Amaya P. GIÓN
El Gobierno central retomará a lo largo de esta legislatura la aprobación de un proyecto de ley por el que podría invertir en Bolsa el diez por ciento de los recursos del fondo de reserva de la Seguridad Social, que asciende a unos 55.000 millones de euros, en empresas que atiendan a «criterios sociales y medioambientales». Así lo aseguró ayer en Avilés el director general de Economía Social, Trabajo Autónomo y Fondo Social Europeo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Juan José Barrera Cerezal, en una jornada sobre el crecimiento responsable de las empresas asturianas organizada por la Fundación Asturiana de Medio Ambiente.
La intención es que un porcentaje de ese fondo, que hoy se invierte en Deuda del Estado, pueda invertirse en Bolsa, es decir, «en empresas, pero en aquellas que inviertan en criterios socialmente responsables», apuntó Barrera Cerezal. «El nuevo Ejecutivo retomará el proyecto de ley, que será elevado al Parlamento una vez que concluyan las negociaciones con los interlocutores sociales», añadió el director general, que puntualizó, además, que la ley de Contratos del Estado incorporará elementos sociales y medioambientales en sus cláusulas, «para que las administraciones den ejemplo e incorporen estos criterios con sus propios proveedores». «El objetivo es llegar también a las pymes (pequeñas y medianas empresas)», dijo.
En cuanto al nuevo estatuto de los autónomos, Juan José Barrera puntualizó que un grupo de cuatro expertos trabaja ya en la elaboración de un informe sobre la prestación por cese de actividad de estos trabajadores. «Está previsto que se presente al Ministerio de Trabajo este informe a mediados de este año y que no sólo recoja estas prestaciones sino que, en el caso de aquellos trabajadores autónomos que estén próximos a la jubilación y que hayan perdido involuntariamente el trabajo, puedan recibir otras prestaciones para jubilarse anticipadamente. A partir de este estudio, el Gobierno planteará al Parlamento el modelo de esa prestación», explicó.
Barrera Cerezal se refirió, además, a la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente (aquél cuyos ingresos dependen, en un 75 por ciento, de un solo cliente), la nueva figura nacida en torno al reformado estatuto. «Ya se están registrando contratos. Unas setecientas personas se han dado ya de alta en la Seguridad Social como trabajadores autónomos económicamente dependientes. A lo largo del mandato se concretará más este tipo de contrato. El registro es competencia de la Administración General del Estado, pero las comunidades autónomas que lo deseen pueden registrar las contrataciones a través de un convenio», matizó.
Barrera Cerezal protagonizó una de las ponencias de la jornada en la que analizó las políticas de impulso de la responsabilidad social de las empresas. Este nuevo modelo de empresa hacia el que se pretende avanzar pasa por compatibilizar la maximización de los beneficios con la implantación de prácticas sociales y medioambientales o propiciar una estrategia empresarial que mejore el funcionamiento y la gestión de las empresas mediante una mayor participación de accionistas, trabajadores, consumidores y otras partes interesadas en la acción empresarial, entre otros aspectos. Intervinieron en la jornada, además, Antonio Paz García, director de la consultoría Consulting Global; Antonio Blanco, de Fundación Alimerka, y Belén Luzuriaga, de Grupo Lacera.
