Un año ya. Este jueves que viene se cumple el primer aniversario de la llegada de la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo a las fábricas de aluminio de Avilés y de La Coruña. Y, desde entonces, el futuro del sector está contra las cuerdas: la producción ha caído a niveles de casi cero toneladas diarias, los dueños han decidido retrasar pagos o, simplemente, dejar de realizarlos; su supuesto plan industrial se ha quedado en una presentación de PowerPoint y la Audiencia Nacional ha empezado a investigar a los dueños de las compañías desde el 15 de abril del año pasado como presuntos autores de una “despatrimonialización fraudulenta” de las sociedades hasta el punto de que la Policía Nacional detuvo a Víctor Rubén Domenech (David), a Alexandra Camacho, a Luis Losada Gómez y a Diego Peris Sirvent y los soltó una noche después, pero habiéndoles quitado el pasaporte y obligándoles a dar fe de vida en los juzgados todos los meses. Y, mientras tanto, el Ministerio de Industria, que avaló la primera venta de las fábricas (de la multinacional Alcoa al fondo Parter Capital Group) no se manifiesta. El 31 de julio próximo termina el período de transición: a partir de entonces, Alcoa dejará de mantener la operación con sus inyecciones de dinero trimestrales y se abren las puertas a los despidos. Hay en Avilés casi trescientas personas (y sus respectivas familias) con el alma en el mismo hilo del riesgo de convivir con Riesgo, que es como se llama el ente no registrado que está contribuyendo a que en España se deje de producir aluminio para siempre.
La llegada.
“Me conecté para participar en una reunión telemática ordinaria y ya no estaban los de Parter. Había un abogado que representaba al Grupo Riesgo”, aseguró José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité de empresa de Alu Ibérica Avilés. Supo entonces que la operación de venta del 75 por ciento de las plantas se había formalizado hacía “mes y medio”, que no se divulgó “por cuestiones de contratos de confidencialidad” y que “se empezó a cocinar en septiembre de 2019”, un mes después de que se hubiera producido la venta por parte de Alcoa de sus instalaciones en A Grela (La Coruña) y San Balandrán (Avilés) al fondo que dirige Rüdiger Terhost. Esto fue el 15 de abril de 2020.
La primera promesa.
“Venimos para quedarnos, mantendremos los puestos de trabajo y vamos a impulsar el negocio para convertirlo en la referencia industrial del aluminio en el sur de Europa. Es lo que siempre quisimos hacer y por fin vamos a hacerlo”, señalaron los portavoces de Grupo Industrial Riesgo a través de una nota de prensa. Nadie conocía la sociedad (tenía negocios de droguería, de hostelería, había participado en el “cásting” que había abierto Alcoa para la venta de las fábricas, pero fue rechazado de los primeros).
La sorpresa.
Enrique Fernández, el Consejero de Industria, explicó el día 16 de abril: “Recibimos la noticia de la venta con total sorpresa y cierto malestar”. Añadió: “Ninguna de las partes tenía información de esa operación”. Y concluyó: “La operación no se ha podido realizar en momento más inoportuno en el que todos estamos a otras cosas que son, principalmente, salvar vidas”. La Ministra de Industria, Reyes Maroto, –avalista de la venta de Alcoa a Parter– dijo que estaban sorprendidos, que la última vez que habían sabido de Parter Capital había sido en febrero de 2020 y que entonces les habían dicho que “estaban buscando un socio”. Luego admitió que “no tenía conocimiento de la compra” de Alu Ibérica por parte de Riesgo.
La segunda promesa.
El día 21 de abril –seis después de saberse de la llegada Riesgo– se supo que la entidad comercial de Víctor Rubén Domenech se había reunido con el Consejero Enrique Fernández y con los alcaldes de Avilés y Gozón: Mariví Monteserín y Jorge Suárez. A través de una nota de prensa aseguró que les había explicado su plan de futuro. La compañía “propuso al Ayuntamiento de Avilés conformar una mesa técnica conjunta para mantener una transparencia continua sobre los logros y dificultades que se vayan presentando en el día a día del proyecto”. Ni se ha convocado, ni se ha reunido, ni existe.
Las exigencias.
En el transcurso de una reunión telemática del grupo anticovid de la Junta General del Principado, el 23 de abril, la diputada de Ciudadanos Susana Fernández (entonces no era todavía portavoz de su grupo) preguntó a Enrique Fernández por dónde iban los tiros de las exigencias a Riesgo. Fernández respondió: “Estamos pendientes de que Alcoa y el Ministerio de Industria respondan si la operación es válida o no”, dijo. “Nos consta que desde el Ministerio se está en contacto con Alcoa”, recalcó. “En todo caso, el mal menor de toda esta historia, hoy por hoy, es que el Grupo Industrial Riesgo asume los compromisos de Parter. Dice que va a garantizar el empleo y también que va a hacer un proyecto de modernización y de potenciación industrial de la factoría. Ante esta situación, y mientras se diluyen las dudas jurídicas que tenemos respecto al acuerdo inicial, lo que les hemos pedido es que, si esos son sus objetivos, que podemos estar de acuerdo, pero que los queremos ver. Aquí, el nivel de desconfianza, el nivel de supervisión del proyecto industrial de Avilés se ha intensificado porque lo que al final todas las partes queremos es que allí se desarrolle un proyecto industrial y no haya operaciones especulativas”.
Alcoa.
Una portavoz de Alcoa aseguró que su empresa había notificado a Parter que “la operación de venta de la mayoría accionarial en las plantas incumple el acuerdo adquirido”. Y añadió: “Nosotros no conocíamos que se estaba fraguando esta operación”. Esto fue el 24 de abril. El 8 de mayo anunció que habían decidido congelar (a través de un crédito escrow) el dinero que tenía que pagar a Parter (se había comprometido con 100 millones en dos años) en virtud del siguiente razonamiento: el abono se iba a hacer a Parter y si Parter desaparece, el compromiso de Alcoa también. Le duró poco la decisión: el 8 de junio liberó los pagos. “Parter y Grupo Riesgo se han comprometido a mantener los términos del acuerdo de venta de las plantas de Avilés y La Coruña y, como resultado, el notario va a liberar los fondos que se ingresaron en una cuenta de depósito en garantía a las sociedades de Alu Ibérica”, decían.
La falta de producción.
La producción de aluminio cayó dos tercios desde que salió de la planta avilesina la multinacional Alcoa, esto es, en julio de 2019. La caída ha ido de las 58.500 toneladas de 2018 (el último ejercicio con responsabilidad completa de la multinacional norteamericana) a las 20.000 de promedio de 2020 (con la gestión compartida entre Parter y Riesgo). En 2019, que es un ejercicio que hicieron a medias Alcoa y Parter, la producción fue de 30.400 toneladas de tocho. Esto se agrava desde este pasado 4 marzo, desde la entrada de la Policía. Nadie en Alu Ibérica decide nada. Ni la empresa, ni los políticos.
