Rebelión de los dueños de pisos turísticos contra el Principado: la razón por la que están dispuestos a pleitear

Los propietarios de pisos turísticos de Asturias prevén acudir a los tribunales para intentar tumbar la reforma de la ley del Turismo que ya está tramitando el Principado. Esta ley saldrá adelante previsiblemente en el parlamento asturiano "antes de verano", según aseguró este lunes Gimena Llamedo, vicepresidenta, mientras se desarrolla un nuevo decreto que regule la vivienda de uso turístico (VUT) y la vivienda vacacional (VAT).

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Entre otras cuestiones, el Gobierno regional pretende que con el nuevo reglamento las comunidades de propietarios de un edificio deban dar "consentimiento expreso" para la explotación de una vivienda con fines turísticos. El objetivo es además frenar la proliferación de viviendas que actúan sin licencia.

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La ley ha recibido el respaldo de la patronal del sector (Otea) y de los principales ayuntamientos, pero encontró este lunes el rechazo frontal de los propietarios de las viviendas, que consideran incluso que algunos de los planteamientos del Principado pueden ser "ilegales", lo que anticipa una posible batalla judicial. "Si van para adelante con esto iremos sin duda a los tribunales", explica Manuel Herminio García, presidente de la Asociación de Titulares de Vivienda Turística en Asturias, que se reunió con Lara Martínez, viceconsejera de Turismo. "Nos parece muy bien que nos hayan recibido, pero deberían haberlo hecho antes. Somos una parte fundamental y hasta ahora no contamos para nada", recalca García, jurista. Los propietarios consideran que la reforma de la ley es innecesaria, puesto que "la mayoría de los puntos nuevos que plantean ya están recogidos en la actual", pero ponen el foco especialmente en la parte referida a las comunidades de vecinos, que deberían dar autorización expresa. La necesidad de tener ese permiso se extendería también a las viviendas que ya están operando y los propietarios consideran que esa pretensión "no se ajusta a la normativa". García explica que "iríamos al Tribunal Superior de Justicia por invasión de competencia", que, según dice, serían del Estado y no de la Administración autonómica. Además, los propietarios también pretenden recurrir al Tribunal Constitucional, al entender que se vulneraría el artículo 9, por el que la Carta Magna garantiza la "irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales". Los propietarios consideran, en esencia, que el planteamiento de dar más potestad a las comunidades de propietarios choca con la ley de propiedad horizontal, de ámbito estatal.

El Principado, no obstante, mantiene la calma ante el malestar de los propietarios. "Hemos dialogado con ellos y su mayor preocupación es la proliferación de viviendas ilegales", explicó Gimena Llamedo, que poco después de la reunión del presidente de los propietarios con Lara Martínez, recibió a Cecilia Pérez, presidenta de la Federación Asturiana de Concejos. Llamedo aseguró que la reforma de la ley podría estar lista antes de verano y habló también de este nuevo permiso de las comunidades que será necesario para dar paso a una vivienda turística. "Es algo que ya recogen otras leyes de otras regiones, y la mayoría que se requiera la marca la ley de propiedad horizontal, que puede decidir en cada caso", se limitó a decir, preguntada sobre cuantos votos serían necesarios para dar autorización. Cecilia Pérez, por su parte, aseguró que "el papel de los ayuntamientos es importante y esta norma será beneficiosa para todos".

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