Unanimidad en el Parlamento asturiano para pedir el fin del peaje del Huerna: el PP vota a favor de suprimir la prórroga que impulsó Aznar

Los grupos apoyan una proposición no de ley que presentó Foro después de conocerse el dictamen de la Unión Europea, que considera que la ampliación de la infraestructura fue ilegal

Unanimidad en el Parlamento asturiano para pedir el fin del peaje del Huerna: el PP vota a favor de suprimir la prórroga que impulsó Aznar

Unanimidad en el Parlamento asturiano para pedir el fin del peaje del Huerna: el PP vota a favor de suprimir la prórroga que impulsó Aznar

Frente común en el Parlamento asturiano para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez la anulación del peaje del Huerna de la autopista AP-66. Los partidos políticos de la Junta se pusieron de acuerdo este martes para secundar una proposición no de ley presentada por Foro en la que se insta al Ejecutivo central a «iniciar los trámites» para suprimir este peaje y al Principado a ser «parte activa de este procedimiento, encargando un estudio en el que se exploren las vías jurídicas para la anulación de la prórroga concedida irregularmente y se valoren los costes económicos que tendría para el Estado la asunción de la gestión directa de la AP-66». El escrito salió adelante por unanimidad: todos votaron a favor, siguiendo la estela de lo sucedido recientemente en Castilla y León, donde prosperó una proposición no de ley similar.

La posición favorable de los partidos viene provocada por el dictamen de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), que hace semanas censuró la ampliación de la infraestructura que tuvo lugar en el año 2000, prorrogándose hasta 2050.

Según Bruselas, que dio así respuesta a una denuncia que puso Daniel Ripa, ex diputado de Podemos, aquella operación fue ilegal y se hizo contraria a derecho entre otros motivos para, según expone la UE, sacar más dinero de la posterior privatización de Eucalsa, empresa que explota el Huerna desde entonces, que era del Estado y pasó a manos privadas en el año 2003. La ampliación la realizó el gobierno de José María Aznar (PP), con el asturiano Francisco Álvarez-Cascos siendo ministro de Fomento y gran defensor de aquella operación que ayer censuraron todos los diputados de la Junta.

Fue Foro Asturias, partido fundado por Álvarez-Cascos, el que presentó la proposición no de ley, y fue el PP, donde el expresidente del Principado y exvicepresidente del Gobierno pasó la mayor parte de su carrera política, el que apoyó el escrito. El voto afirmativo del resto de los partidos se daba por descontado. No así el del PP de Álvaro Queipo, que solo un día después de conocerse el dictamen de la UE defendió la prórroga, guardando silencio después.

 Ayer, en cambio, asumió ese escrito y votó a favor de cancelar esa operación, evitando de este modo el coste político que hubiese tenido ser el único partido en votar en contra, según admitían ayer dirigentes populares. Pedro de Rueda, diputado del PP, fue el que desveló el voto de su grupo, aunque mostró dudas con que se pueda suprimir el peaje y cargó contra el ministro Óscar Puente. «Recientemente dijo que se suprimiría un peaje en Alicante y ya dijo que no se emocionen en otros territorios», recalcó De Rueda.

Ángel Morales, diputado del PSOE, recordó que la prórroga se hizo en tiempos de Aznar y dijo que el PP tendría que «pedir perdón a los asturianos». Javier Jové, de Vox, cargó contra los dos grandes partidos, el PP y el PSOE. De Barbón dijo que «tenemos un presidente muy ‘gallu’ pero no pinta nada en el PSOE» y de los populares que eran «responsables de la prórroga, una chapuza». Delia Losa, de Izquieda Unida-Convocatoria por Asturias, aseguró que la ampliación se realizó para «llenar el bolsillo de amigos empresarios» y Covadonga Tomé, del grupo mixto, ex de Podemos, agradeció a Pumares haber mencionado a Daniel Ripa, que puso la denuncia en Bruselas. Pumares, por su parte, recalcó que lo importante es «el sentido del voto». Todos acabaron siendo afirmativos. La situación del Huerna, que tiene un coste de quince euros por paso y está pendiente de las nuevas rebajas, está en manos de Europa y el Ejecutivo central debe contestar al informe de la Comisión. Fuentes cercanas al Gobierno aseguraban ayer que observaron con «mucha atención» lo sucedido en la Junta.