Cofiño, ante el Día de la Constitución: "Cabe el nacionalismo no soberanista, no cabe el independentista"

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Buenos días, saludos a todos los presentes

 Quien hoy les dirige la palabra no votó la constitución española de 1978. No por falta de voluntad, tampoco por impedimentos relativos a la edad (tenía 21 años recién cumplidos), sino por la circunstancia de estar prestando el servicio militar (en aquel entonces obligatorio) y el coronel al mando del Regimiento decidió acuartelarnos ese día 6 de diciembre de 1978, cercenando de esta manera nuestro indisponible derecho al voto.

Hoy, a ningún mando militar (y aquí hay algunos), ni a ninguna autoridad pública se le ocurriría la adopción de una decisión similar, no porque lo impida la Ley, (que también) sino por las propias convicciones democráticas que forman parte de la cultura política de nuestros días, a las que no es ajena la institución militar.

Traigo esta circunstancia histórica a colación para evidenciar la ganancia obtenida en términos de derechos y libertades que ha venido a proporcionarnos en estos 45 años la Constitución española de 1978 que hoy celebramos, que contrasta con el negacionismo creciente que cuestiona la transición política y nuestra Constitución, a mi parecer lo mejor que hemos construido los españoles desde que nos reclamamos como tales.

Efectivamente, la Constitución de 1978 es el instrumento imprescindible y habilitante de nuestro moderno Estado de derecho, pues le aporta certezas, seguridad y permanencia, permitiendo cauces de participación para que el pueblo, auténtico titular de la soberanía nacional, pueda expresar su voluntad de manera efectiva y ordenada, desde los principios de libertad, democracia y respeto a la dignidad humana.

Este Estado moderno, que alumbra nuestra constitución es una comunidad jurídica de iguales. No admite la desigualdad jurídica personal, ni una heterogeneidad institucional territorial que ponga en riesgo las oportunidades de los ciudadanos que lo componen con independencia del lugar en el que vivan; esto es compatible con el pluralismo legislativo y su correlato de derechos diferentes, según las decisiones que, en el marco de sus competencias, adopten los poderes públicos de cada Comunidad Autónoma.

Ha dicho con reiteración nuestro Tribunal Constitucional que los ciudadanos pueden estar sometidos a regímenes jurídicos diferenciados en las áreas materiales de competencia de cada Comunidad Autónoma, disfrutando, por tanto, de diferentes derechos en esas áreas, sin que ello suponga, “una situación sustancialmente diferente entre sí”.

Todos somos conocedores de que este diseño de nuestra arquitectura constitucional en el plano territorial está siendo impugnado en determinados territorios que, so pena de su especificidad, alientan la redención de su supuesta identidad de grupo, reclamando niveles de autonomía creciente que esconden la querencia por un estado propio.

Sin embargo, el balance de estos 45 años de vigencia de nuestra constitución, atendiendo exclusivamente a la histórica problemática territorial de España, se ha saldado a partir de la implementación del Estado autonómico, equilibrando sensata y armónicamente, la unión y el particularismo, como corresponde a una sociedad plural como la nuestra.

Se ha provocado un razonable acomodo a las demandas nacionalistas más reclamadas y sentidas en aquellos territorios con fuerte impulso identitario, sin quiebra de nuestra norma básica, utilizando, al efecto, mecanismos constitucionales ordinarios o extraordinarios.

La respuesta ante las demandas crecientes de naturaleza identitaria siempre ha sido esta: cabe el nacionalismo no soberanista y no cabe el nacionalismo independentista. Con este criterio debemos encarar el futuro, apelando a la lealtad constitucional, o, si me lo permiten, al patriotismo constitucional en versión de Habermas. En cualquier caso, a la devotio a la casa común y compartida. Reivindiquemos, especialmente en este terreno, la cultura del pacto, que demanda pragmatismo y flexibilidad.

Nuestra constitución ha rendido buenos dividendos a la sociedad española en estos 45 años de vigencia, pero en tan dilatado periodo de tiempo se han sucedido en la sociedad española cambios significativos que demandan una puesta al día por la vía de reformas puntuales y concretas que ayuden a la estabilidad institucional y política, eso sí, desde la premisa de amplios consensos al respecto.

Por si las circunstancias y la coyuntura política lo permiten, adelanto algunos pareceres personales.

Si fuera el caso, insisto, y siempre y cuando la normalidad institucional nos devuelva consensos de antaño, me atrevo a sugerir algunas materias susceptibles de debate, y, si procediera, de novación parcial del texto constitucional.

