“Ya está bien, quienes gestionan los ríos se forran y los ayuntamientos pagamos la fiesta”. Así de rotundo se mostró el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez (IU) en la asamblea anual de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) celebrada ayer en Rioseco (Sobrescobio). “Ya está bien de que los ayuntamientos asumamos responsabilidades que no son nuestras”, insistió el regidor mierense que aseguró que en su concejo “tenemos 168 kilómetros de ríos y tengo que limpiar 118 kilómetros, es algo inasumible ya que supondría millones de euros”. De fondo está la transferencia pendiente a Asturias de las competencias hidráulicas, que el Principado asegura que reclamará próximamente.
Vázquez respondía así a la propuesta de la FACC en la que, como explicó la presidenta de la entidad, la alcaldesa de El Franco, Cecilia Pérez, “se trasladará al Ministerio de Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica su disconformidad con la amplitud de criterio a la hora de establecer quien debe hacerse cargo del mantenimiento y la limpieza de los ríos”. A Aníbal Vázquez la resolución le pareció poco contundente y advirtió que votaría en contra si no se especificaba que el mantenimiento y la limpieza de los cauces es “inasumible” para las arcas municipales. A la opinión del alcalde de Mieres se sumaron los regidores de San Martín del Rey Aurelio y Soto del Barco, José Ángel Álvarez y Jaime Menéndez Corrales. El regidor de Illas, Alberto Tirador pidió a la FACC “ser mucho más drásticos” y apuntó que esa queja ante el Gobierno central, “debe recoger el verdadero sentir de los ayuntamientos asturianos, que el mantenimiento de los ríos no es una competencia municipal y si nos la transfieren, debe ser con su partida económica correspondiente”.
El problema es de concepto, ya que como explicó Cecilia Pérez, “la norma dice que los ayuntamientos deben hacerse cargo de la limpieza de los ríos en zona urbana pero eso es muy aleatorio porque no se identifica zona urbana con suelo urbano”. La FACC pide mayor concreción en la norma, algo que al grupo de alcaldes encabezados por Aníbal Vázquez les parece poco porque entienden que no se trata de una competencia municipal.
Un total de veinte concejos asturianos tienen solo una oficina bancaria
Los ayuntamientos asturianos consideran “lacerante” el cierre de sucursales bancarias “después de que el rescate a la banca se pagase con dinero público”. Lo dijo la presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FCC), Cecilia Pérez, para exponer una de las resoluciones aprobadas ayer en la asamblea anual de la entidad. La FACC reclama “que se aseguren los servicios bancarios de proximidad y accesibles a todos los ciudadanos, con independencia de dónde vivan”.
El Alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández fue más vehemente y denunció el cierre de 19 sucursales de Liberbank en los últimos meses “en poblaciones como Ujo o Ciaño”. Fernández aseguró que “hay 20 concejos asturianos que ya tienen solo una oficina bancaria”, asumiendo el riesgo de que esas sucursales también cierren. Celicia Pérez cuantificó en 15.000 asturianos los que no tienen una oficina bancaria en su municipio “y la espiral de cierres va en aumento”.
La FACC mostró su rechazo absoluto a estos cierres “que perjudican especialmente a la zona rural, con una población envejecida que no puede acceder a los servicios digitales”.
Dentro de la misma resolución relacionada con la banca, los municipios asturianos reclamaron la eliminación del cobro de comisiones por depósito, “que son muy onerosas para los ayuntamientos en los remanentes de tesorería”, apuntó Pérez. La presidenta de la FACC señaló además que “el dinero de los Fondos Europeos y las subvenciones que llega a las cuentas bancarias municipales, también se ve afectado por esas comisiones”. Por eso, los Ayuntamientos trasladarán su malestar al Ministerio de Asuntos Económicos.
Monteserín, alcaldesa de Avilés: “El Principado debe asumir las escuelas de 0 a 3 años”
Los ayuntamientos están al límite. Fueron varios los alcaldes que ayer se quejaron de cómo en los últimos años los municipios han ido asumiendo competencias y servicios sin que esto se tradujese en un aumento proporcional de recursos. También apuntaron que en algunos casos les puede acarrear conflictos con los trabajadores.
Este último aspecto es el que destacó la Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, que pidió “que el Principado asuma de manera definitiva la competencia de la red pública de escuelas de 0 a 3 años”. La regidora avilesina alertó de los problemas que pueden surgir “con la estabilización de los trabajadores de esas escuelas, ya que no son trabajadores municipales”.
La contratación de trabajadores en estas escuelas públicas ha generado problemas en varios ayuntamientos asturianos. En Oviedo, el consistorio prescindió en medio de una gran polémica de 21 trabajadoras de estos centros. El equipo de gobierno del PP y Ciudadanos argumentó que se trataba de contratos de obra y servicios y el servicio jurídico municipal advirtió de que no se podía renovar indefinidamente. Ante esa situación se decretó la finalización de esos contratos. Hubo acusaciones de la oposición y manifestaciones en la calle. El edil responsable de Educación, José Luis Costillas, aseguró que se readmitiría en su puesto de trabajo a todas aquellas trabajadoras cuyo despido fuese declarado improcedente l por un juez.
Esa es una de las cuestiones que se pusieron ayer sobre la mesa de la asamblea anual de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), celebrada en Rioseco (Sobrescobio). Los representantes municipales, reunidos presencialmente y por videoconferencia, recibieron el apoyo de la Delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, el Presidente de la Junta, Marcelino Marcos Líndez, y la Consejera de la Presidencia, Rita Camblor.
