De aquí al final de 2024, un total de 4.793 profesionales sanitarios de la región que llevan varios años trabajando como interinos del Sespa obtendrán una plaza en propiedad. De ese total de puestos que serán ofertados, 330 se cubrirán mediante concurso-oposición, es decir, con un proceso selectivo que constará de un examen y un posterior cómputo de méritos. Y las 4.463 plazas restantes se proveerán sin mediar un examen, o sea, con un concurso de méritos. La cuestión que se debe dilucidar es: ¿en ese concurso hay que dar más peso a la antigüedad (a los servicios prestados), o a los méritos académicos, los cursos y el resto de la formación adquirida?
Según ha podido constatar este periódico, los sindicatos sanitarios abogarán de manera unánime –o casi– para que la antigüedad tenga una preponderancia casi absoluta. Lo que proponen es que los servicios prestados (la antigüedad o la experiencia) determinen el 90 o 95 por ciento de la puntuación, dejando para el apartado formativo el 5 o el 10 por ciento del meritaje.
La posición del Servicio de Salud del Principado aún no ha sido dada a conocer de manera pública, pero los representantes de los trabajadores dan por sentado que será bastante similar a la que ellos propugnan. Lo más probable es que el Sespa exponga su planteamiento el próximo mes de septiembre.
En el ámbito del Servicio de Salud del Principado se estabilizarán mediante concurso de méritos 1.043 plazas de auxiliares de enfermería (TCAE), 959 de enfermeras, 616 de médicos, 452 de celadores y 441 de administrativos. El resto de los colectivos son mucho menos numerosos. Entre tanto, por concurso-oposición (con examen) se asignarán 211 plazas de TCAE, 44 de celador y 75 de médico de familia.
"Estamos ante un proceso de estabilización, y lo razonable, como indica el propio término, es que sirva para estabilizar a los que ya están". Este mensaje, con leves variaciones, resume la filosofía que defienden los portavoces de las organizaciones sindicales consultadas por LA NUEVA ESPAÑA. El otro argumento que prolifera en las negociaciones es este: "Si un empleado público lleva 10, 15 o 20 años desarrollando un trabajo, sin expedientes ni incidencias reseñables, ¿es justo decirle ahora que no sirve para ese mismo trabajo?".
¿Qué hará la Administración sanitaria? En el momento actual, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas están negociando unos criterios comunes para el sector sanitario de todo el territorio nacional. No parece nada claro que estén en condiciones de llegar a grandes consensos, pero las conversaciones siguen abiertas. Como suele suceder en las ofertas públicas de empleo, se teme un cierto trasiego de aspirantes entre unas regiones y otras en busca de las condiciones más favorables. Por eso se supone que un pacto con líneas de acción comunes podría apaciguar el panorama.
El proceso de estabilización de empleados públicos tiene un objetivo común en todo el país: reducir la elevada temporalidad del sector por debajo del 8 por ciento. Afecta a los tres niveles de la Administración pública: central, autonómica y local. En el espacio autonómico, pondrá en juego 8.661 plazas del Principado: 4.793 en la sanidad, 2.061 en servicios generales y administración, 1.562 en educación y 245 en empresas del sector público autonómico.
Tal y como informó este periódico la semana pasada, en el apartado de servicios generales y administración existe un tira y afloja sobre el mismo asunto referido líneas arriba: el baremo de méritos que se aplique en los procedimientos selectivos. La propuesta de la Dirección General de Función Pública del Principado es otorgar un máximo de 50 puntos sobre 100 a los servicios prestados (como ya se ha reseñado, en sanidad se baraja un 95-5 o un 90-10). Si esa idea va adelante, "estabilizaremos a todos los interinos menos a los de nuestra Administración", sostienen los representantes de los trabajadores afectados. Entienden que ese peso de la antigüedad en el puesto favorece a los aspirantes de otras administraciones que pudieran concurrir a las plazas que van a ser asignadas en propiedad. Las dos partes, Ejecutivo regional y sindicatos, han acordado que estos últimos envíen sus alegaciones, y que el 24 de agosto se reanuden las reuniones. Función Pública quiere dejar zanjada la cuestión a principios de septiembre.
Como se ha indicado con anterioridad, el proceso global de estabilización del empleo público debe estar concluido en toda España antes de que finalice 2024.
