El Consejero de Industria, Enrique Fernández, resumió la agenda de su departamento al respecto de la crisis abierta en Alu Ibérica con una única frase: “Nuestro cometido es sacar a Riesgo de ahí y desenmascarar a Alcoa”. La pronunció ayer durante su intervención ante la comisión de Industria de la Junta General del Principado, a resultas de una pregunta formulada por la diputada de Podemos Nuria Rodríguez.
“Defendemos la anulación de los acuerdos de 2019 porque, de una vez por todas, la planta de Avilés precisa de un inversor solvente”, añadió el responsable de la política industrial del Principado. Esto tiene un camino: “Apoyamos, tal cual nos ha instado la Junta General del Principado, la intervención de la SEPI”, es decir, la nacionalización, aunque una nacionalización utilitarista: que el Estado busque un nuevo dueño fiable porque el actual –la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo– es todo menos fiable. “No es que a mí guste darles la categoría ni de Grupo, ni de Industrial, aunque sí de riesgo”, apostilló antes de reivindicar el trabajo llevado a cabo por su departamento en lo que va de crisis: desde la formalización de la venta de las fábricas alumineras de Avilés y La Coruña por parte de Alcoa a Parter y hasta la reventa por parte de estos a la entidad que controla David Domenech, encausado en la Audiencia Nacional por, entre otros delitos, pertenencia a grupo criminal.
En esta línea, Fernández insinuó que el nombramiento del nuevo director general de Alu Ibérica –Carlos Núñez Zorrilla– obedece a una estrategia urdida por su antecesor en el cargo (Domenech firmaba sus comunicaciones hasta hace nada con ese cargo) para atender las derivadas de la querella criminal presentada (y admitida a trámite) por la Confederación de Cuadros.
Fernández explicó a los diputados de la comisión de Industria el trabajo llevado a cabo por su departamento para controlar “desde sus competencias” la toma de control de Riesgo sobre Alu Ibérica.
Desveló, por ejemplo, que Guillermo Ruiz (este verano pasado, al frente de la comunicación de Domenech) envió un mail a la directora general de Industria, Rosana Prada, en el que culpaba al Principado “de la falta de credibilidad de la empresa”.
También señaló que hay un expediente abierto por la Inspectora de Trabajo “que podría derivar en una sanción” a resultas de una denuncia de los trabajadores. A raíz de esta denuncia, tres empleados de Avilés fueron sancionados sin empleo y sueldo, precisamente, por atender a la Inspectora. De este tenor, aseguró Fernández, son los despidos de tres miembros del comité de empresa de La Coruña, incluido su presidente, y un delegado sindical. Este, ayer, aseguró en una rueda de prensa a las puertas de la fábrica gallega, tuvo que contratar los servicios de un notario (de Arteixo) para que le entregaran la carta de despido que no tenía pese a que la empresa le había dado de baja en la Seguridad Social el día 11.
Respecto a la estrategia de futuro, pidió a todas las partes ir “codo con codo” para solucionar la crisis que pasa por “quitar la careta” de Alcoa: “No sólo no quería producir aluminio primario, si no que quería que nadie lo pudiera producir. La solución de Alcoa Lugo, en próximos días, abrirá el camino a Alu Ibérica”, concluyó.
