El Estado prevé ingresar este año 1.100 millones de euros por subastas de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) -lo que pagan las centrales eléctricas de gas y carbón para poder contaminar- mientras que las industrias recibirán 43 en ayudas como compensación por los costes indirectos. Los Presupuestos Generales del Estado de 2019 recogen una partida de 11,3 millones de euros del programa de compensación por el mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y otros 31,9 para compensar a las empresas por costes adiciones derivados del uso de la energía eléctrica. No hay más. El Ministerio de Industria está autorizado a complementar este programa de ayudas con otros 80 millones como máximo (por cantidades que corresponden a ejercicios anteriores) a través de una disposición adicional. La suma de estas partidas ascendería a 123 millones de euros. De ahí que el Gobierno regional pida un fondo extra de 100 millones más al considerar que el Estado no destina suficiente dinero para compensar esos costes por emisiones que tienen las industrias.
La Secretaría de Estado de Energía prevé ingresar este año 1.100 millones de euros por esas subastas frente a los 416 presupuestados en 2018. El motivo: la subida de precios de esos derechos, que han pasado de siete a 23,6 euros la tonelada. El secretario de Estado del ramo, José Domínguez Abascal, explicó ayer en el Congreso que de esa suma mil millones se destinarán a sufragar el sistema eléctrico y cien para actuaciones de transición energética.
El Principado anunció el martes que presentará una enmienda en el Congreso a las cuentas estatales para pedir ese fondo extra de 100 millones y fuentes del Ejecutivo asturiano incidieron ayer en que se trasladó la petición tanto al Gobierno como a la dirección política del partido en Asturias (la asturiana Adriana Lastra, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso y "número dos" del PSOE, dijo que "nadie del Principado se puso en contacto con el Grupo para plantear tal cosa"). El presidente del Principado, Javier Fernández, despachó directamente con la ministra de Industria, Reyes Maroto, mientras que el consejero de Industria, Isaac Pola, hizo lo propia con el líder de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, según las mismas fuentes.
Las declaraciones de Adriana Lastra sacaron sarpullidos en medios sindicales y políticos. "Nos parece absolutamente extraño que Adriana Lastra no se haya dado cuenta de que una partida presupuestaria tan importante como esta, destinada a las emisiones de CO2, se haya visto reducida a la mínima expresión. ¿Va usted, como diputada regional, a presentar una enmienda que suponga la incorporación de esos 100 millones de euros? ¿Sí o no?", planteó el secretario de Industria de CC OO en Asturias, Damián Manzano.
El diputado de Foro Pedro Leal, apuntó: "El circo socialista de la división y la enemistad entre el Grupo del Congreso, liderado por Adriana Lastra, y el Gobierno de Javier Fernández impiden tramitar los 100 millones de euros de ayudas a la industria electrointensiva que anunciaron. Todo esto demuestra que los mensajes desde el PSOE son un fraude, son pura propaganda y refleja la falta de compromiso con nuestra región". Leal incidió en que "el Principado, además, no reclamó la ejecución de los 150 millones de euros para ayudas inmediatas de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que tristemente se han perdido".
Isidro Martínez Oblanca, diputado nacional de Foro, advirtió ayer en el Congreso que "la incertidumbre industrial es preocupante porque en lugar de reindustrializar podemos estar en la antesala de las deslocalizaciones".
