“Lo que ha quedado claro es que el zorro no debe custodiar el gallinero”. Alfonso Freire, el abogado de la Asociación Profesional de Cuadros (APC), que agrupa a mandos intermedios y la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), echa mano del refranero español para resumir en una sola frase su interpretación de la sentencia de la sala social de la Audiencia Nacional sobre la venta fallida de las fábricas de Alcoa de Avilés y La Coruña, favorable a los trabajadores, y las demoledoras conclusiones a las que, según los primeros indicios, han llegado los interventores judiciales que el mismo órgano judicial, pero en este caso por la vía penal, ha mandado fiscalizar las operaciones económicas que realizan los gestores de las plantas, el equipo de Grupo Riesgo Industrial.
Freire, en declaraciones a una emisora de radio gallega, hizo saber que la Asociación Profesional de Cuadros ha pedido la comparecencia de los interventores en la cumbre judicial convocada para el próximo miércoles en Madrid, previa a la toma de decisión con respecto al muy probable nombramiento de administradores judiciales que asuman el control total de las fábricas. El letrado explica que la petición de comparecencia de los interventores tiene tres objetivos: “Ratificar su informe, aclarar las posibles dudas de las partes y proteger los derechos de los que han venido siendo los gestores de las plantas de Alu Ibérica; esto es, evitar que se produzca indefensión”.
En base al informe elaborado por los interventores sobre lo que han averiguado y podido constatar durante las semanas que han estado fiscalizando las operativas comerciales y financieras de las factorías de Alu Ibérica, el abogado del asociación de cuadros aprecia “indicios de despatrimonialización y perjuicio a los trabajadores, además de presunta desobediencia a las directrices marcadas por la Justicia”. Así mismo, “aunque para llegar a esta conclusión no hace falta haber leído el informe de los interventores”, Freire aprecia “apartamiento de los técnicos de sus funciones administrativas y productivas (fueros relegados o sustituidos por otros) y de ahí vino la falta de ocupación efectiva de la plantilla”.
El letrado no ve otra salida que la imposición de una administración judicial de las fábricas dado el “grado de deterioro de las mismas y el riesgo de daños patrimoniales y técnicos irreversibles”. Esa figura supondría, explica, “el cese inmediato de los actuales órganos de administración y su sustitución por uno judicial que tendrá finalidad conservativa, verificativa y, caso de determinarse un estado de insolvencia, debería actuar en consecuencia”.
El papel de los trabajadores en la previsible etapa de administración judicial, relata Alfonso Freire, no es otro que “acudir a los puestos de trabajo y conservar el derecho a ser retribuidos, así como el empleo propiamente dicho”. Respecto a Alcoa, la compañía que vendió las fábricas y que queda señalada en la sentencia de la sala de lo social de la Audiencia Nacional como responsable de esa operación fallida, Freire apela a la “exigencia de responsabilidades”. Ya por último, de las administraciones públicas, los cuadros esperan que colaboren en hacer posible un periodo de transición dirigido a salvar la actividad de las plantas dando “soporte al mismo y contribuyendo con las ayudas precisas a prestar auxilio”.
