El domingo que viene termina el período de protección a los trabajadores de Alu Ibérica (antigua Alcoa), un período de dos años que había previsto el contrato de compraventa de las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña que celebraron el 31 de julio de 2019 la multinacional Alcoa y el fondo suizo Parter Capital Group, el que dirige Rüdiger Terhost.
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Esto supone que el domingo que viene los trabajadores pasan al “limbo” y los actuales propietarios de las fábricas –la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo lo es desde abril del año pasado– tiene vía libre para decidir sobre el porvenir de sus sociedades: el desguace, la segregación, la fusión...
Y, además, sobre su personal (por el momento no ha anunciado nada en este sentido, pero cuenta con el informe que encargó a la consultora FTI Consulting y que recomienda el despido masivo de su plantilla e, incluso, el cierre de la fábrica de La Coruña).
Este porvenir enigmático, por el momento, tiene que pasar por el despacho de la magistrada titular de Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional, el de la magistrada María Tardón. Y es que las compañías que explotan las fábricas (Alu Ibérica AVL y Alu Ibérica LC) están intervenidas judicialmente.
Los trabajadores esperan que la magistrada dé el paso siguiente y nombre un administración judicial. Los propietarios, por el contrario, pleitean para que esto no se produzca. El caso es que la fábrica de Avilés está “absolutamente parada”. Ayer, los trabajadores de la planta de reciclado terminó de vaciarla del todo.
La empresa había señalado el pasado día 23 de julio en un comunicado interno sin firmar “que se iniciará el mantenimiento de reparación de una avería en la planta de reciclado de chatarra”. Desde el día 8 pasado no sale un gramo de aluminio de esa instalación. Al estar anuladas las cubas electrolíticas desde la primavera de 2019, en Alu Ibérica no se produce nada desde hace casi tres semanas.
La empresa señala esta “ralentización” de la actividad como consecuencia de “retrasos en la compras de materias primas” a cuenta de las decisiones de los interventores. Es decir, es a la decisión judicial a la que achacan la situación de no haya carga efectiva de trabajo para su plantilla. A esto lo llaman “severo control”.
La avería que dice Alu Ibérica que va a reparar aprovechando la circunstancias es la de la bomba de metal de la planta de reciclado. Según fuentes consultadas, no es la bomba la que necesita una reparación: es el autotransformador, el ingenio que da energía a esa bomba. La necesidad de reparar el autotransformador viene de largo. Para llevarla a cabo se tiene que cambiar una pieza.
Esa pieza no viene a Avilés porque la empresa proveedora no está de acuerdo con la política de pagos de Alu Ibérica. Además, en caso de que estuviera de acuerdo, “tardarían varios meses en traerla”, es decir, que el porvenir de la plantilla no es el mejor de los posibles, apuntan desde la fábrica.
La falta de actividad se junta con la ausencia de perspectivas (los trabajadores no saben si van a seguir mano sobre mano más meses, no saben tampoco si los van a despedir, si van a seguir cobrando ahora que en siete días la multinacional Alcoa deja de tener compromisos con Grupo Industrial Riesgo y eso, a pesar de que hay una sentencia de la Audiencia Nacional que la obliga a devolver las condiciones del plan social a su antigua plantilla).
Los trabajadores de Alu Ibérica resisten en la fábrica de Avilés “como pueden”, con la sensación de haber sido olvidados por los responsables políticos que permitieron una operación comercial hace dos años que muy pronto se materializó fallida. Parter Capital Group, señala la sentencia de la Audiencia Nacional, no era el grupo “serio, riguroso y solvente” que había anunciado Alcoa y que había bendecido el Ministerio de Industria.
Y lo demostró cuando “en septiembre” de 2019, según los sindicatos, inició las negociaciones para deshacerse de las fábricas, una operación que se consumó en abril de 2020. A esto se añaden las peticiones no atendidas por las autoridades públicas de intervención en las plantas. El consejero de Industria reiteró este domingo que no se puede “porque el proceso está judicializado” y si lo está es, responden los sindicatos, “porque las autoridades no prestaban atención” a las demandas.
Sin permiso judicial para abonar la paga extra
La dirección de Alu Ibérica aseguró ayer que aún “no tiene permiso” judicial para abonar la paga extra de verano a sus empleados. Lo pidió oficialmente el día 16 de julio, es decir, un día después de la fecha marcada en el convenio colectivo. La representación sindical presentó el pasado día 19 una denuncia ante la Inspección de Trabajo a este respecto: que no tienen el dinero que les corresponde.
Los trabajadores reciben explicaciones de la empresa: que ellos tienen las manos atadas por la intervención judicial. “Pero dejan pasar la fecha de pago y, entonces, piden permiso”, les reprochan. La situación de los trabajadores linda “la desesperación”.
La falta de carga de trabajo, la falta de pago hace mella en el ánimo de los trabajadores de tal modo que a los problemas laborales se empiezan a sumar quiebras psicológicas. Así lo explican varios trabajadores consultados por este periódico. Los trabajadores han decidido concentrarse todas las mañanas delante de las oficinas de la fábrica de Avilés para reclamar lo que les deben.
La suma de deudas es larga: final de producción, cursos de formación carentes de relación con el trabajo de hacer aluminio, expedientes abiertos a algunos de los trabajadores, esperanzas no materializadas. La situación en que se encuentran, señalan, “no es justa” a pesar de que cuentan con una sentencia que les da la razón en sus reclamaciones (volver a las condiciones del plan social de enero de 2019 a la vista de que la venta no se produjo a un grupo “serio, solvente y riguroso”).