María Jesús Otero, primera condenada del "caso Marea" en finalizar su pena

La ex alto cargo de Educación, fuera de la cárcel desde 2021, llevaba pulsera telemática

El empresario Víctor Muñiz, en libertad condicional

Los procesados en el juicio del "caso Marea", en una imagen de archivo, durante una de las vistas.

Los procesados en el juicio del "caso Marea", en una imagen de archivo, durante una de las vistas. / Miki López

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo ha decretado el primer cumplimiento de condena del "caso Marea" con María Jesús Otero, la exdirectora general de Planificación, Centros e Infaraestructuras sobre la que pesaba una pena de cinco años y cinco meses por su implicación en el mayor caso de corrupción del Principado. Otero estaba fuera de prisión, por razones de salud, desde hace más de tres años, aunque debía llevar una pulsera telemática.

Una providencia de la sección tercera de la Audiencia de Oviedo establece que María Jesús Otero habrá cumplido la condena íntegra de prisión el próximo 3 de mayo, según confirmaron fuentes judiciales. La que fuera "mano derecha" de José Luis Iglesias Riopedre, consejero de Educación durante el mandato de Vicente Álvarez Areces al frente del Principado, fue condenada por un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito de falsedad de documento oficial y mercantil, así como de un delito continuado de malversación de caudales públicos y un delito continuado de cohecho.

El licenciamiento definitivo comunicado ahora por la Audiencia afecta exclusivamente a la pena de prisión de Otero, pero no a la responsabilidad civil por la que debe devolver 629.820 euros a la Administración del Principado, aunque la cantidad fijada inicialmente era de 690.549 euros; no obstante esa cifra está recurrida ante el Tribunal Supremo, un recurso que han formalizado el resto de condenados en disconformidad con las indemnizaciones que deben afrontar. La certificación del final de la pena de prisión de María Jesús Otero está relacionada con la pena de prisión preventiva que cumplió tras su detención, en el año 2011, ya que entonces estuvo privada de libertad unos ocho meses. Fue un periodo mayor que Riopedre, quien tras ser detenido a finales de enero salió del centro penitenciario de Villabona el 7 de marzo. Lo hizo después de pagar una fianza de 100.000 euros, un dinero reunido por varios amigos. El juicio del "caso Marea" se celebró en el año 2016, pero el ingreso en prisión de María Jesús Otero para empezar a cumplir la condena se hizo efectivo después de que el Supremo desestimara los recursos, en octubre de 2019, en un centro penitenciario de Álava, el de Zaballa, donde también cumplió su pena la funcionaria Marta Renedo, condenada en este mismo caso a 9 años, y donde estuvo preso Iñaki Urdangarín, exmarido de la infanta Cristina de Borbón.

María Jesús Otero, defendida a lo largo de todo el proceso por la abogada Ana María Muñiz, logró el tercer grado en la prisión alavesa en los primeros meses de 2021 por razones de salud y tras haber cumplido una cuarta parte de la pena de prisión. Desde entonces tuvo que llevar una pulsera telemática, una medida que también se ha aplicado a otros condenados por este caso como la funcionaria Marta Renedo. En la actualidad, María Jesus Otero tiene 79 años.

"Mareína", pendiente

Otro de los condenados del "caso Marea", el empresario Víctor Manuel Muñiz, defendido en este proceso por el abogado Miguel Valdés-Hevia, se encuentra en situación de libertad condicional desde la pasada semana. Su condena se eleva a cinco años y dos meses por un delito de falsedad en documento oficial y mercantil, malversación de caudales públicos y cohecho, además de una indemnización al Principado. José Luis Iglesias Riopedre fue condenado también a cinco años y dos meses, y el empresario Alfonso Carlos Sánchez, a dos años y 8 meses.

Riopedre, Otero y los empresarios Muñiz y Sánchez todavía están pendientes de la decisión de la sala tercera de la Audiencia sobre "Mareína", la pieza separada del "caso Marea" sobre las compras de material en 87 centros educativos por 3,7 millones. Las defensas sostienen que esta pieza aborda asuntos ya juzgados en el "caso Marea".

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