Necesitaban tiempo y lo han conseguido tras una dura y compleja negociación a contrarreloj. Alcoa y los comités de empresa de Avilés y La Coruña cerraron a primera hora de ayer, tras casi 24 horas de conversaciones sin descanso, un preacuerdo "in extremis" por el que la multinacional retira los despidos inminentes y se compromete a provisionar veinte millones a cada planta para volver a arrancar las cubas si se concreta un proyecto inversor antes del 30 de junio. El plazo es de apenas seis meses. De no fructificar una inversión, Alcoa continuará con las fundiciones y ejecutará los despidos (331 entre ambas fábricas), con unas condiciones que ya han quedado acordadas. Exhaustos, los miembros del comité de empresa valoran el preacuerdo (ahora lo tienen que ratificar los trabajadores), pero advierten: "Quedan menos de seis meses. Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno". El Ejecutivo tiene varios frentes abiertos: la búsqueda de inversor y el Estatuto para la industria electrointensiva.
Los trabajadores de Avilés están convocados hoy a las 14.00 horas a una asamblea para votar el plan, que pasa por iniciar la parada programada de las cubas de electrolisis (donde se fabrica el aluminio primario) en un plazo máximo de un mes. Los trabajadores afectados por este cese de la actividad, participarán hasta el 30 de junio en un plan de formación. Mientras, continuarán de alta en la Seguridad Social y seguirán percibiendo su retribución como si siguiesen en planta. En Avilés, proseguirán trabajando 91 empleados en la fundición (114 en La Coruña, entre la fundición y la torre de pasta). Esta es la única instalación fabril que seguirá produciendo y Alcoa pretende mantenerla activa si no fructifica una inversión (en ella se funden materiales reciclados). La instalación es rentable. "Sería un crimen cerrarla", sostienen fuentes del sector.
El preacuerdo incluye también las condiciones de los despidos, en caso de que no materializarse ningún proyecto. Abarca hasta 106 recolocaciones en San Ciprián, con un plan de bajas incentivadas, al que podrán adherirse los trabajadores de 57 años o más (si hay traslados, el trabajador recibirá una compensación de 10.000 euros) y 44 prejubilaciones (ocho en Avilés), para empleados a partir de los 53 años. Los menores de esta edad, acabarían despedidos con una indemnización bruta de 60 días de salario por año trabajado, sin límite de anualidades, más una aportación de 10.000 euros brutos.
El pacto que hoy se somete a votación en las plantas recoge además un plan de recolocación externo a cargo de Lee Hecth Harrison y un convenio especial con la Seguridad Social. De haber venta en seis meses, el futuro inversor tendrá que asumir la totalidad de la plantilla
Tanto la venta como la inversión de 40 millones (veinte por planta) también tiene implicaciones en caso de venta. El inversor tendrá que asumir a la totalidad de los trabajadores de las plantas.
La multinacional destacó que en el periodo de negociación "siempre ha primado el diálogo y la voluntad de minimizar las consecuencias del proceso de despido colectivo" y puso como prueba de ello "la ampliación del periodo de consultas (de 30 días a 75) y la configuración de una propuesta que brinda soluciones a más del 50% de la plantilla de las dos plantas". Alcoa subrayó además su "firme compromiso de posibilitar la opción de que cristalice en el plazo de seis meses una oferta de compra u opción de reindustrialización".
La comisión negociadora entregó acto seguido el preacuerdo (que no ha suscrito el sindicato CIG de La Coruña) a representantes de los ministerios de Industria y Trabajo, una reunión en la que los intentaron arrancar al Ejecutivo de Pedro Sánchez, sin éxito, que se mantendrá el 100 por cien del empleo a 1 de julio si no hay inversor. La secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, indicó que ese compromiso "no forma parte del preacuerdo", y tanto ella como el director general de Industria, Raúl Blanco, aplaudieron un pacto que "era impensable hace unas semanas y mejora la situación" para cerrar un proyecto industrial.
"El preacuerdo es positivo, la alternativa era el precipicio. Es fundamental haber conseguido estos seis meses sin estar regulados y el dinero para que un inversor pueda arrancar las cubas. Del Gobierno esperábamos un mensaje más contundente", apuntó el presidente del comité avilesino, José Manuel Gómez de la Uz (CC OO). Daniel Cuartas (FICA-UGT) incidió en que ahora es "el Gobierno el que tiene que mover ficha", tanto en el cierre de una inversión como en el nuevo marco para las industrias intensivas en consumo eléctrico. "Lo principal es conseguir mantener el empleo, pero con garantías de estabilidad", incidió Alberto Grijalbo (USO). "Estamos mejor que al principio, tenemos seis meses y el Gobierno tiene que ponerse las pilas ya. Sin un plan energético, la fábrica igual sigue para adelante pero haciendo patatas fritas o churros, porque aluminio no", concluyó José Antonio Jaquete (APC).
