El Gobierno de Asturias aprueba la ley que acelerará los proyectos que generen más empleo, "un paso fundamental en la guerra a la burocracia"

"Es un paso fundamental en nuestra guerra contra la burocracia", ha destacado esta mañana la vicepresidenta del Gobierno regional, Gimena Llamedo, al dar cuenta de la aprobación de la norma ideada para facilitar el desarrollo de iniciativas empresariales claves, la atracción de inversiones y la creación de empleo.

¿Qué son proyectos clave? Con cartácter general, aquéllos en los que las empresas cumplan uno de estos dos requisitos: la generación de un centenar de puestos de trabajo directos e indefinidos, a jornada completa, o una inversión de 30 millones en menos de dos años. Además, los puestos de trabajo creados deberán mantenerse, como mínimo, tres años desde el inicio de la actividad empresarial.

Los agentes sociales ensalzan que PSOE y PP pacten la ley de grandes inversiones y eviten la crispación

Estos umbrales se rebajan a la mitad cuando las compañías tengan previsto asentarse en alguno de los municipios considerados en crisis demográfica o en riesgo de despoblamiento. En esos casos, será suficiente con que se comprometan a crear 50 empleos o a movilizar 15 millones.

La aplicación de la Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional (PIER), que el lunes iniciará su tramitación parlamentaria, acortará plazos y suprimirá burocracia para fortalecer la competitividad del Principado, enfatizaron los tres miembros del Ejecutivo que han informado sobre los acuerdos de hoy del Consejo de Gobierno: el consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez; la vicepresidenta Llamedo y la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí.

"Buscaremos el consenso de los grupos de la Junta", ha subrayado Gimena Llamedo, quien ha expresado su confianza en que la norma "pueda estar aprobada cuanto antes".

Impulso preferente

El Ejecutivo autonómico será el encargado de declarar los PIER, que gozarán de un impulso preferente ante las administraciones y prioridad para acceder a todas las herramientas de apoyo económico y financiero del Principado. En concreto, el período máximo para resolver será de tres meses desde la presentación de la solicitud.

Las iniciativas deben encuadrarse en algunas de las siguientes categorías:

• Las que promuevan el desarrollo económico, social y territorial.
• Las que generen y/o mantengan empleo estable y de calidad.
• Las que produzcan un impulso territorial más sostenible, digital, descarbonizado, competitivo e integrador.
• Las inversiones industriales y/o de servicios avanzados que generen o amplíen cadenas de valor añadido.
• La implantación de nuevas actividades económicas o refuerzo de las existentes que aporten valor añadido en sectores productivos, con alto potencial innovador y desarrollo tecnológico.
• La inversión en cualificación del capital humano, orientada hacia perfiles profesionales en una industria sostenible, digital, competitiva, inclusiva y con perspectiva de género.
• Nuevas actividades económicas que puedan sustituir a sectores en declive o en transición.
• Las que generen una mejora de la cohesión y vertebración territorial y un desarrollo de las zonas más desfavorecidas en la transición hacia una industria sostenible y digital.
• Las que supongan actividades coherentes o alineadas con las orientaciones estratégicas establecidas por el Principado.

La norma acortará plazos, simplificará procedimientos y permitirá ofrecer respaldo a las administraciones municipales que lo necesiten. En este sentido, las entidades locales que manifiesten falta de medios materiales o humanos para la tramitación de los expedientes podrán encomendar al Principado su gestión y la adopción de todos los acuerdos necesarios, a excepción de la concesión de licencias urbanísticas.

La elaboración del proyecto de ley ha corrido a cargo, principalmente, de la Consejería de Transición Ecológica y ha contado con la estrecha colaboración de la Vicepresidencia, que esta misma semana ha mantenido reuniones con los grupos parlamentarios para presentarles el contenido de la norma y buscar el máximo consenso posible de cara a su tramitación en la Junta General.

Impulso a la política de vivienda

De otra parte, el Ejecutivo ha autorizado la tramitación del contrato para la redacción del proyecto técnico y la construcción de 48 viviendas de protección pública para alquiler asequible destinado a jóvenes de menos de 35 años, con garajes y trasteros, en la calle Alfonso Camín de La Pola Llaviana/Pola de Laviana.

El gasto plurianual (2024-2026) previsto en esta actuación supera los 6,9 millones e incluye el coste de la redacción del proyecto, que asciende a 215.380 euros y se ejecutará íntegramente este año. La actuación cuenta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation UE.

La contratación conjunta de la redacción del proyecto y la edificación de la obra implica una única licitación, mejora la agilidad y simplifica el procedimiento. Además, la Dirección General de Vivienda se encargará de redactar el anteproyecto y efectuará un seguimiento directo del expediente.

En los últimos meses, la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda Derechos Ciudadanos ha sacado a licitación 371 pisos y prevé alcanzar los 600 antes de julio. 

Mejoras en la AS-15 en Cangas del Narcea

El Ejecutivo ha acordado destinar 518.827 euros a la mejora de la carretera AS-15 (Corniana/Cornellana-Puerto de Cerredo), en el tramo entre La Venta y El Pueblu, en Cangas del Narcea.

El proyecto define las actuaciones necesarias para aumentar la seguridad y facilitar la circulación en un trazado de 3.900 metros de la esta vía, conocida como corredor del Narcea, entre los puntos kilométricos 75+919 y 79+685.

Las obras incluyen la mejora y rehabilitación del firme mediante la extensión de una capa de rodadura, así como la reposición de la señalización horizontal y la instalación de nuevas señales verticales. Asimismo, se renovarán las barreras de seguridad y se colocarán nuevos elementos de contención.

Ayudas para la prevención de riesgos laborales

El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 622.103 euros para la convocatoria de subvenciones destinadas a la mejora del parque de maquinaria y de los equipos de trabajo para la reducción de riesgos laborales.

La cuantía máxima de estas ayudas que gestiona el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales llega al 40% del coste subvencionable, siempre que no se superen los siguientes topes: 4.000 euros cuando el solicitante sea un centro especial de empleo sin ánimo de lucro y 20.000 euros para el resto de solicitantes.

Urbanización del área industrial de Villayana, en Lena

El Ejecutivo ha autorizado a la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico a conceder una subvención de 581.159 euros al Ayuntamiento de Lena para completar la urbanización del área industrial de Villayana. Inicialmente, este proyecto contaba con 5 millones de fondos mineros, a los que ahora se suma esta nueva aportación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

De este modo, el gasto global en la urbanización de esta zona industrial asciende a 5.581.159 euros, de los cuales 4.185.869 proceden de la Administración del Estado, a través del Instituto para la Transición Justa, y el resto, 1.395.289 euros, lo aporta el Principado.