La multinacional Alcoa reclama al Grupo Industrial Riesgo y a Parter Capital Group 40 millones de euros en concepto de daños y perjuicios porque considera que el negocio de compraventa de las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña que hicieron las dos entidades comerciales incumple el contrato de compraventa que, a su vez, habían firmado la propia multinacional con el fondo suizo dirigido por Rüdiger Terhost. Y es que sostienen que en el contrato –que se celebró en abril de 2020– hay una cláusula que prohibe la operación que investiga la Audiencia Nacional (tomar dinero de la fábrica para comprar esa misma fábrica). De hecho consideran este movimiento tan ilegal como nulo.
Esto se lo comunica la multinacional a Riesgo y Parter este pasado mes de junio a través de una carta. Un año antes, sin embargo, Alcoa había aceptado el cambio de acciones porque dijo que la entidad comercial Riesgo le había comunicado que los compromisos suscritos por Parter en julio de 2019 (el inicio del período de protección, que se acaba en quince días) iban a ser sus propios compromisos.
Los incumplimientos de los actuales propietarios, a juicio de la multinacional, devienen en los daños y perjuicios que valoran en una cifra igual a los pagos que Alcoa realizó en los meses que van de abril de 2020 al momento presente, es decir, los casi 40 millones de euros que en principio reclaman por las buenas, pero que anuncian que los solicitarán no tardando mucho por la vía judicial.
Los incumplimientos que relaciona Alcoa al respecto de la reventa de sus fábricas van más allá de las acciones recogidas en el contrato que sellaron con Parter Capital Group (a través de la sociedad Blue Motion). Dicen que el informe de los interventores judiciales de las empresas relacionadas con las fábricas les han abierto los ojos.
Y es que en el informe que obra en manos de la Audiencia Nacional se señala que Grupo Riesgo celebró contratos a través de empresas del propio grupo y no puede. Además, considera que los sueldos de algunos jefes (la más destacada es Alexandra Carrasco, socia del dueño de Riesgo, David Domenech) son desorbitados y pueden dar que pensar que es el método elegido para “descapitalizar” la fábrica.
En este mismo orden de cosas, la multinacional rechaza la pretensión de David Domenech de que se haga cargo de la devolución de las ayudas públicas por las emisiones de CO2 de 2016, 2017 y 2018. Alcoa no acepta la última devolución.
