La multinacional norteamericana Alcoa, condenada por la Audiencia Nacional por no cumplir el acuerdo que selló con sus trabajadores en enero de 2019, anunció ayer que irá al Tribunal Supremo para buscar el reconocimiento de los derechos que considera cercenados por la sala de lo social central. “Alcoa no puede ser considerada responsable de los incumplimientos en los que puedan haber incurrido terceros de las obligaciones que asumieron en el contrato de compraventa de las plantas”, apunta.
El juez José Pablo Aramendi, que fue el ponente de la sentencia que ahora anuncia Alcoa que va a impugnar, asegura: “Lo que resulta relevante es que la compradora, que se identificaba como un inversor profesional que posee la experiencia, conocimientos y experiencia necesaria para realizar este tipo de operaciones y está familiarizado con el sector en el que operan las compañías y ha recibido asesoramiento profesional sobre dicho sector y sobre la operación, no hubiera sido capaz por ella misma de emprender las tareas que se identifican en dicho contrato de servicios, ni siquiera los de administración comercial, ventas y gestión de nóminas”.
La antigua gestora de las fábricas –calificada en la sentencia como “verdadero empresario” actual– señala también que “Alcoa está analizando cómo afecta esta sentencia a su situación actual en España”. Y su situación es la siguiente: un intento de cierre de su planta de San Ciprián por orden del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y una condena por parte de la Audiencia aparte de una investigación penal sobre cómo se llevó a cabo la compraventa de las fábricas de Avilés y de La Coruña.
Alcoa cuando se hizo con la empresa pública Inespal –en 1997– se quedó con más de una docena de fábricas de aluminio: ahora sólo tienen una y otra de alúmina.
Señala la multinacional en una extensa nota de prensa: “El proceso de venta de las dos plantas fue supervisado y avalado en todo momento por el Ministerio de Industria y contó con el respaldo de los gobiernos regionales de Asturias y Galicia y de los representantes de los trabajadores, quienes revisaron el plan industrial de Parter”. Los trabajadores recuerdan que el 4 de julio de 2019 estuvo a punto de romperse el acuerdo de venta porque los trabajadores se negaban a avalar la venta (no la habían negociado ellos, Alcoa se había reservado esa potestad). “Gracias a que no avalamos nada, hemos conseguido que se reconozcan los derechos que salieron del acuerdo”, señalan los trabajadores.
“Esta sentencia pone de manifiesto los riesgos de una venta de unas plantas estructuralmente inviables en la que el vendedor es el que contribuye económicamente en la transacción, a pesar de contar con la supervisión de todos los actores involucrados en el proceso”, reconoce la compañía multinacional experta en producción de aluminio. La situación de este metal en el mercado internacional cada día es más próspera.
“Alcoa en todo momento ha dado cumplimiento a los compromisos adquiridos y ha tratado de dar una oportunidad de reindustrialización a unas plantas afectadas por dificultades estructurales”, apuntan. Los trabajadores acuden a la sentencia: “Parter, su elección, no era seria, solvente y rigurosa”.
