Alcoa permitió que Parter Capital Group se hiciera con el control de las fábricas de aluminio que había puesto a la venta porque la multinacional se convirtió en avalista de la operación sometida ahora al escrutinio judicial. Es decir, el fondo suizo capitaneado por Rüdiger Terhost, pudo comprar las fábricas de aluminio porque logró que Alcoa facilitara que los financieros helvéticos consiguieran el dinero que ella misma, la multinacional norteamericana, estaba reclamando.
Para entender esta compleja operación hay que viajar al pasado: a finales de junio de 2019. Unos días antes de que acabara el plazo que Alcoa había impuesto para vender sus fábricas a inversores “serios, solventes y rigurosos” sólo Parter Capital Group había llegado a la final del casting. Lo había hecho porque eran los únicos que, decían entonces, estaban interesados en las dos fábricas (los otros inversores tocados sólo se interesaban por una de ellas, principalmente, por la de Avilés).
Llega entonces el momento de cerrar la operación: Alcoa pide un aval de 27 millones por las dos plantas. Parter dice que no tiene dinero, pero que le den unas semanas y que lo consigue. Así fue: la multinacional amplía el plazo. Dice que el 31 de julio de 2019 es la fecha límite: si no está el dinero, los trabajadores tendrán que acogerse al plan social (el despido).
El ponente de la sentencia de la sala de lo social de la Audiencia Nacional, el juez Pablo Aramendi Sánchez, explica en el apartado décimo séptimo de los hechos probados que el 31 de julio de aquel año 2019, el “Banco de Santander expide una póliza de crédito en favor de Alcoa Inespal Avilés [denominación social de la fábrica de San Balandrán] de 13.500.000 euros.” Y, además, ese mismo día consigue la multinacional otra póliza de crédito idéntica “en favor de Alcoa Inespal Coruña”.
Una póliza de crédito es como una hucha que una entidad bancaria concede a una empresa para que esta tenga acceso al dinero circulante en momentos extremos. Es un producto semejante a un préstamo. La diferencia entre uno y otra es que con la póliza el beneficiario no recibe el dinero concedido de manera inmediata.
Continúa la sentencia, en el apartado décimo octavo de los hechos probados, que el mismo día 31 de julio en que consigue las dos pólizas de crédito, Alcoa comunica a los representantes sindicales a través de un correo electrónico “la conclusión del proceso de venta”. ¿Qué ha sucedido? La sentencia lo explica con claridad: “el correo electrónico “señala que las condiciones negociadas con Parter en el contrato de 5-7-2019 relativas a la financiación se han cumplido mediante una póliza de crédito del Banco de Santander de 27 millones de euros [13,5 millones por fábrica] por lo que la venta se ha ejecutado en el día de hoy”.
Y añade: “Se indica expresamente que la línea de crédito concedida por el Banco está otorgada de forma irrevocable y en condiciones de mercado y garantizada por la liquidez de cada una de las sociedades en sus respectivas cuentas después de la contribución realizada por Alcoa”.
El relato de la sentencia no se queda ahí. En el punto undécimo del mismo apartado correspondiente a los hechos probados se puede leer: “En la cláusula 8.5 [del contrato de compraventa] se hacía mención a la entrega por parte del vendedor al comprador de avales en beneficio de las compañías y que el comprador a lo sumo a los seis meses de la fecha de cierre del contrato proporcionará un avalista que sustituyera el del vendedor y caso de no ser posible entregaría un contra aval”. ¿Sucedió?
En el apartado décimo noveno de la misma parte correspondiente a los hechos probados se indica: “El 25-10-2019 entre Parter y Alcoa se suscribe un Acuerdo de Compensación que se justifica en el reconocimiento de que por la primera y en favor de la segunda existen obligaciones de pagos pendientes por importe de 9.515.008 USD (dólares americanos). Convienen en que para su compensación por Alcoa se retendrán los pagos de clientes pendientes de realizar”. Es decir, Parter no puede hacer frente a su deuda y su casero, la multinacional, se queda con parte de los ingresos que le correspondían. Esto lo explica el juez para ilustrar que la multinacional nunca dejó de ser el “empresario” de San Balandrán.
Producción
El representante de la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo en Avilés ordenó ayer a los trabajadores reducir a sólo un octavo la producción de aluminio fundido de la fábrica. Es decir: a unas 75 toneladas diarias. La fábrica está dotada de ocho hornos de fusión. Seis no funcionaban por orden de los dueños actuales de las fábricas. Ayer se paró uno de los dos que quedaban funcionando. Todo esto, después de que se conociera, a través de LA NUEVA ESPAÑA, que la Audiencia Nacional iba a retirar la gestión de la compañía a través de un administrador judicial.
