FADE y sindicatos exigen "celeridad" a Barbón para aprovechar todos los fondos europeos

La patronal asturiana y los sindicatos coincidieron ayer en la conveniencia de que el Principado cuente en 2023 con un nuevo Presupuesto regional, de 5.968 millones, que permita exprimir al máximo los fondos europeos extraordinarios del mecanismo de recuperación y resiliencia. Pero los agentes sociales también fueron unánimes en las dudas acerca de que el Gobierno de Adrián Barbón sea capaz de ejecutar una inversión récord de 921 millones, por los bajos niveles de cumplimiento a lo largo de toda la legislatura. Y exigieron «celeridad» ante un año electoral en el que se suelen empantanar y ralentizar las licitaciones públicas. Lo hicieron en la ronda de comparecencias presupuestarias, en la que ayer el turno era para la valoración de la sociedad civil asturiana.

«Es mejor tener este Presupuesto que no tenerlo», valoró María Calvo, la presidenta de la FADE, que lanzó un aviso nítido: «No cabe resignación ante la inejecución, cuando a estas alturas está sin ejecutar más de un 80 por ciento de la inversión para este año», manifestó Calvo, quien señaló que no materializar las cuentas autonómicas y los fondos europeos extraordinarios supondría «despilfarrar oportunidades». La presidenta de la patronal exigió «abrir cuanto antes el Presupuesto» y planteó al Ejecutivo de Barbón crear «un mecanismo de seguimiento de la inversión», toda vez que 2023 será un año electoral, en el que las decisiones en materia de licitación suelen ralentizarse, sobre todo después del primer trimestre. «El problema está en la ineficiente ejecución», alertó Calvo.

La valoración favorable, en términos generales, a la aprobación del proyecto presupuestario presentado por el Gobierno socialista no impidió un tono crítico por parte de la presidenta de la FADE, quien subrayó que el aumento de la inversión se sustenta en la inyección extraordinaria de los fondos europeos de recuperación. «Sin ellos, la inversión sería dos millones menor que este año», precisó María Calvo, que instó al Principado a «reducir el gasto ineficiente». Y aunque juzgó «positivo» el aumento de las deducciones destinadas a favorecer la emancipación y cuidado de los jóvenes o el estímulo de la natalidad, la presidenta de la FADE reprochó que el Principado no haya recurrido «a la vía de la deflactación, como sí han hecho otras comunidades autónomas», cuando los ingresos tributarios van a crecer en unos 500 millones, puntualizó, «por el efecto de la inflación, no porque haya más riqueza».

El secretario general de CC OO, José Manuel Zapico, manifestó que el proyecto presupuestario «expansivo va en la buena dirección en la movilización de recursos públicos», pero reclamó al Gobierno socialista «más valentía». El dirigente sindical calificó de «buena noticia» que la inversión autonómica vaya a rondar los mil millones de euros, aunque coincidió con la patronal en que «cabe exigir una mayor eficiencia y celeridad en la ejecución». Zapico alertó que de repetirse los bajos índices de ejecución de la inversión de este año y de la legislatura «el Presupuesto solo será un brindis al sol y Asturias no puede permitirse esos datos tan bajos». Puso como ejemplo la demora en ejecutar infraestructuras como la ampliación y mejora del Hospital de Cabueñes, instituto de La Corredoria o el centro de salud de Pola de Lena. «Son inversiones que van a paso de tortuga», criticó el secretario general de Comisiones Obreras de Asturias.

La responsable de Política Institucional de UGT, Mar Celemín, incidió en que los fondos europeos del mecanismo excepcional de recuperación, una inyección de 355 millones de euros, «son una oportunidad que Asturias está obligada a aprovechar al máximo». Celemín compartió con FADE y CC OO que «será clave la ejecución efectiva» de esos fondos, si bien matizó que los bajos niveles de ejecución «no son algo específico de Asturias, pasa en el resto de comunidades autónomas».

La presidenta de la Federación Asturiana de Concejos, Cecilia Pérez, confirmó que los órganos de gobierno de la entidad supramunicipal también son partidarios de «la necesidad de que el Principado disponga de un nuevo Presupuesto en 2023». Esa valoración no evitó que la Federación de Concejos dejara ayer patente el descontento y malestar reinante en los ayuntamientos por tener que correr con parte de la financiación de las escuelas para menores de 3 años, si bien destacó que la aportación del Principado crecerá el próximo año de los 21,5 a los 30 millones de euros. «La educación no es competencia municipal», recalcó Cecilia Pérez, quien aprovechó el altavoz que supone anualmente esta comparecencia parlamentaria para lamentar que «se dilaten sine die y se enquisten los grandes problemas que estas escuelas van a seguir generando a los ayuntamientos».

La presidenta de la Federación Asturiana de Concejos consideró necesario «reforzar las medidas que ayuden a fijar población» para luchar contra la caída demográfica, que se ceba con mayor intensidad en los municipios rurales. «El esfuerzo contra la despoblación aún es insuficiente», proclamó Cecilia Pérez. En el otro lado de la balanza, celebró que el Presupuesto del Principado recoja por primera vez un fondo de 500.000 euros para los ayuntamientos que por razones de emergencia no puedan hacer frente a gastos, tal y como había solicitado la FACC. «Esperamos que ningún consistorio se vea obligado a recurrir a este instrumento», afirmó la presidente del ente que aglutina a los 78 concejos de la región.

