La sociedad estatal Sepides, propietaria de los terrenos de la extinta Ensidesa, no ve injerencia alguna en el procedimiento de licitación del contrato de demolición de las Baterías de Avilés. Los integrantes de la mesa de contratación niegan conocer ni haber tenido relación alguna con el exsecretario general del PSOE avilesino, Álvaro Álvarez, denunciado ante Fiscalía por ofrecerse presuntamente a interceder a favor de la UTE Lezama-Los Álamos en el expediente de contratación a cambio de una cantidad económica. Como informó este periódico, Sepides ha suspendido el proceso de contratación a la espera de un informe de la Abogacía General del Estado para que se pronuncie sobre el asunto “de conformidad con los criterios de transparencia y rigor jurídico”. Será ese informe el que determine si se sigue adelante con la adjudicación.
La empresa pública, dependiente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), publicó ayer en la Plataforma de Contratación del Sector Público las actas de las últimas reuniones, en las que se detalla el caso que ha acabado en la Fiscalía de Avilés y que salpica al exviceconsejero Álvaro Álvarez. Una de esas reuniones se celebró el pasado 13 de enero. El presidente de la mesa de contratación informó que el día anterior, un portavoz de una de las empresas que optan al contrato de desmantelamiento comunicó a Sepides, mediante una llamada telefónica, que un tercero ajeno a la sociedad (Álvaro Álvarez) se había puesto en contacto con uno de sus empleados para realizarle una propuesta de interceder a su favor en el expediente de contratación a cambio de una cantidad económica. Esa propuesta, que Álvarez niega, se habría producido el 31 de diciembre.
El mismo presidente de la mesa de contratación contactó con ese mimo con el empleado que había comunicado los hechos, quien identificó a Álvaro Álvarez como la persona que le había hecho el ofrecimiento. Según el acta de la esa reunión del 13 de febrero, “todos y cada uno” de los miembros de la Mesa reiteraron no haber sufrido ningún tipo de injerencia. También manifestaron “no conocer ni haber tenido relación alguna con la persona identificada”. No obstante, por si estos hechos pudiesen constituir algún tipo de delito, decidieron por unanimidad ponerlos en conocimiento del Comité de Prevención de Delitos del grupo, como establece el Código de Conducta.
A continuación, se procedió a la apertura de las ofertas económicas y de los criterios que se evalúan de forma automática, si bien se acordó no formular propuesta de contratación en tanto en cuanto no finalice la investigación por parte del Comité de Prevención. Como informó este periódico, la UTE Lezama Los Álamos obtuvo la mayor puntuación y la suya es la segunda mejor oferta económica de las tres candidatas, por detrás de Erri Berri, aunque con muy poca diferencia.
El equipo de asistencia técnica en la contratación –la denominada mesa de contratación– se reunió de nuevo hace una semana, el pasado día 5. Su presidente comunicó que, tras la investigación efectuada por el Comité de Prevención de Delitos del Grupo, no se ha acreditado la comisión de ninguna actuación irregular por parte de los miembros de la mesa, concluyendo que “se ha actuado conforme a la Ley”. Tampoco existen motivos o pruebas que permitan relacionar a alguna persona de la mesa de contratación o al personal relacionado con la licitación con los hechos denunciados o con Álvaro Álvarez. Y, por último, tampoco se advierte que el personal de la empresa que denunció los hechos haya incurrido en conducta delictiva alguna. No obstante, se denunciaron los hechos ante la Fiscalía para que realice las investigaciones oportunas en cumplimiento de los protocolos internos y “para garantizar la transparencia y la pulcritud del procedimiento, así como el buen nombre de la sociedad”.
A la espera del informe de la Abogacía del Estado, el proceso de licitación ya va con retraso. A estas alturas debería de conocerse ya el nombre de la empresa propuesta para el contrato.
