El mecanismo que propone el Principado para valorar la experiencia de los aspirantes en los procesos de estabilización de interinos hace cundir la "decepción" en los sindicatos de la función pública. Las quejas hacen barruntar un otoño tirante en las negociaciones que de aquí a diciembre deben desembocar en la versión definitiva de las bases que regirán la oferta pública de empleo extraordinaria para convertir en fijas miles de plazas ocupadas por interinos de larga duración. Por ahora, la primera versión desagrada profundamente a algunos de los representantes de los trabajadores entre otros motivos por el peso, a su juicio escaso, que se otorga a la experiencia a la hora de valorar los méritos de los candidatos a los puestos que se adjudicarán por simple concurso, sin examen. Comparan los cincuenta puntos sobre cien de Asturias, observan que la Secretaría de Estado de Función Pública permite subir a sesenta y que otras autonomías han igualado o incluso superado ese tope y ahí se soliviantan.
No sólo por eso. En una suerte de enmienda a la totalidad, reprueban la limitación de la antigüedad evaluable a diez años –lo que dejaría sin valorar buena parte de los años de servicio de los trabajadores temporales que llevan muchos más–, lamentan que no se contemple específicamente que la experiencia que cuenta es la adquirida como trabajador temporal en la Administración y rechazan, entre otros puntos, que los exámenes que han de superar los aspirantes a plazas adjudicadas por concurso-oposición sean eliminatorios. Es por todo eso que "estamos muy decepcionados", repite Marisol Gómez, de UGT, que mira la puntuación que se da a la veteranía en las bases de otras comunidades –un sesenta por ciento en su mayoría– y se asombra ante el cincuenta de Asturias, la región en la que "peor se valora".
Tampoco le agrada que la valoración de las oposiciones previas aprobadas se circunscriba a las de 2010 en adelante. "Hay gente que las tiene desde 2005, no entiendo que haya un tope de fecha ni a quién quieren estabilizar", señala, sorprendida asimismo ante la anomalía de que no se precise que se valora específicamente la experiencia de los interinos. Eso invita a pensar que se abre la puerta a que se presenten los fijos, "y ese no es el espíritu de la ley que aprobó el Gobierno" para dar estabilidad a los temporales, lamenta.
Todos estos problemas, advierte, tienen "a los interinos están en pie de guerra". Con estas condiciones, da igual "tener una experiencia de veinte años que de diez", abunda José Luis González, coordinador general de Usipa, que también barrunta que con "la diferencia escasa" de valoración entre los años de trabajo en distintas administraciones se favorece que "los empleados de otras con veinte años puedan empatar a puntos con los del Principado", lo que llevaría a transformar en la práctica los procesos de estabilización en "un concurso de traslados entre distintas administraciones", o a abrir la puerta a los trabajadores fijos.
Podría seguir, porque tampoco le satisface que en la valoración computen todas las titulaciones adicionales al puesto en cuestión, sin tener en cuenta su relación con el cargo, y cita el posible ejemplo paradójico de "alguien que se presente a veterinario y se le valore una licenciatura en geografía e historia…" Las bases propuestas, concluye, "no nos gustan nada"
CSIF, que también ha dejado ya su decepción con el primer borrador de bases, añadió ayer una apelación directa al presidente del Principado, Adrián Barbón, al que afean cierta contradicción entre las palabras y los hechos. Le recuerdan que un día dijo que "no quiero despedir a mayores de 55 años que llevan muchos años en la Administración" y que "haremos lo que legalmente se pueda para corregir ese disparate". Con esta propuesta, interpretan, y su limitación a diez años la experiencia evaluable, el Principado está haciendo exactamente "lo contrario". "A ver si se aclaran en el PSOE…"
El borrador de las bases del proceso se aplica, por lo demás, en exclusiva al personal de las consejerías, ni a los docentes ni a los sanitarios, que se rigen por sus normativas específicas. La de la sanidad está pendiente de negociación, pero la de la enseñanza ya ha sido definida con una diferencia esencial respecto a la administración general: en las plazas del concurso-oposición, las que sí requieren examen, éste para los docentes no será eliminatorio. A los ojos del sindicato ANPE, no obstante, aquí emerge una duda esencial sobre los procesos para cubrir las bajas por jubilaciones –una media de cuatrocientas al año– y su posible solapamiento con estas estabilizaciones extraordinarias de trabajadores temporales. SUATEA, por su parte, pone el foco en la constancia de que aunque la Administración ha acotado los números de las plazas que serán convertidas en fijas, aún tiene pendiente la definición precisa de esos puestos. Son 1.562 sólo en la docencia, pero "a nosotros nos sale un tercio más".
