Los policías de la Unidad Central de Delincuencia Economía y Fiscal (UDEF) que investigan la madeja montada por los propietarios de las fábricas de Alu Ibérica (antigua Alcoa) sostienen que los hombres de Víctor Rubén Domenech (que también responde como David Domenech) se valieron de empresas interpuestas controladas por “testaferros” para llevar a cabo “ventas aparentes” que incluían “sobrecostes” para las factorías de hasta el 600 por ciento. Y lo hicieron con la finalidad de saquear los fondos de las empresas que habían adquirido y trasladar después ese dinero a cuentas bancarias abiertas en otro país.
Todo esto se trasluce de sendos oficios policiales a los que ha tenido acceso “El periódico de España”, diario del mismo grupo editor que LA NUEVA ESPAÑA. Los investigadores sostienen que Domenech y su socia, Alexandra Camacho –ambos imputados en el caso de despatrimonialización fraudulenta de las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña– llevaron presuntamente a cabo una serie de actuaciones con la finalidad de sustraer capitales de los centros de producción de aluminio en crisis desde hace ya casi tres años.
En concreto, el informe de la Policía Judicial sostiene que los integrantes de la presunta trama corrupta se sirvieron de una estructura societaria para fingir la existencia de sociedades mercantiles con las que llevaron a cabo “negocios ficticios pensados para extraer capitales de las cuentas corrientes de las plantas de producción de aluminio, que además en algunos casos presentan significativos lazos con conductas relacionadas con el blanqueo de los ilícitos que les reportó dicha actividad”..
El oficio policial de 14 de julio pone de manifiesto que los principales responsables de la presunta estafa utilizaron dos métodos para despatrimonializar las fábricas, que pudieron comprar pese a que no disponían del patrimonio suficiente, ya que las propias factorías que adquirieron les prestaron antes de la operación los mencionados 13 millones que necesitaban para hacerse con su control (a esto se llama “asistencia financiera”, un acto que recoge como prohibido la ley de Sociedades de Capital y que la propia defensa de Domenech reconoció en los días previos al nombramiento de Ramón Juega como administrador judicial de las fábricas).
En el primero de los operativos, sostiene la Policía, los hombres de Domenech utilizaron la empresa Logiplus Worldwide, que según los agentes se encargaría “de subcontratar para ambas plantas el suministro de equipos, materiales o servicios, aplicando unos notables incrementos del precio respecto al del proveedor original, y sin aportar valor añadido alguno”. Además, tal y como avanzó este diario, Logiplus sirvió para extraer más de medio millón de euros de la fábricas para comprar “bitcoins” a nombre de la sociedad Viña y Sentido, también en la órbita de los investigados.
En total, la fábrica de Avilés pagó 164 facturas a Logiplus por 3.963.119 euros. Se da la circunstancia de Logiplus presentó un expediente de extinción de empleo para todos sus trabajadores (14 limpiadores) con la excusa de una presunta insolvencia, es decir, porque Alu Ibérica no paga a Logiplus. En las cartas de despido de los afectados se señala el finiquito que les corresponde a cada uno, pero también se advierte de que no lo van a cobrar porque Logiplus no tiene cash.
Además de estas facturas a Logiplus, controlada ahora por una limpiadora vecina de Málaga que, según la Seguridad Social, actuaría como presunta testaferro, los policías también señalan 24 facturas al despacho de abogados Ackerman y Schwartz por 475.331 euros y 15 facturas a la Mercantil Droguería Lobos por un total de 21.670 euros.
La planta de La Coruña, por su parte, sufragó 133 facturas con un coste de 3.929.944 euros a Logiplus Worldwide, 31 facturas a Ackerman y Schwartz por 584.811 euros; y 10.497 euros a Droguería Lobos.
Los sindicatos reclaman a Alcoa la recolocación de 205 puestos comprometidos
La crisis del aluminio –la generada por las dos ventas consecutivas de las plantas que eran propiedad de Alcoa en Avilés y La Coruña– genera un nuevo fleco: el compromiso de la multinacional de no despedir a 205 trabajadores adscritos a mantenimiento, oficinas y la torre de pasta.
Los norteamericanos habían acordado el 15 de enero de 2019 que ponían a la venta sus plantas a una empresa “seria, solvente y rigurosa”. Para cuidarse en salud, la multinacional previó también la posibilidad de que la venta no se hubiera producido. En ese caso, indicó que despediría a la plantilla, menos a 205 personas que tendrían que dedicarse a la producción de aluminio secundario, es decir, fundir chatarra.
Sucede, sin embargo, que la venta se produjo y que la operación fue contestada por los sindicatos y también por una sentencia de la Audiencia Nacional (ahora en período de casación en el Supremo). La sentencia señala que dada la venta “fraudulenta”, en palabras de los representantes sindicales, los trabajadores tienen que volver al acuerdo social alternativo que se preveía (un despido de condiciones ventajosas).
Lo que los sindicatos han encontrado es un limbo en el que han quedado estos 205 que se quedarían con Alcoa (se desconoce sus nombres). Ante esta situación, las federaciones han citado a los norteamericanos ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (en Madrid) para aclarar el porvenir de los excluidos por la sentencia de esta primavera.
