Alerta en Alu Ibérica: trasladan el juicio de la Audiencia Nacional y los trabajadores se quedan a un paso del precipicio

La alarma suena ensordecedora en Alu Ibérica: la Audiencia Nacional ha suspendido el juicio previsto para este jueves. Lo traslada al 20 de mayo, dos meses antes de que terminen los dos años del plazo que se habían dado las partes en el negocio de compraventa de las plantas alumineras de Avilés y La Coruña. Es decir, los trabajadores consideran que la decisión de llevar a la primavera la vista les deja más cerca del precipicio, el final del camino que iniciaron cuando en enero de 2019 la multinacional Alcoa aceptó iniciar el proceso de venta de sus fábricas de aluminio primaria, un camino que, a modo de "cásting", concluyó el 31 de julio de ese año, cuando los nuevos dueños se comprometieron a mantener el empleo veinticuatro meses (hasta este próximo 31 de agosto)

La denuncia, que presentaron todos los sindicatos representados en los dos comités de empresa (Avilés y La Coruña), iba contra Alcoa, contra el fondo de capital suizo Parter Capital Group y la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo. Sucede que la operación de compraventa se desarrolló a través de una maraña de empresas pantalla (veintiséis en total). La suspensión del juicio se explica en este sentido: la Audiencia Nacional no pudo localizar a los representantes de todas y cada una de las sociedades pantalla y, en consecuencia, no pudo notificarles la celebración del juicio señalado para este jueves.

Concretamente, fueron cinco las que no recibieron el comunicado. A partir de ahí se abrió una segunda vía: la del edicto, es decir, la publicación de la notificación en medios de comunicación públicos o privados o, incluso, en el tablón de anuncios oficial de la Audiencia. Como consecuencia de este paso, aparecieron dos de las cinco sociedades en paradero desconocido. Lo que han hecho a posteriori es reclamar tiempo para poder estudiar la reclamación de los trabajadores. Y lo han obtenido: de momento, la nueva cita es el 20 de mayo.

Sin embargo, esta no es la única vía judicial abierta como consecuencia de la compraventa: también hay una querella admitida a trámite y que va a ir por la vía penal.