La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha recibido esta mañana un burofax del principal acusado del "Caso Niemeyer", Natalio Grueso, sobre el que pesa desde el viernes una orden de busca y captura para su ingreso en prisión. La misma Sala ha unido al rollo de sala el documento "en el mismo estado en que se ha recibido sin proceder a su apertura", según fuentes próximas al caso.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) remite a la providencia que se ha comunicado esta mañana a las partes. Grueso sigue en busca y captura y pesa sobre él una orden de ingreso en prisión.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha comunicado esta mañana que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias ha recibido un escrito registrado del abogado de oficio del principal encausado en el Caso Nimeyer, Natalio Grueso, en el que solicita que se le acepte su renuncia a seguir defendiendo a su cliente. "La Sección, de acuerdo a la legislación vigente, la ha contestado ya mediante una providencia, en la que le aclara que el lugar indicado para presentar la renuncia es el órgano del Colegio de Abogados habilitado para estos temas y no la Audiencia Provincial, que no es competente para dicha cuestión", han señalado desde el TSJA.

En lo que respecta al señalamiento del juicio, que está previsto comience el próximo lunes," a esta hora, y sin tener novedad con respecto al paradero del señor Grueso, se mantiene en los términos que se ha comunicado", han explicado las mismas fuentes sobre la providencia enviada esta mañana.

El Colegio acepta la renuncia

El Colegio de Abogados de Oviedo, por su parte, ha acordado aceptar "la excusa" (renuncia) del abogado de oficio de Grueso, José René Alperi, al entender que "existe una causa justa al resultar absolutamente imposible ejercer una defensa adecuada del justiciable en un plazo de tiempo tan exiguo como el establecido, habida cuenta de la magnitud del procedimiento (20.000 folios y 83 testigos)".

El órgano colegiado considera "difícilmente comprensible la decisión de la Sala de no suspender el procedimiento para darle tiempo suficiente al letrado a preparar una defensa adecuada". "De esta forma se debilita el derecho a la defensa del justiciable y se ataca de manera frontal la dignidad de la profesión de abogado, que tiene que disponer de plazas suficientes para ejercer convenientemente dicha defensa", explica el Colegio de Abogados en un comunicado.