La jornada reservada a los agentes sociales, expertos y colectivos interesados en el Presupuesto autonómico fue larga, con la comparecencia de más de cuarenta personas, en su mayoría representantes de otras tantas entidades. En la segunda tanda llegó el turno de José Luis Álvarez Almeida, el presidente de OTEA, la patronal turística de Asturias, quien afirmó que «se podría haber un esfuerzo mayor» con el margen de los fondos europeos de recuperación, «la partida destinada el sector crece muy poco». Almeida reclamó «la necesidad de un plan de formación» que, a su juicio, requeriría además una apuesta singular por el mundo de la sidra y, en particular, para la figura del escanciador, «algo en lo que Asturias es única en el mundo».

El presidente de OTEA reparó en que la mayoría de los fondos llegados de la UE «son para empresas públicas» y alertó de «la dificultad que supone gestionar esa cantidad de dinero para los ayuntamientos». Luego, en el turno de preguntas realizadas por los distintos grupos de la oposición, Almeida elevó el tono de queja sobre unas cuentas autonómicas «en las que el sector turístico queda relegado» porque, sostuvo, «se da mayor relevancia a a la cultura que al turismo».

El exrector de la Universidad, Vicente Gotor, fue convocado por dos grupos de la oposición para dar su opinión sobre la investigación en Asturias. Valoró positivamente «las buenas intenciones del consejero de Ciencia» así como la creación de la Agencia de Ciencia, pero se mostró «pesimista» sobre el estado de salud de la labor investigadora en la región. «Solo las comunidades insulares y Andalucía invierten menos en I+D+i», lamentó el exrector, que abogó por la creación de una Fundación Asturiana por la Ciencia, análoga a las que ya hay en Cataluña o el País Vasco.

La contratación de investigadores senior y junior por cinco años «prorrogable con evaluaciones muy serias», la recuperación de talento, las contrataciones internacionales de excelencia y el apoyo a los investigadores para optar a fondos europeos fueron algunas de las sugerencias planteadas por Gotor en su comparecencia.

Una de las voces más críticas con el proyecto de las cuentas autonómicas fue la de la presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Asturias (ATA), Patricia Oreña, que reclamó «el adelgazamiento del sector público y un control de ese gasto». En su opinión, el Presupuesto autonómico «no está pensado para los ciudadanos, sino para la Administración» y reprochó que «el incremento de funcionarios se corresponde con una administración más lenta, más cara y más ineficiente». La presidenta de ATA consideró necesaria la realización de «auditorías externas» sobre la eficiencia del gasto en los servicios públicos.

También reclamó una auditoría, pero sobre la gestión de Duro Felguera desde que recibió las ayudas públicas, Rubén Alonso, portavoz de la Corriente Sindical de Izquierdas en dicha empresa. Alonso afirmó que «se ha duplicado la dirección» desde ese rescate público y auguró que, tras el reciente expediente de regulación de empleo (ERE), «habrá otro y muy probablemente de naturaleza concursal».

Por la tarde, llegó el turno de las organizaciones agrarias. Ramón Artime, presidente de ASAJA, planteó que la consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial «se ha convertido en un ente pagador de las ayudas procedentes de Europea». Reivindicó que el peso del sector agroalimentario en Asturias, «que supone el 20 por ciento del PIB y 11.000 empleos directos, bien merece una consejería específica», y reprochó que «el Principado es una de las autonomías donde más burocracia tenemos y de las que más se tarda en percibir las ayudas». Mercedes Cruzado, secretaria general de COAG, planteó que «los agricultores y ganaderos asturianos estamos al límite, los que quedamos, resistimos como podemos» e instó al Gobierno autonómico «a que se deje de cantos de sirena y estudios sobre el reto demográfico, que en nada benefician a nuestro sector».

Los portavoces de los sindicatos educativos como Gumersindo Rodríguez (ANPE), Borja Llorente (CCOO) y José López-Sela (FSIE) pidieron avanzar en «la equiparación retributiva» respecto a los salarios medios del profesorado en España, mientras que Juan Luis Barrera (OTECAS) señaló la gran diferencia «entre la inversión por alumno en la enseñanza pública, de 7.060 euros, y la concertada, que es de 2.953 euros».

Álvaro Álvarez, representante de la Asociación de Bolos, lanzó un SOS sobre el estado actual de este deporte tradicional en Asturias para el que reclamó más ayudas del Principado. «Los bolos se abandonan cada vez más a su suerte, el bolo batiente y el rodado están a un paso de la desaparición», alertó Álvarez, quien propuso la creación de una Mesa de los Bolos para revertir dicha situación y denunció el drástico recorte de las ayudas del Principado, que «pasaron de los 42.000 euros en 2008 a 5.000 en este año».

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