El juicio contra los incumplimientos de los acuerdos de enero de 2019 relativos a la venta de las factorías alumineras de Avilés y La Coruña está visto para sentencia en la sala de lo social de la Audiencia Nacional. El plazo para que los abogados de todas las partes –la multinacional Alcoa, las dos fábricas de Alu Ibérica y los sindicatos- presentaran sus conclusiones terminó este viernes.
Los trabajadores sostienen que Alcoa abandonó el acuerdo, dejando el desarrollo de la hoja de ruta en manos, primero, de Parter Capital Group –que no se personó en la vista– y, después, de Grupo Industrial Riesgo. En consecuencia, “la multinacional es la responsable de la crisis del aluminio”, que está a punto de cumplir dos años. Alcoa, sin embargo, mantiene que el acuerdo que suscribió (la venta o el despido colectivo) se terminó el 4 de julio de 2019, que es cuando selló el traspaso de las fábricas que, finalmente, se materializó el 31 de aquel mismo mes. En todo caso, determinar la naturaleza de ese acuerdo, que cerraba el período de consultas del expediente de despido colectivo que Alcoa había presentado en el otoño de 2018, es lo que está ahora en manos de los jueces.
La multinacional defendió que tenía que cerrar porque no podía seguir produciendo aluminio electrolítico si no se subvencionaba su factura eléctrica (el 40 por ciento del gasto por tonelada de metal, aseguran, proviene de la energía). Por eso el 15 de enero de 2019 la multinacional y los sindicatos acordaron dos cosas: la venta de las fábricas a un grupo “serio, solvente y riguroso” y, si no lo encontraba, el despido de los trabajadores con unas condiciones ventajosas sobre las marcadas por ley. Además, la multinacional se comprometió a dotar a esa empresa del dinero suficiente para que los trabajadores pudieran cobrar sus nóminas. Pero no sólo para eso, Alcoa también prometió entregar dinero que el comprador tenía que destinar a inversiones en las fábricas. La primera parte se ha ido produciendo (a trompicones), pero la segunda no porque Parter nunca reclamó a Alcoa el dinero para esas inversiones. Esto es, al menos, lo que defendieron los sindicatos en la vista que se celebró la semana pasada en Madrid.
Otro punto que los trabajadores consideran que no se ha cumplido es el que se refiere a la reventa de las fábricas. Eso era una acción prohibida expresamente en el contrato sellado entre la multinacional y la empresa pantalla que creó Parter para hacerse con las plantas. Y eso, la reventa, es la que se selló en abril de 2020, en plena pandemia, una operación que, además, comenzó a fraguar en septiembre de 2019, es decir, unas pocas semanas después de que Parter comenzara a controlar las plantas. Y ante esto, no reaccionó Alcoa.
Lo que dicen los trabajadores es que la multinacional dejó que se produjera una acción que habían acordado –está en el contrato– prohibir expresamente. Lo cierto es que Alcoa ha demandado a Parter y que retuvo uno de los plazos acordados durante algunas semanas, pero después levantó el veto a ese dinero retenido. Públicamente dijo que Riesgo asumía el contrato que habían sellado Alcoa y Parter. Y eso le valía. Lo que sucede es que los trabajadores reprochan a la multinacional que después de llegar Riesgo haya vuelto a abandonar el deber de vigilar el cumplimiento del contrato.
Toda esta línea argumental es la que tiene que juzgar la sala de lo social de la Audiencia Nacional, en lo que supone el primer frente judicial abierto en la crisis del aluminio. El otro es de ámbito penal. Otro juzgado de la misma Audiencia Nacional investiga cómo pudo ser que una empresa como System Management Capital (ahora Iberian Green Aluminum) pagase 13 millones por unas fábricas que habían costado a Parter un simbólico dólar americano sólo unos meses antes.