Aun conocedor de que el sistema parlamentario ha funcionado con regularidad, se advierten determinados ámbitos de mejora en lo relativo al régimen electoral, conectados con una mayor aseguramiento de la gobernabilidad y la estabilidad institucional, complementado, llegado el caso, con una reforma del Senado (sempiternamente postergada) que le habilite como una verdadera Cámara Territorial o caja de resonancia de las Comunidades Autónomas, toda vez que el modelo autonómico esta firmemente arraigado en sede constitucional y en el imaginario colectivo de los españoles.

Constitucionalizar la cohesión social y los derechos sociales como objetivo fundamental del Estado y valor superior del Ordenamiento Jurídico, con especial mención a la irreversibilidad de las conquistas sociales acumuladas en el tiempo, se erigiría en una mudanza constitucional que entronca directamente con el sentir muy mayoritario de la población española en este tiempo que nos toca vivir, en los que la precarización amenaza a una parte de la población, señaladamente a las generaciones más jóvenes. Tal y como anticipó Calamandrei, “los derechos sociales constituyen la premisa indispensable para asegurar el goce efectivo de las libertades publicas a todos los ciudadanos”. No quiero pasar por alto la imprescindible adecuación terminológica del vocablo “disminuidos” al que alude el articulo 49 de nuestra Constitución para proceder a sustituirlo, cuanto antes, por la apelación a la “discapacidad” en orden a la preservación de la dignidad de las personas.

El impacto de Internet y de las redes sociales en nuestras vidas, además de los enormes desafíos que implica la alargada sombra de la inteligencia artificial, nos compelen a la inclusión en la norma constitucional de estas nuevas realidades, para proteger nuestra identidad personal, nuestras comunicaciones personales y nuestros datos; con las redes sociales mantenemos una relación que podríamos calificar de compleja (amor y odio por partes iguales), pero van a acompañarnos para siempre. Pretender su desaparición resulta tan quimérico como la pretensión del Rey Canuto de Inglaterra, que se sentó en una silla frente al mar y ordenó a las olas que se detuvieran, sin obtener, claro está, éxito alguno. En consecuencia y ante esta evidencia, debiéramos intentar constitucionalizar de alguna manera la gobernanza de la sociedad digital, en aras de salvaguardar nuestros derechos y libertades (realmente amenazados) por la eclosión imparable de estos nuevos entornos.

La tendencia a la universalización de los derechos humanos debe orientar las reformas constitucionales que se emprendan en el futuro – también en España – abordando con valentía la regulación del régimen jurídico de los refugiados y de los inmigrantes. La alarma social que generan las sucesivas oleadas de inmigrantes que llegan a nuestras costas y la complejidad de su integración no puede ser una excusa para eludir el asunto, sino una invitación a abordarlo desde la perspectiva jurídica de los derechos fundamentales.

Las posiciones xenófobas, que basan su actitud en consideraciones de naturaleza étnica o de supuesta pureza nacional, ignoran que, por esta tierra, casa común de todos los españoles, han transitado sucesivamente, celtas, iberos, fenicios, griegos, romanos, musulmanes, judíos, godos y cristianos; todos ellos han dejado huella, al fin y a la postre no somos otra cosa que el trasunto de todo ello. Olvidan, denotando memoria frágil, que los españoles, a lo largo de nuestra historia, hemos sido migrantes, bien por razones económicas o políticas, y finalmente obvian que la migración es un fenómeno que beneficia al país del que se emigra y al país de destino.

Acaso no sea una extravagancia traer aquí el ideal del sueño cosmopolita heredado del helenismo. En palabras de Encomio. “ni el mar ni todas las distancias de la tierra impiden obtener la ciudadanía, y aquí no hay distinción entre Asia y Europa. Todo esta abierto para todos. En Roma, nadie que sea digno de confianza es extranjero”.

Hasta aquí he intentado señalar un puñado de asuntos, sin ánimo de construir ninguna suerte de lista cerrada, sobrevenidos en el tiempo desde aquel lejano día 6 de diciembre 1978, y que deberían concitar consensos amplios en torno a una hipotética reforma parcial de nuestra Constitución: no ignoro, claro esta, la dificultad del empeño, toda vez que activar los mecanismos de reforma, exige acuerdos transversales que no parecen compatibles con el actual estado de cosas, al menos, si pensamos en el corto plazo.

