La soga cada vez aprieta más. David Domenech, el nuevo propietario de Alu Ibérica, explicó ayer a la representación de los trabajadores, según indicaron estos mismos, que existe "un conflicto" entre Alcoa y Parter Capital, es decir, entre los anteriores dueños de las factorías de San Balandrán y La Coruña. Este "conflicto" tiene una fecha de resolución: el 28 de mayo. Entonces es cuando vence el plazo marcado en la cuenta escrow (depósito con condiciones abierto a instancias de la multinacional norteamericana). Las condiciones las tiene que cumplir el fondo que dirige Rüdiger Terhorst. "De no hacerlo, el contrato de compraventa quedaría roto", trasladaron los trabajadores. Sin embargo, según estos mismos, Grupo Industrial Riesgo tiene la solución: "Comprar a Parter el 25 por ciento restante de la empresa y seguir con el proyecto".
El problema de la cuenta escrow es grave: Alcoa se comprometió a hacer una serie de ingresos en las sociedades herederas del negocio (las plantas de Avilés y La Coruña son dos empresas autónomas). La multinacional norteamericana sostiene que el plazo que debía abonar estos días no lo puede llevar a cabo porque Parter ha vendido participaciones en Alu Ibérica. Parter cree que sí que puede hacerlo porque en el acuerdo final no se señalaba impedimento a este respecto. Así que Alcoa decidió congelar su parte de compromiso en la cuenta que vence el día 28. Y esta congelación trae consigo varios problemas: que las nóminas de los trabajadores queden en un veremos así como algunos pagos a proveedores. El domingo se paró la producción de tochos por un impago, tal como informó LA NUEVA ESPAÑA.
Los nuevos propietarios explicaron esta circunstancia ayer, durante una reunión a la que asistió David Domenech, el nuevo propietario, y dos de sus asesores externos: el abogado Guillermo Ruiz y el exdirector de Alcoa La Coruña: José Gil Pulpeiro. Los trabajadores escucharon palabras, pero no leyeron ninguna, es decir, echaron en falta, la documentación que sustente el plan industrial en tres fases que cuenta con una inversión total de 250 millones de euros, los primeros 25 de aquí a finales del año que viene, es decir, más allá de lo acordado en el convenio de julio de 2019. Ya advierten, sin embargo, de que este proyecto va a suponer una pérdida del 15 por ciento de los trabajadores que se desarrollaría a cuenta de un plan social no traumático.
Dice Riesgo en una nota: "El objetivo último de esta inversión es la viabilidad de la planta de Avilés y el futuro de sus 286 trabajadores, así como un compromiso de permanencia a largo plazo". Y también: "Si no trabajamos todos juntos, no será posible desarrollar el proyecto en esta planta. Necesitamos más confianza por parte del comité de empresa de Avilés, que apenas ha escuchado nuestro plan industrial hoy, ni las acciones que hemos llevado a cabo en el último mes".
Grupo Industrial Riesgo admitió que ha recibido "interesantes ofertas de compra desde el primer día", una información que desveló este periódico. Estas ofertas (al menos dos), sin embargo, no van a ser atendidas: "Nosotros estamos aquí con un compromiso a largo plazo y contamos con todos para desarrollar el proyecto". Los nuevos dueños creen "en el futuro de las plantas y de los trabajadores" de tal manera que están "pidiendo reuniones con las administraciones públicas locales y nacionales para contarles nuestro proyecto y ayudar así a la viabilidad de la fábrica". De momento, no han cerrado ninguna reunión.
Por otra parte, Lorena Gil, que es la portavoz de Podemos Asturies ha pedido "que el Ejecutivo asturiano solicite a la ministra Reyes Maroto la intervención de Alu Ibérica ante la delicada situación en la que se encuentra la plantilla de la planta de San Balandrán".
