El Gobierno del Principado reclamará al Ejecutivo central de Pedro Sánchez más de 100 millones de euros adicionales a los que figuran en el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado para compensar a la industria electrointensiva por el coste del CO2, según anunció ayer el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola. La fórmula para oficializar esa exigencia será mediante una enmienda en el Congreso a las cuentas estatales de 2019, que tendría que tramitar el grupo parlamentario socialista que encabeza la asturiana Adriana Lastra, portavoz en el Parlamento y número dos del PSOE nacional.

El Consejero explicó que en el repaso del anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 "hemos visto partidas vinculadas al Estatuto de la Industria Electrointensiva que se refieren a la compensación de costes indirectos de CO2, y hemos apreciado una insuficiente dotación presupuestaria". A expensas de que pueda haber aclaraciones por parte del Gobierno central, Isaac Pola desgranó, a grandes rasgos, las cifras globales.

En las cuentas correspondientes al Ministerio de Industria hay una partida de 11,3 millones, otra más de 31,9 millones en el de Transición Ecológica y una disposición adicional que contempla 80 millones de euros; esas partidas suman una cuantía de 123,2 millones de euros. En principio, según el Consejero de Industria, la compensación de costes indirectos pendientes de abono correspondiente a 2017 se sitúa en el entorno de los 67 millones de euros, y según una estimación realizada considerando los precios medios de emisión de CO2 en 2018, los costes indirectos pendientes en el ejercicio recién finalizado serían 167 millones de euros, con lo que entre ambos ejercicios se superarían los 229 millones.

Es decir, faltan 106 millones para cuadrar las cuentas, pues durante 2019 se liquidarán los costes atrasados de 2017 y 2018, por lo que el Consejero sostiene que se debe prever, al menos, ese incremento presupuestario para garantizar la cobertura relativa a los dos ejercicios. "Vamos a plantear una enmienda en el procedimiento de aprobación del anteproyecto presupuestario del Gobierno para que se recoja una dotación suficiente para la compensación de costes indirectos de CO2 para 2017 y 2018. Las partidas que hemos identificado, a expensas de aclaraciones ulteriores por parte del Gobierno central, son insuficientes", incidió Pola.

El Consejero también se refirió a la reunión mantenida ayer con responsables de la UGT y CC OO sobre Alcoa y señaló que en ella se abordó la elaboración del Estatuto de la Industria Electrointensiva anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez. "Es esencial para la búsqueda de una solución integral para las plantas de Avilés y La Coruña. El compromiso del Gobierno era que estuviera desarrollado en seis meses y de común acuerdo con sindicatos, los gobiernos autonómicos vamos a requerir que se presente a la mayor brevedad".

Representantes de CC OO y UGT pidieron en la reunión que tuvieron ayer con el presidente del Principado, Javier Fernández, y altos cargos de la Consejería de Industria que el Ejecutivo asturiano inste al central a "aprobar ya" el Estatuto de la Industria Electrointensiva porque es un "pilar fundamental" para encontrar un inversor para continuar con la actividad de la fábrica de Alcoa en Avilés, que cerrará el 30 de junio en caso contrario.

El secretario general de CC OO de Industria en Asturias, Damián Manzano, reclamó al Principado el inicio de los trabajos para asegurar la continuidad de Alcoa y la garantía del mantenimiento del empleo. El secretario de política sindical de la federación de Industria de UGT, Javier Campa, subrayó que "cada día que pasa hay menos margen porque Alcoa tiene fecha de caducidad". El presidente del comité de empresa de la planta de Alcoa en Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, pidió al Ejecutivo asturiano que se involucre en la búsqueda de un inversor para la aluminera.

Mientras, en Madrid, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ofreció a los grupos del Congreso su comparecencia el próximo miércoles 6 de febrero ante la comisión del ramo para dar cuenta de las crisis industriales en Alcoa y La Naval. Y el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, manifestó que no cree que la solución a Alcoa "sea enviarla a un holding público" como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI): "Si una empresa no es competitiva, no lo es", aseveró.