Asturias está sola con Cantabria en la lista escueta de autonomías que carecen de una ley propia de régimen local, tiene su anteproyecto en fase de redacción del borrador y mantiene intacto el propósito de concluir la tramitación en lo poco que queda de esta legislatura. La consejera de Presidencia del Principado, Rita Camblor, colgó ayer de la nueva ley, y por tanto de la aceleración de esa tarea legislativa, una buena porción de sus respuestas para las grandes demandas de los ayuntamientos asturianos, en particular para sus insuficiencias financieras. Llevada a comparecer en la Junta por el PP, dejó allí su idea de que el texto debería estar terminado “en las próximas semanas”. A continuación, aún deberá ser remitido a la Federación Asturiana de Concejos (FACC) “para su estudio” antes de que sea elevado al Consejo de Gobierno y se interne en el proceloso trámite legislativo de un final de mandato en forma de embudo, con muchos proyectos pendientes, poco tiempo y el “apuro importante” del que ayer le advirtió el diputado del PP Pablo Álvarez-Pire.
Camblor contestó a la petición de cuentas de la oposición agarrada al proyecto. Ahí se regulará “el régimen competencial” de los municipios y se tratará de dar respuesta a reclamaciones recurrentes. Una es la de las funciones que asumen sin que les correspondan –sobre todo las de las escuelas de 0 a 3–; otra, la de la agilidad en las transferencias de los fondos desde el Principado, cuyo retraso genera frecuentes tensiones de tesorería en las arcas municipales. “Somos conscientes de que a veces no llegan con suficiente rapidez”, asume la Consejera, “y de que los ayuntamientos tienen que adelantar recursos. Pero con esta ley esperamos que se puedan prever pagos anticipados y a cuenta”, así como garantizar mecanismos que permitan a la administración “agilizar las transferencias”. Se valorará igualmente, como había quedado anunciado, la habilitación de un fondo específico para atender a los municipios de menos de 1.500 habitantes y al margen de la ley está en proceso una “revisión” y “mejora de los criterios de reparto” del fondo de cooperación local. Son las partidas que reciben del Principado los concejos de menos de 40.000 habitantes –8,3 millones este año– y cabe reformar su distribución, resalta Camblor, para que “ninguno, y en particular los pequeños, vea mermada” su parte de las transferencias.
Casi todo lo demás con sustancia estará en la ley. La redacción de la norma arrancó a finales de 2020 y ha cubierto las fases de la participación pública hasta llegar a esta recta final de incierto futuro que inquieta a la oposición parlamentaria. “No se puede fiar todo”, dijo también el diputado de Ciudadanos Manuel Cifuentes, “a un anteproyecto de ley que no sabemos ni cuándo ni cómo va a querer dar solución a estos problemas”. El caso es que la ley fue la respuesta universal de la Consejera en su comparecencia de este martes, en la que se escudó en la falta de competencias de su departamento cuando la oposición puso a su vista la falta de recursos de los ayuntamientos para sufragar la limpieza de las playas y los tramos urbanos de los ríos. Dijo que “nunca hemos tenido competencias en materia de limpieza” y, a la mención de una posible colaboración de su parte, se remitió al fondo de cooperación y a su carácter “incondicionado”.
Extendió la fórmula a la pregunta por el cierre de oficinas bancarias en las zonas rurales, y aquí se remitió a la reunión con seis entidades bancarias que recientemente han mantenido el Vicepresidente y la consejera de Hacienda. “Le agradecería que le pudiera preguntar a ellos”, contestó a la diputada de Vox Sara Álvarez. Sí quiso Camblor que se valorase que su departamento haya creado “dos bolsas de trabajo temporal” de secretarios e interventores municipales, con 144 y 142 personas, para ayudar a los ayuntamientos que tenían dificultades para dotarse de esos profesionales a través de las convocatorias del Estado.
En la queja, también recurrente, por la carga de los costes adicionales que genera la ley de las policías locales, Camblor se remitió a “un grupo de trabajo con los agentes sociales y los ayuntamientos” que está evaluando “el coste anual de la reclasificación de agentes que se hizo en su momento”.
“Miran para otro lado”
“Están mirando para otro lado”, concluyó Álvarez-Pire, que compartió la queja con Pedro Leal (Foro) –“se está abandonando a los ayuntamientos a su suerte”– y, casi en los mismos términos, con Sara Álvarez (Vox). La portavoz de IU, Ángela Vallina, aludió a los concejos como “los hermanos pequeños desde 1979” y activó la carga contra el daño que les hicieron las políticas de austeridad del PP. Rafael Palacios (Podemos) se concentró en el cierre de bancos exigiendo al Principado que “sabiendo que hay que hacer negocios con ellos, se muestren firmes” y Noelia Macías (PSOE) puso sus esperanzas en la futura ley defendiendo el compromiso de los socialistas con el municipalismo.
Las 39 parroquias rurales han perdido 4.100 habitantes en quince años y sobreviven con apenas 7.800. La directiva de Fapar, la federación que las agrupa, llevó el dato de su parte del drama demográfico al encuentro que mantuvo ayer con el presidente del Principado, Adrián Barbón. Pidieron soluciones para la despoblación y excluyeron de ellas el proyecto experimental “Aldea 0”, que patrocina el comisionado para el reto demográfico. Para sus problemas de financiación, el secretario del colectivo, José Manuel García, propuso un fondo de cooperación, similar al de los ayuntamientos, en tanto no se modifica la ley de parroquias.
