Javier Junceda: "Las comarcas son el camino para evitar la disolución de concejos y ahorrar"

"La despoblación de un concejo que haga inviable el mantenimiento de una organización administrativa independiente" puede ser causa de disolución. De una disolución forzosa, ajena a la voluntad municipal. Lo dice desde 1986 la ley asturiana de concejos y lo recordó ayer, con la contundencia de una advertencia, el jurista y académico de Jurisprudencia Javier Junceda. En la sexta y penúltima sesión del ciclo sobre el reto demográfico en el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), que sugirió a tres voces reformas jurídicas para ayudar a salvar el desafío, Junceda encontró la solución para la disolución en otra norma autonómica del mismo año, la que prevé la creación de comarcas y que nadie ha utilizado jamás.

Tirando de ese hilo que las une saca esta figura inexplorada pero capaz, a su juicio, de responder a las serias dificultades de sostenibilidad de los pequeños municipios sin tocar el mapa municipal ni herir sensibilidades. Se proclama "partidario de las comarcas" con la condición de que la apuesta "no suponga duplicar la estructura administrativa" y con la convicción de que pueden permitir "mantener la planta municipal actual, pero haciendo que los ayuntamientos atribuyan a la comarca sus servicios más costosos" para compartirlos y "economizar".

Habla a sabiendas de que la alternativa del borrado o la fusión pura de municipios colisiona con "intensos sentimientos sociales de pertenencia" y acarrearía elevados costes políticos que nadie parece dispuesto a pagar.

Su búsqueda de más armas jurídicas para esta lucha lleva a Junceda a otra ley, la de contratos del sector público, y a valorar el requerimiento de un "arraigo territorial" como condición para las empresas que contraten con las administraciones en áreas demográficamente sensibles. Esta exigencia, para que los adjudicatarios tengan que servirse de trabajadores o medios materiales allí donde prestan su servicio, "no es sólo posible, sino deseable". "Lo que parece claro" y da razón de ser a la propuesta es, concluye, la constancia de que "retener o atraer a la gente en lugares con censos en caída libre pasa por incrementar sus rentas. Lo demás es hablar por hablar".

Para no hacerlo ni apartarse de la misma vereda argumental, en la mesa del RIDEA estaba ayer Lourdes Morate, letrada del Ayuntamiento de Oviedo, desmenuzando otra propuesta de modificación legal para suavizar tensiones demográficas. La suya ofrece una reforma del régimen legal de los empleados públicos del Principado para estimular su decisión de trabajar y residir en el medio rural mediante "complementos", no sólo retributivos, que resulten "incentivadores". En su idea habría, además de pluses, ventajas de flexibilidad horaria o para la movilidad y el acceso al empleo público, así como preferencia en el teletrabajo o un incentivo para que veterinarios o ingenieros agrónomos hagan aquí sus prácticas obligatorias.

Derecho consuetudinario

Profundizando en la exploración de nuevos mecanismos legales para contradecir la deriva de la Asturias vaciada, el magistrado emérito Rafael Fonseca llevó a la charla la conveniencia del rescate y la elevación del rango legal de algunas figuras del derecho consuetudinario asturiano que guardan en su interior la potencialidad de suavizar trámites, facilitar el acceso a la propiedad de la tierra o hacer menos compleja la vida en el campo. Su activación plena requiere de una reforma del Estatuto de Autonomía, y hay muchas, pero él menciona el "arrendamiento rústico", con su regulación propia, pero "inaplicable" en la práctica, o las "fincas manifiestamente mejorables", las abandonadas, que teóricamente pueden ser expropiadas, aunque aún no se haya dado el caso.

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