La ley que agiliza las grandes inversiones privilegia a los 39 concejos más vacíos

"Es un paso fundamental en nuestra guerra contra la burocracia", destacó ayer la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, al dar cuenta de la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, de la norma ideada para facilitar el desarrollo de iniciativas empresariales claves, la atracción de inversiones y la creación de empleo.

La Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional (PIER) iniciará pasado mañana, lunes, su tramitación parlamentaria. El objetivo que persigue es "acortar plazos y suprimir burocracia para fortalecer la competitividad del Principado", enfatizaron los tres miembros del Ejecutivo que informaron sobre los acuerdos de hoy del Consejo de Gobierno: la vicepresidenta Llamedo; el consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez; y la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí.

El Partido Popular (PP) calificó la norma como "necesaria", pero reclamó que la supresión de burocracia "se aplique no sólo a los grandes proyectos, sino a todos los proyectos de inversión". En esta misma línea se expresó Vox, que incidió en que "las trabas a las empresas tienen que desaparecer, independientemente del número de trabajadores".

Definiciones.

¿Qué son proyectos clave según la norma aprobada ayer por el Gobierno asturiano? En pocas palabra, los de mayor envergadura. Con carácter general, aquéllos en los que las empresas cumplan uno de estos dos requisitos: la generación de un centenar de puestos de trabajo directos e indefinidos, a jornada completa, o una inversión de 30 millones de euros en menos de dos años. Además, los puestos de trabajo creados deberán mantenerse, como mínimo, tres años desde el inicio de la actividad empresarial.

Territorios privilegiados.

Estos umbrales se rebajan a la mitad cuando las compañías tengan previsto asentarse en alguno de los municipios considerados en crisis demográfica o en riesgo de despoblamiento. En esos casos, será suficiente con que se comprometan a crear 50 empleos o a movilizar 15 millones de euros. Según el Gobierno regional, se ajustan a este perfil aproximadamente 39 concejos, la mitad del total.

Tramitación parlamentaria.

"Buscaremos el consenso de los grupos de la Junta", subrayó Gimena Llamedo, quien expresó su confianza en que la norma "pueda estar aprobada cuanto antes". ¿Lo ideal? Que fuera antes del parón veraniego del Parlamento, lo cual no será fácil.

Colaboración entre Principado y ayuntamientos.

La norma acortará plazos, simplificará procedimientos y permitirá ofrecer respaldo a las administraciones municipales que lo necesiten. Las entidades locales que manifiesten falta de medios materiales o humanos para la tramitación de los expedientes podrán encomendar al Principado su gestión y la adopción de todos los acuerdos necesarios, a excepción de la concesión de licencias urbanísticas.

Urbanismo y expropiaciones.

En lo que concierne al siempre farragoso procedimiento urbanístico, la comisión regional de Urbanismo (CUOTA) emitirá un informe en aquellos casos en los que el proyecto sea disconforme con la ordenación urbanística y haya oposición a la inversión por parte del municipio en el que se asiente. En aquellos casos en los que, con aquiescencia municipal, haya que hacer modificaciones urbanísticas, el Gobierno regional iniciará el procedimiento de revisión del planeamiento. En otro epígrafe habitualmente complejo, el de las expropiaciones, si el promotor lo solicita, la declaración de Interés Estratégico podrá incluir la declaración de utilidad pública, lo que permitirá al proyecto beneficiarse de la expropiación forzosa, tramitada por procedimiento de tasación conjunta.

Búsqueda de consenso.

La elaboración del proyecto de ley ha corrido a cargo, principalmente, de la Consejería de Transición Ecológica y ha contado con la estrecha colaboración de la Vicepresidencia, que "esta misma semana ha mantenido reuniones con los grupos parlamentarios para presentarles el contenido de la norma y buscar el máximo consenso posible de cara a su tramitación en la Junta General", señaló la vicepresidenta del Principado. ¿Cuál es la postura de los grupos con representación en la Junta General del Principado? LA NUEVA ESPAÑA ha recabado la valoración de todos los grupos (salvo el PSOE):

Luis Venta (PP):

"Es una ley necesaria y tiene que ser una ley de región, una ley de Asturias. Hablan de eliminar burocracia y en esto estamos totalmente de acuerdo. Para el PP, es importante que esa supresión de burocracia se aplique no sólo a los grandes proyectos, sino a todos los proyectos de inversión, porque Asturias necesita los grandes y los pequeños. Eso exige que la ley sea ambiciosa, amplia y flexible, y que no deje a nadie atrás en la medida de lo posible. Esta región necesita generar empleo estable de calidad y sostenible. En otras comunidades autónomas hay leyes similares y han dado resultado. En la tramitación parlamentaria queremos escuchar a las partes interesadas y a los expertos para que entre todos podamos mejorar la norma en lo posible".

Gonzalo Centeno (Vox):

"La guerra contra la burocracia del PSOE nos parece más bien un armisticio al calendario electoral. El letargo socialista asturiano ha lastrado, sin ninguna duda, la industria, el empleo y el desarrollo de nuestra región, todo ello por su seguidismo absoluto de la agenda 2030 que perpetúa, además, un sistema burócratico extremo y todo por su apoyo en Europa, en Bruselas. Ya dijimos en varias ocasiones que las trabas a las empresas tienen que desaparecer, independientemente del número de trabajadores. No se puede entender como en un país como España sustentado por pymes, una de las medidas estrella sea el criterio de inversión 30 millones. ¿Qué pasa con los pequeños empresarios que sacan adelante este país y nuestra región?".

Xabel Vegas (IU-Convocatoria):

"Es una buena noticia que arranque ya la andadura parlamentaria de la ley. Desde Convocatoria, seguiremos trabajando para mejorarla desde la Junta General, con la máxima participación y diálogo con los sectores afectados. En ese trámite vamos a estar muy atentos para que la versión definitiva de la ley sea particularmente cuidadosa con los derechos laborales y sin olvidar las garantías medioambientales".

Covadonga Tomé:

"Nuestro objetivo es mejorar esta nueva ley, que comienza su andadura en la Junta para su aprobación. Y hay que mejorarla en dos cuestiones fundamentales. Una es que debe ser absolutamente coherente con las líneas estratégicas de lo que se acordó en el diálogo social de la Asturias que queremos. Y otra en la dirección del empleo de calidad y el compromiso de permanencia de esos puestos de trabajo generados durante el mayor tiempo posible. Hay que avanzar en el camino correcto, en el camino de la participación estatal en las empresas. Avanzar, por tanto, en el camino del compromiso de las empresas con el territorio".

Adrián Pumares (Foro):

"Es una ley necesaria que puede favorecer la generación de empleo y riqueza en el Principado. Confiamos en que sea aprobada. Probablemente presentaremos enmiendas, aunque aún es prematuro determinar en qué áreas. No queremos que la ley signifique renunciar a agilizar los trámites en el Principado de Asturias. Soy partidario de habilitar julio para tramitar la ley".

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