Cascada de rechazos al "cupo" catalán de los presidentes regionales del PP y el PSOE

La propuesta catalana de gestionar la recaudación fiscal al modo de los cupos vasco y navarros ocasionó un rechazo en cascada de los líderes autonómicos, de todo signo. Ya el presidente asturiano, el socialista Adrián Barbón, había expresado su posición contraria, en la que ayer insistió, pero a su voz se ha sumado la de otros líderes autonómicos, como el también socialista Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), quien situó el planteamiento en el marco electoral de Cataluña: "Cuando empiezan las elecciones empieza la feria electoral". Page dijo que el propio presidente catalán en funciones, Pere Aragonès, sabe que su propuesta "no es realista" e insistió en que la economía española "es interdependiente y no se puede establecer por departamentos". También afirmó que el clima político nacional está "en barrena".

Juanma Moreno, presidente de Andaluía, del PP, afirmó que la petición de Cataluña de gestionar totalmente los tributos "es un misil a los principios de solidaridad y de igualdad" entre españoles y expresó su preocupación. "Si eso se hace efectivo habremos quebrado de facto un principio que ya tiene la Unión Europea, y es por lo que Francia o Alemania ponen dinero en fondos europeos", indicó.

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También el popular Alfonso Rueda, presidente de Galicia, afirmó que el planteamiento de Cataluña "quebraría el sistema" y sería "demoledor" para Galicia. Recalcó que Pedro Sánchez no puede ceder a "este chantaje" y que en algún momento tendrá que "plantarse" ante las reclamaciones de los independentistas. Otro presidente del PP, el de Murcia, Fernando López Miras, calificó de "barbaridad" y "tropelía la propuesta. Desde la dirección del PP, el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, aconsejó a Aragonés que antes que reclamar un cupo como el vasco "gestione bien" el dinero que ya recibe.

Incluso la portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, aseguró que su partido no permitirá que se dé ninguna solución a Cataluña "sin atender los problemas de financiación valencianos".

A favor de la propuesta se mostró, en cambio, el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, que afirmó que le parece bien que Cataluña "pueda tener una financiación propia".

Por parte del Gobierno central, las posiciones fueron matizadas. La más firme, la de la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, que garantizó ayer en Asturias que la futura reforma de la financiación autonómica contará con todas las comunidades, rechazando de este modo la que plantea Esquerra Republicana (ERC) para Cataluña, que quiere un trato singular. Lo hizo en San Juan de Beleño (Ponga), en el marco de una visita a la escuelina de este concejo, junto a Adrián Barbón, presidente del Principado, después de que Asturias rechazase también la propuesta de Esquerra Republicana, socio del Gobierno.

OpiniónJuan Cofiño

Un reparto justo para todos

"La posición de Gobierno es clara. Siempre hemos dicho que queremos trabajar por cambiar ese modelo. En los últimos meses en la anterior legislatura tuvimos reuniones con las comunidades para plantear un modelo diferente y esta es nuestra línea. Trabajando con todas, y lo repito, con todas", aseguró. Luego apuntó al PP: "Estamos en un momento idóneo, hay 11 que están gobernadas por el PP y creo que es oportuno que planté que modelo defiende. Podrían hacer una propuesta general para todas. En la última reunión se le propuso al señor Feijóo hablar sobre financiación y no quiso. Nosotros estamos dispuestos a hablar, en base a la solidaridad territorial. Siempre, con todas las comunidades autónomas. Las comunidades, en los últimos seis años, recibieron de media más del 35 por ciento de media que lo que recibían con Rajoy. Tenemos una hoja de servicios bastante positivas. Nuestro modelo es claro, hablar con todas", aseguró Alegría.

Barbón también reafirmó su rechazo. "Lo reitero hoy: voy a ser contundente, claro y nítido. No vamos a aceptar un modelo como el que plantea el presidente Aragonés. Por dos motivos: rompe con el acuerdo multilateral que tiene que nacer con consenso. Me sumo a la Ministra: sorprende que el PP no haga ningún planteamiento. Pero yo les digo la respuesta: hay dos planteamientos diferentes. Los hay que quieren que el sistema sea por población pura y dura y otras están como nuestra situación, a los que eso no les vale. Nuestra defensa es clara: el sistema tiene que garantizar la solidaridad y esa es nuestra posición", recalcó.

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La quita de deuda, por ley

María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, afirmó que el Gobierno está dispuesto a atender singularidades de Cataluña, pero que la negociación de la financiación será "multilateral". "En cualquier formulación del modelo, el Gobierno de España no dará el visto bueno si no garantiza que haya recursos suficientes en todos los territorios", dijo Montero, sin rechazar de plano la propuesta catalana y solo vinculándola a que el resultado neto no suponga merma de recursos para los servicios de manera homogénea en el país. Con todo, ha reconocido que "hay singularidades" en España, que ya recoge el actual modelo. "Esta es la dificultad que tenemos y es sobre el peso que tienen cada una de esas singularidades, y con Cataluña no habrá problema en incorporar aquellas que la Generalitat pueda demostrar que lo son, igual que Aragón o Andalucía", dijo. Contra quienes sí cargó la ministra fue contra las comunidades del PP, ya que aseguró que donde gobierna el Partido Popular "tiene opiniones distintas y no existe una posición clara" en conjunto.

Respecto a la quita de deuda, Montero aseguró que la condonación se realizará a través de una ley específica, una vez que se consensúe con los territorios la metodología. "Lo que se haga con Cataluña se hará con el resto, más allá de que haya menú a la carta y de que puedan elegir una fórmula u otra, dependiendo de lo que más interese a cada uno".

Más suavizada aún fue la posición del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que fue alcalde de Barcelona. Consideró "legítima" la propuesta de Cataluña de solicitar una fiscalidad propia, si bien afirmó que debería debatirse en el desarrollo del Estatuto de Autonomía catalán. "El Gobierno la abordará en un diálogo con el gobierno catalán, pero atendiendo a las reglas generales que nos hemos dado y aceptamos en su momento, y desde el respeto al diálogo con el resto de comunidades autónomas", indicó.

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