Asturias lanza ya su reforma legal para los pisos turísticos con el objetivo de que esté en vigor en el verano

El Consejo de Gobierno del Principado tendrá este viernes sobre la mesa el proyecto de reforma legal llamado a "profesionalizar" el sector de las viviendas de uso turístico, una actividad que en Asturias ha tenido un importante despegue y que, en ocasiones, por falta de celo o ambigüedad normativa, es foco de actividades opacas y malos servicios. La Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, que lidera la vicepresidenta Gimena Llamedo, ya ha cerrado el anteproyecto legal que iniciará su tramitación con una base de amplio consenso, tanto sectorial como político.

El documento parte con el respaldo unánime del consejo asesor de Turismo, en el que participan el Principado, los concejos, las organizaciones empresariales, sindicatos, la Universidad y un representante de cada grupo parlamentario, lo que ya anticipa una posición en principio favorable de los partidos de la oposición. Además, fue informado en la comisión autonómica de administración local, donde cuentan con amplia representación los municipios. Y, principalmente, la modificación llegará al parlamento para su aprobación definitiva con el apoyo del sector turístico profesional. "Es una buena norma y en ella se percibe un interés claro del Gobierno por conseguir un turismo de calidad en Asturias", aseguran fuentes del sector.

Se trata de una modificación parcial de la ley de Turismo vigente que no anula la pretensión de elaborar una nueva norma general para este ámbito. El Gobierno (formado por la coalición de PSOE e IU) la incluye en el plan legislativo para el próximo año 2025. Pero el Ejecutivo considera urgente este cambio para que entre en vigor este verano. "Hacer estos ajustes resultaba lo más perentorio y así podremos anticiparnos", indican fuentes del Ejecutivo. El objetivo, además, es pedir en la Cámara la tramitación por lectura única o vía de urgencia, un trámite más diligente del que conllevará una reforma total de la ley.

Anticipación

La modificación parcial de la ley busca impulsar el crecimiento turístico de Asturias "manteniendo las señas de identidad del Principado: calidad y sostenibilidad". Se pretende, por un lado, atajar posibles problemas de acceso a la vivienda en zonas de alta presión turística y evitar la proliferación de actividades ilegales o fraudulentas, en especial a través de medios electrónicos. Con todo, el Principado asegura que no existe saturación.

El papel importante de los ayuntamientos

El artículo 19 de la norma se refiere a la cogobernanza con los ayuntamientos, titulares de las competencias urbanísticas. El Principado podrá definir zonas turísticas protegidas para evitar alta densidad de pisos turísticos que comprometan la oferta residencial o se pongan en riesgo recursos ambientales, pero los ayuntamientos podrán, a través de sus competencias urbanísticas, establecer limitaciones por interés general, debidamente justificadas.

Limitaciones y más control

La modificación legal obliga a que los propietarios de pisos turísticos se registren con antelación en el Principado y elaboren una declaración responsable de cumplimiento de las exigencias para la actividad. En caso de que una inspección detecte que no se cumplen esas exigencias, el Principado suspenderá la actividad y podría bloquearle la reapertura al propietario durante cuatro años. Tampoco se permitirán alquileres de habitaciones, sino que el arrendamiento deberá ser de la vivienda completa. Los pisos turísticos tendrán que cumplir la normativa de accesibilidad y disponer de contadores individuales de agua o suministro eléctrico. No se permitirá destinar a uso turístico viviendas de protección pública u oficial.

Seguro de responsabilidad civil y acuerdo de la comunidad de vecinos

Los empresarios estarán obligados a contratar y mantener vigente un seguro de responsabilidad civil. También se exigirá que la comunidad de propietarios a la que pertenezca la vivienda turística dé su visto bueno, por mayoría, con un acuerdo expreso. Así se busca evitar conflictos de convivencia.

Sanciones más duras, de hasta 100.000 euros

El régimen sancionador también se modifica y podría alcanzar los 100.000 euros en situaciones especialmente graves. Hasta la fecha, la horquilla máxima estaba entre los 6.000 y los 60.000 euros, pero pasa ahora a ser de entre 15.000 y 100.000 euros para casos muy graves. Las infracciones leves se sitúan entre los 150 y los 1.500 euros, frente al tramo de 60 a 600 euros vigente en la actualidad.

Adaptación de los pisos ya inscritos

La norma establece un plazo máximo de seis meses para que las empresas ya registradas se adapten a la nueva regulación.

Una "matrícula" o número de registro para detectar actividades "piratas"

Uno de los puntos más relevantes de la regulación está en la obligatoriedad de que el número de registro de la actividad se haga constar en toda actividad, incluida la presencia en páginas web específicas o acciones publicitarias. Esa "matrícula" será clave para cazar actividades fraudulentas. La Unión Europea aprobó este año una norma que obliga a los grandes portales de pisos turísticos, como Airbnb o Booking, a compartir información con la Agencia Tributaria y los gobiernos autonómicos. Precisamente el Gobierno regional ha mantenido reuniones con algunos de estos portales y el Principado espera contar en junio con la herramienta digital que permitirá cruzar datos para detectar propietarios que tengan pisos en alquiler turístico sin estar registrados. Además, será obligatoria la placa que identifica al establecimiento, incluyendo también su número de registro.

Un sector al alza y cuya rentabilidad compite con las plazas hoteleras tradicionales

Un estudio que elabora para el Principado la Fundación de la Universidad de Oviedo señala que en Asturias había en 2023 un total de 5.696 viviendas para turistas, de las que 2.016 son viviendas vacacionales y 3.680 viviendas de uso turísticas. Suponen ya una de cada tres plazas de alojamiento para turistas en Asturias. La pandemia multiplicó esta actividad: entre 2010 y 2019 abrieron una media de 250 establecimientos al año, cifra que se disparó hasta los 605 desde 2020. Un reciente estudio de la patronal Otea constata la diferente rentabilidad de este tipo de negocios. Una vivienda destinada a alquiler turístico podría ofrecer al propietario unos ingresos libres de impuestos y gastos de entre 15.000 y 20.000 euros, mientras que si ese piso se destina a alquiler residencia la cifra estaría en unos 10.000 euros de media en Asturias. Los tributos de las viviendas turísticas por plaza de alojamiento se situarían entre los 1.600 y los 2.700 euros, frente a los casi 8.000 euros que tributaría una plaza hotelera. También la diferencia en creación de empleo es notable. Los hoteles (según categoría) generan entre 12 y 40 empleos por cada cien plazas, mientras que en los pisos turísticos esta relación es de menos de 4 empleos por cada cien plazas de alojamiento. Precisamente esa rentabilidad mayor motiva que la administración y el sector pretendan elevar el control para evitar las actividades fraudulentas.

Un decreto para finales de año

El siguiente paso será elaborar un decreto que especificará las condiciones físicas que debe cumplir una vivienda para ser piso turístico y los servicios turísticos que reglamentariamente se determinarán en él.

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