Así será la nueva ley de viviendas turísticas en Asturias: permiso de los vecinos, prohibido alquilar habitaciones y más poder para los ayuntamientos
Más vigilancia y mayores multas al que incumpla la norma
Las comunidades de propietarios de un edificio deberán dar el consentimiento expreso para que en el mismo se abra y explote una vivienda de uso turístico (VUT) o vivienda vacacional (VV). Es ésta una de las principales novedades que se introducirán con la reforma de la ley de Turismo del Principado de Asturias que este jueves presentó la vicepresidenta regional, Gimena Llamedo, en compañía de su gabinete, en el mismo la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez. La reforma de la ley se hace paralela al desarrollo de un nuevo decreto que regule la VUT y VV ante la proliferación de las mismas en los últimos años y también ante la demanda del sector, que reclama medidas para frenar el intrusismo o la explotación de este tipo de alojamientos de forma irregular.
La necesidad de tener la autorización expresa de la comunidad será extensiva a los alojamientos que ahora ya están en funcionamiento, pues una vez que entre en vigor la nueva ley –el 8 de abril se presentará al Consejo Asesor de Turismo y luego comenzará su tramitación parlamentaria previo paso por el Consejo de Gobierno– sus propietarios tendrán un plazo de seis meses para adaptarse a la misma. Otra de las novedades será la obligación de destinar las viviendas y pisos turísticos íntegramente al alquiler, no podrá ser por habitaciones. Sus titulares deberán además tener registros de agua, consumo eléctrico...
La reforma de la ley de Turismo también introducirá cambios en las actuales "zonas turísticas saturadas", que pasarán a llamarse "zonas turísticas protegidas". El Principado tendrá potestad para declarar un concejo o un territorio determinado así cuando esté en riesgo el medio ambiente o el patrimonio cultural, o bien se superen los niveles máximos de oferta y demanda turística (tanto de actividades como de establecimientos).
Hasta ahora, la simple declaración quedaba ahí, sin ninguna medida correctora, que sí serán obligatorias con el nuevo texto, destaca Llamedo. Será una declaración temporal hasta que se restituya la normalidad y en cuanto a las medidas a adoptar pueden ser limitar la concesión de licencias de alojamientos, regular el acceso a determinadas áreas... Las decisiones las tomará el Principado y serán consensuadas con ayuntamientos, sector empresarial... De hecho, otra reforma de la ley afecta a los ayuntamientos, en el sentido de que éstos podrán establecer límites a la explotación turística en base a criterios urbanísticos que son fundamentalmente de su competencia.
Gimena Llamedo insiste en la voluntad del gobierno regional de sacar adelante la reforma de la ley de Turismo con el máximo consenso entre los grupos parlamentarios, los ayuntamientos, las asociaciones empresariales y todos los implicados. De momento no hay fecha para su aprobación, ya que todo dependerá de los tiempos de tramitación en la Junta General del Principado.
La Vicepresidenta considera necesario reorganizar las VUT y VV en Asturias dado su crecimiento y para evitar los problemas de convivencia que generan. "Es una realidad nacional y en Asturias ya hemos detectado algunos. Queremos anticiparnos como siempre hemos hecho antes de que se produzcan grandes problemas", explica. La consulta pública previa de la reforma de la ley recibió más de una treintena de sugerencias de asociaciones empresariales y turísticas y propietarios a título particular. "La alta participación demuestra el interés que suscita este asunto", resalta Llamedo.
Paralelo a la reforma de la ley de Turismo también se modificará el decreto que regula las VUT y VV en el Principado. El próximo 31 de marzo acaba el plazo para presentar alegaciones a los cambios planteados.
Estructura de la Consejería
Entre otras novedades figura la modificación de la estructura de la Consejería de Presidencia para crear un nuevo servicio de inspección turística para controlar más y mejor los establecimientos, una cuestión ya aprobada. Este nuevo servicio conllevará, según la Vicepresidenta, un aumento del cuerpo de inspectores. El Principado solo cuenta en estos momentos con cinco y un jefe de servicio para controlar que los establecimientos turísticos de Asturias cumplan la normativa autonómica.
Todas las VUT y VV estarán en un registro telemático algo, según la Vicepresidenta asturiana, que "simplificará" los trámites administrativos. Si hay incumplimientos administrativos de la ley, el Principado podrá suspender la licencia en un plazo entre 6 meses y 4 años. Un avance para "evitar la picaresca", reseña Gimena Llamedo, pues hasta ahora el propietario firmaba una declaración responsable para solicitar una VUT y si se le denegaba por algún incumplimiento, al día siguiente podía hacer el mismo trámite. Con el nuevo decreto que incluye la suspensión temporal de la actividad no será así.
Más vigilancia y mayores multas al que incumpla la norma
El avance de las viviendas de uso turístico (VUT) y viviendas vacacionales (VV) es un hecho en España, donde el número se ha disparado, sobre todo, en las grandes ciudades. En Asturias hay registradas 5.696 viviendas para turistas (2.016 viviendas vacacionales y 3.680 viviendas de uso turístico), según el estudio que está elaborando un equipo multidisciplinar de la Universidad de Oviedo y cuyos datos ha difundido el Principado. En total, constituyen el 33,3% de la oferta de alojamientos turísticos. El número de pisos de este tipo creció exponencialmente tras la pandemia: en el periodo 2010-2019 abrieron una media de 250 al año, cifra que se ha disparado hasta los 605 anuales desde 2020 hasta ahora. Con los cambios legislativos –tanto la reforma de la ley de Turismo como la del decreto que regula las VUT y VV– se pretende de alguna forma "atar en corto" la expansión de este tipo de alojamientos y someterlos a una regulación y control más estrictos. El Gobierno regional ha incluido cambios en cuanto a las sanciones por incumplir la normativa. Van desde simples apercibimientos a multas que pueden alcanzar los 100.000 euros por incumplimientos muy graves. Todos los tramos se incrementan: las infracciones leves quedan fijadas entre 150 y 1.500 euros (ahora van de 60 a 600); las graves entre 1.501 y 15.000 euros (frente a los 601 y 6.000 de la normativa vigente), y las muy graves entre 15.001 y 100.000 euros (ahora la horquilla se sitúa entre 6.001 y 60.000 euros). Además, las sanciones pueden conllevar la clausura de establecimientos.
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