El Gobierno de España ha decidido personarse como parte interesada en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra el acuerdo de compraventa de las fábricas de aluminio de Avilés y de La Coruña.
Esta es la segunda personación del Ministerio de Industria en un proceso relacionado con la operación de desprendimiento de fábricas llevada a cabo por Alcoa (la otra, fue contra el expediente de extinción de empleo en la planta de San Ciprián de la multinacional).
La de Avilés y La Coruña es la causa por la que terminaron siendo detenidos Víctor Rubén Domenech, Alexandra Camacho, Luis Losada y Diego Peris, los mandos principales de la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo, la que hace un año y unos días accedió al control de la fábricas tras un polémico intercambio de acciones que ahora está "subjúdice". A los cuatro jefes se les imputan delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, asociación criminal y contra los derechos de los trabajadores.
La titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional dictó medidas cautelares contra los cuatro de tal modo que les retiró los pasaportes, prohibiéndoles salir de territorio nacional.
Las detenciones se produjeron en el marco de una operación que el 4 de marzo incluyó 11 registros en domicilios de personas físicas y jurídicas, entre ellos los propios centros de producción y un despacho de abogados. Estas investigaciones perseguían la obtención de pruebas y participaron más de 100 agentes de la Policía Nacional, además de integrantes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
