El caso “Alcoa”, el que trata de desentrañar si la multinacional norteamericana, el fondo Parter Capital Group y la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo acordaron una presunta despatrimonialización fraudulenta de las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña, está pendiente de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional presente el informe que está realizando después de la entrada en las instalaciones fabriles el pasado 4 de marzo.
Es esta razón de que el sumario que instruye la magistrada titular del Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional se mantenga bajo secreto: salvaguardar las pruebas recabadas en los distintos registros (no sólo en Avilés y en La Coruña, en una decena más de domicilios sociales correspondientes a las distintas empresas pantalla relacionadas con las tres sociedades investigadas).
Lo previsto es que este informe se presente de manera inmediata. A continuación la instrucción entraría en el proceso de declaraciones de las personas de interés para el desarrollo de la causa. Por el momento, la jueza ordenó detener (aunque, posteriormente, los puso en libertad) a Víctor Rubén Domenech (que también responde por David), a Alexandra Camacho, a Luis Losada y a Diego Peris.
La mayor novedad de la causa ha sido la entrada del Gobierno de España, circunstancia que ha conseguido el aplauso sindical. Los intereses públicos van en el delito de insolvencia punible en lo que respecta a las subvenciones millonarias de las que se beneficiaron.
Nuevos impagos de la nómina
Los gerentes de la empresa Alu Ibérica, que es la que explota las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña, no han pagado lo que deben a sus trabajadores, es decir, su nómina. Lo cuentan los sindicatos, pero también los afectados. Tenían que haberlo hecho el miércoles y ayer no habían hecho transferencia alguna. Ni siquiera para el personal de fundición, que otros meses estaban casi al día.
