hemos tenido competencias en materia de limpieza”, dijo, y ante la mención de una posible colaboración económica se remitió a los 8,3 millones del fondo de cooperación, que en cuanto a su destino es, recordó, “incondicionado”.

Extendió la comprensión sin soluciones al asunto del cierre de las entidades bancarias en las zonas rurales, otro de los motivos de preocupación que con más frecuencia invocan los pequeños municipios, y aquí se remitió a la reunión con los seis principales bancos con presencia en Asturias que recientemente han mantenido el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, y la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba. “Le agradecería que le pudiera preguntar a ellos”. Sí quiso Camblor que se valorase la asistencia que su departamento ha otorgado a los ayuntamientos con la creación de “dos bolsas de trabajo temporal” de secretarios e interventores municipales, una con 144 personas y la otra con 142, para paliar la carencia de los ayuntamientos que quedaban sin cobertura “con las convocatorias del Estado”. El Principado tiene además  prevista para el 10 de mayo la prueba para la bolsa de tesoreros.

En el asunto, también recurrente, de la financiación de los costes adicionales que genera la ley de las policías locales, que según la denuncia unánime de la oposición lleva desde 2007 “aprobada e incumplida”, Camblor se remitió a las reuniones “de un grupo de trabajo con representantes de los agentes sociales y los ayuntamientos que aún está evaluando “el coste anual de la reclasificación de los agentes que se hizo en su momento”.

“Están mirando para otro lado”, concluyó el diputado del PP Álvarez-Pire, que pidió “más compromisos” con una voz que compartió Pedro Leal (Foro) con la convicción de que “se está abandonando a los ayuntamientos a su suerte”. La portavoz de IU, Ángela Vallina, aludió a los concejos como “los hermanos pequeños desde 1979” y activó la carga contra el daño que hicieron a las entidades locales las políticas de austeridad de los gobiernos del PP. Rafael Palacios (Podemos) se concentró en el cierre de oficinas bancarias exigiendo al Principado que “sabiendo que hay que hacer negocios con ellos, se muestren firmes” y Noelia Macías (PSOE) puso sus esperanzas en la futura ley defendiendo el compromiso de los socialistas con el municipalismo.