El Tribunal de Cuentas cuestiona que se contrate tanto a Tragsa y detecta deficiencias en contratos en Asturias

La empresa pública Tragsa toma su nombre del acrónimo «Transformación Agraria» y nació a finales de los años setenta justo para eso, para ejecutar actividades de «reforma y desarrollo agrario, forestal y de conservación de la naturaleza». Con el tiempo, sin embargo, las ramificaciones de su trabajo se han extendido hasta «ámbitos que exceden el contenido de su objeto social» y en niveles poco asumibles. Todo esto lo constata el Tribunal de Cuentas en su reciente informe de fiscalización sobre la compañía, fruto de un análisis que conduce a la conclusión de que «no resulta ponderado el crecimiento de las actuaciones de Tragsa en los diferentes ámbitos de actividad, teniendo en cuenta que se requiere la especialización en todos ellos».

Leída así, esta apreciación puede llegar a certificar la pertinencia de una controversia de explosión reciente en Asturias, la inflación de contratos de la Administración del Principado con Tragsa que han denunciado y lamentado los empresarios de la región y que en marzo de 2022 llegó al extremo de encomendar a la empresa pública de la transformación agraria hasta las «traducciones al asturiano de actas, formularios, informes, documentos, etcétera». El Tribunal de Cuentas ha analizado los contratos de la firma en 2021 y 2022 y ha llegado a conclusiones que avalan, «con carácter general», el ajuste de los encargos «a las disposiciones legales en la materia», pero con «debilidades y deficiencias» en el caso concreto, incluida alguna relacionada con varias pequeñas encomiendas de las muchas que el Principado confió a Tragsa en los periodos fiscalizados.

De entrada, el organismo constata el crecimiento del volumen de adjudicaciones que la empresa recibe de las administraciones y el papel creciente de las autonómicas como emisoras de encargos. En total, el Estado aportó el 46,6 por ciento de la cifra de negocios de Tragsa en 2021 y las comunidades, el 45, mientras la relación se desequilibró hasta el 43,5 y el 47,5, respectivamente, en 2022. La razón es que contratar con un «medio propio» de la Administración ahorra tiempos de licitación, aunque a veces eso llegue a elevar el gasto, tal y como han constatado varios expertos y no pocos empresarios.

Entre las recomendaciones que el Tribunal hace a la empresa figura el perfeccionamiento de los sistemas de seguimiento y control de la subcontratación, la elaboración de un informe «acerca de la disponibilidad de medios suficientes e idóneos para realizar las prestaciones para cada encargo», o la necesidad de «proponer al poder adjudicador que encargue a otro medio propio más especializado los encargos que no tengan encaje en las actividades de su objeto social». No se cuestiona pues tanto el abuso de la contratación con empresas públicas como la falta de especialización de Tragsa para llevar a efecto algunas de las tareas que se le encomiendan.

En el detalle de los contratos analizados con salvedades de legalidad no se mencionan las traducciones, pero sí unos cuantos contratos en Asturias, dependientes en apreciable mayoría de la Administración General del Estado. Los más cuestionados son varios suscritos en 2021 y relacionados con las actividades auxiliares el proyecto de reintroducción de ejemplares de pigargo europeo en Pimiango (Ribadedeva). Se ponen en entredicho aquí los encargos a Tragsa para acondicionar caminos, explanar una finca y montar un cierre perimetral para erigir «una instalación de presuelta» de las aves y se identifica falta de control y seguimiento de las subcontrataciones de Tragsa a su filial Tragsatec, además de carencia de regulación de los plazos de ejecución o de justificación de la ausencia de medios que da sentido a la externalización del contrato. Se observan igualmente deficiencias en la imputación de los costes de personal y en una de las encomiendas se echa en falta la regulación para evitar la cesión ilegal de trabajadores.

La otra batería de encargos con alertas son varios cuyo objeto es «el mantenimiento de pequeñas infraestructuras de interés ganadero» en los Picos de Europa y que fueron formalizados en 2021. En estos expedientes no se halla la regulación preceptiva en previsión de modificaciones del contrato, ni la debida justificación de la idoneidad de la empresa para hacerse cargo ni, nuevamente, la argumentación precisa sobre la falta de medios propios que desencadena la contratación externa. También aquí se ven deficiencias sobre la imputación de los costes de personal y carencias en el control para evitar la cesión ilegal de trabajadores.

Son en todo caso éstas y otras «debilidades» las que se desprenden de la preferencia de la Administración por contratar con un «medio propio» como Tragsa en lugar de recurrir a la externalización al uso. Lo hacen fundamentalmente «por comodidad», han valorado expertos y representantes empresariales, por ahorrar tiempo aunque en ocasiones eso determine una subida de precios.

En el último informe del Tribunal de Cuentas reluce también la detección de deficiencias en los encargos de emergencia motivados por la pandemia. En un tercio de la inversión analizada con estas características, ninguna en Asturias, se han identificado carencias de actas de recepción, de facturas y presupuestos o sobrecostes.

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