Una nueva regulación del personal temporal de la sanidad española acotará la duración de las contrataciones de interinos y tratará de erradicar las bolsas de temporalidad en el sector eliminando los nombramientos eventuales e inaugurando la división de los trabajadores temporales en dos grandes grupos, los interinos y los sustitutos. El decreto que modifica el Estatuto Marco del personal sanitario, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado, define las causas que motivan la contratación de unos y otros y limita a tres años el plazo máximo de la ocupación de un puesto por un empleado sin vínculo indefinido con la administración.
La norma, que entra en vigor hoy mismo, pero otorga cuatro meses a las autonomías para adecuar sus sistemas de recursos humanos a la nueva estructura del personal, es a la vez, según los profesionales asturianos, una buena noticia y un test de estrés que pondrá a prueba la capacidad de respuesta de la administración sanitaria del Principado. Básicamente, establece la posibilidad de adjudicar una plaza a un interino ante una vacante que no pueda ser cubierta con un trabajador fijo, para la ejecución de determinados programas de carácter temporal o por "exceso o acumulación de tareas", siempre que estas se detallen con la fecha de inicio y fin del nombramiento y "por un plazo máximo de nueve meses, dentro de un período de dieciocho". La figura del sustituto, en cambio, estará circunscrita a la atención de las funciones de personal fijo o temporal en "vacaciones, permisos, dispensas y otras ausencias que comporten la reserva de plaza", así como a la cobertura de guardias reservadas a personal que puede ser eximido de ellas por razones de edad, enfermedad o lactancia y de reducciones de jornada.
La nueva regulación de personal temporal
Cambios en los nombramientos. Desaparecen los nombramientos eventuales y se definen las causas para nombrar personal interino y personal sustituto.
El personal interino. Su nombramiento podrá estar motivado por tres causas: existencia de una vacante que no sea posible cubrir por personal fijo por un máximo de 3 años; ejecución de programas de carácter temporal, por un máximo de 3 años; y acumulación de tareas por un máximo de 9 meses en un periodo de año y medio.
El personal sustituto. El nombramiento puede obedecer a ausencias del personal por vacaciones, permisos y otras ausencias con reserva de plaza; cobertura de guardias de hasta dos profesionales que puedan estar exentos por tener más de 55 años; enfermedad, embarazo de riesgo, lactancia; cobertura de reducciones de jornada.
Felipe Piedra, delegado de CSIF, calificó de "gran paso adelante" esta regulación de la sustitución en el sector de la sanidad. "Se pone límites, por primera vez, a los miles de contratos irregulares y fraudulentos que hasta ahora realizaban las autonomías; se establece el límite de tres años para que una plaza pueda ser objeto de sustitución, lo que obligará a las comunidades autónomas a sacar oposiciones de manera periódica, a lo sumo cada dos años", destacó Piedra. Otra de las novedades reseñables de este decreto consiste en que se definen las condiciones y supuestos en los que se puede realizar un contrato de sustitución, un acotamiento que hasta ahora no existía y daba lugar a situaciones muy diferentes. "Por primera vez se unifican los criterios, que serán homogéneos y de obligado cumplimiento para todas las comunidades autónomas", apuntó el delegado de CSIF en el sector de la sanidad.
El proceso de redefinición de la interinidad sanitaria, que discurre en paralelo con el proceso de estabilización de 67.300 trabajadores temporales en todo el país –4.793 en Asturias–, suena bien en su formulación teórica en los oídos de José Antonio Vidal, presidente del Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA). La limitación de las interinidades a tres años sería "una buena noticia", precisa, si la administración fuese capaz de adecuarse a ella y ser "ágil en la convocatoria de ofertas de empleo o concursos de traslados", afirma con escepticismo. El problema es que en Asturias, hasta ahora, la resolución de cualquiera de estos procesos selectivos "ha consumido siempre varios años. Aquí cualquier proceso es lento", resalta Vidal, "porque no tenemos una legislación actualizada. No disponemos de una ley propia, nos regimos por disposiciones obsoletas. La administración tiene bastante que mejorar, está obligada a una modificación legal y de gestión si quiere adaptarse a esta ley y conseguir que sea funcional", resalta. O si no quiere que, dada la competencia que ejercen el resto de las autonomías, los otros países y la sanidad privada, "esto dé lugar a un descalabro sanitario".