“Vigilando y no durmiendo” se protegen los derechos y la democracia. Invoco este viejo aforismo romano, ante la evidencia de los enormes riesgos y amenazas para la supervivencia de las democracias, debido al embate de ideologías populistas y nacionalistas, que creíamos ya superadas. El pasado vuelve a ser hoy.

Las actuales democracias occidentales no son otra cosa que el decantado histórico de las ideas de la Ilustración, que entronizaron la ciencia, la razón, el humanismo y el progreso; todos los logros de las últimas décadas son la consecuencia de estas ideas. Son nuestros logros, pero no son derechos de nacimiento. Podemos retornar a condiciones de vida primitivas sino combatimos los movimientos contra ilustrados: a saber, populismo y nacionalismo.

El neoliberalismo y la globalización facilitaron la desregulación estatal y esto ha provocado la pérdida de capacidad de los gobiernos para controlar y afrontar eficazmente los problemas; sobre este estado de cosas, incertidumbre, precarización, ansiedad e incluso miedo se han proyectado los viejos demonios, que ya creíamos  haber expulsado por la ventana, pero que han regresado por la puerta principal con nuevos disfraces: en esencia, movimientos populistas y nacionalistas contra la ilustración y la democracia. Hitler era el jefe vacío de las muchedumbres descontentas y desarraigadas.

En definitiva, los vicios de la globalización han hecho resurgir la reacción en términos de aldea local. 

Frente a un reto de tamaña magnitud corresponde un rearme institucional con el objetivo de implementar una gobernanza de la globalización en términos democráticos, reforzando los valores colectivos en la gestión de lo público y estableciendo políticas en defensa de la calidad de la democracia, tanto en el nivel estatal como en ámbitos supranacionales. En resumen, transparencia, eficacia en la gestión, proactividad y reafirmación en los valores, y los derechos y libertades innegociables reflejados en nuestras constituciones que nos han traído hasta aquí.

Defender nuestras democracias y las ideas de la Ilustración hoy resulta mas necesario que nunca, puesto que quizá haya que retrotraerse a los años 30 del pasado siglo para encontrar un tiempo en nuestra historia reciente con amenazas de tanta envergadura.

¿Cómo evolucionará la tensión latente entre el humanismo ilustrado, cosmopolita y liberal que se ha extendido por el mundo en las últimas décadas y el populismo tribal, autoritario y regresivo que amenaza con hacerlo retroceder?, se pregunta Steven Pinker.

“Es duro hacer predicciones, dijo alguien, sobre todo sobre el futuro”, pero estoy seguro de nuestras fortalezas para derrotar a la nueva religión del siglo XXI: populismo y nacionalismo.

Concluyo esta intervención recuperando y revalorizando nuestra Carta Magna, que diseña un Estado basado en el pluralismo, y en el aseguramiento de un conjunto de derechos y libertades, homologables con las democracias occidentales mas avanzadas, que nos ha regalado el mayor periodo de tiempo de nuestra historia en paz y libertad.

Ahora bien, la pluralidad no puede llegar a destruir la convivencia y la propia democracia, a base de una excesiva gesticulación en sede pública.

La impugnación de este modelo constitucional desde ámbitos territoriales con un fuerte sentimiento identitario choca frontalmente con la mayoría social de este país. Por lo que respecta a Asturias, modelo de convivencia en perfecto equilibrio entre lo identitario y lo universal, quiero decirlo claro y alto: no forma parte del ADN de los asturianos incompatibilidad alguna que nos impida sentirnos confortables en nuestra condición de asturianos, españoles y europeos.

España ha superado múltiples vicisitudes a lo largo de su historia, también lo conseguiremos ahora, en un tiempo que aparenta borrascoso. Apelo a la sensibilidad y el sentimiento con el que nos juzga la periodista y escritora peruana, afincada en España, Karina Sainz, cuando señala que “España siempre ha sabido reunirse para estar en desacuerdo, ya sea para discutir un penalti o para contar la historia del abuelo republicano o franquista”, y prosigue “aunque digáis lo contrario ( ) hay algo luminoso en una sociedad que en cuarenta años hizo lo que muchas no han conseguido en un siglo. Lo sorprendente es que una parte de su ciudadanía no lo recuerde o, peor aún, que compre la mercancía averiada de un olvido interesado”, y concluye: “aunque digáis lo contrario, el edifico sigue en pie, incluso cuando llueven piedras”.

Feliz día y larga vida a la Constitución democrática de 1978