Los propietarios de Alu Ibérica, Grupo Riesgo, presumían de reorientar las antiguas fábricas de Alcoa de La Coruña y Avilés hacia la moderna producción de aluminio circular, pero los movimientos circulares que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) describe en sus informes tienen poco que ver con el reciclado de metales. Las mercancías, eso sí, entraban a las fábricas y volvían a salir dejando en su recorrido jugosas cantidades de dinero en forma de sobrecostes que nutrían las cuentas de empresas intermediarias ligadas a la trama liderada por Víctor Rubén Domenech, dueño de Riesgo y su socia, Alexandra Camacho, exdirectora ejecutiva de Alu Ibérica. Así adquirieron un horno por el que Riesgo pagó unos 9.000 euros con cargo a los fondos de Alu Ibérica La Coruña y que posteriormente vendió a la otra planta de la misma empresa, la de Avilés, por más de 62.000. Es decir, la aluminera gallega se lo vendió siete veces más caro a su fábrica hermana, la de San Balandrán.
La jugada del horno permitió a Riesgo quedarse exactamente con 52.877 euros de Alu Ibérica sin más trabajo que unos pocos clicks en el ordenador. Mientras tanto, según los informes policiales a los que ha tenido acceso este periódico, iba agravándose el endeudamiento de las fábricas.
En esta treta entraron en juego dos actores principales de la trama: System Capital Management (actualmente Iberian Green Aluminum Company) y Logiplus Worldwide. La primera es la sociedad instrumental con la que Riesgo compró Alu Ibérica a Parter Capital el 8 de abril de 2020 –sólo unos meses después de recibir las factorías por parte de Alcoa: en julio de 2019–. Según figura en un informe de la UDEF al que ha tenido acceso este periódico, estos fondos “en última instancia procederían de la planta de Alu Ibérica LC (La Coruña)”. Es entonces cuando interviene Logiplus, la filial de Riesgo que entró en la fábrica como subcontrata de limpieza pero que actuaba también como central de compras. Esta sociedad vende el mismo horno a Alu Ibérica AVL –la planta de Avilés–, pero a un precio casi siete veces más alto: 62.457 euros. Se da la circunstancia de que Logiplus presentó un expediente de extinción de empleo de todos sus trabajadores aduciendo que no tiene solvencia porque las dos plantas de Alu Ibérica (que no producen desde el pasado 8 de julio, al menos) no pagan lo estipulado en el contrato auxiliar del que se hizo cargo esta empresa –entonces administrada por Diego Peris Sirvent, otro socio de Domenech y Camacho imputado en la causa penal abierta por los sindicatos por la Audiencia Nacional.
A golpe de transacciones con precios inflados y de facturas extendidas por negocios simulados, las sociedades de la órbita de Domenech generaron supuestamente “ímprobos beneficios” mientras conducían a las dos fábricas de Alu Ibérica a la insolvencia, situación por la que actualmente está a las puertas del preconcurso de acreedores, con los centros de producción cerrados y los 600 trabajadores a la espera de una suspensión temporal de empleo (ERTE).
En suma, el informe policial remitido a la jueza María Tardón, que instruye en caso de despatrimonialización fraudulenta de las fábricas en la Audiencia Nacional, pone en duda la legalidad de operaciones por valor de nueve millones de euros que las fábricas abonaron supuestamente a las empresas de la trama. Y apunta a que podría haber más. Con esta mecánica, la UDEF concluye que “se generaron artificialmente deudas para Alu Ibérica AVL y Alu Ibérica LC por importes de 810.300 euros y 622.205 euros respectivamente”. Casi un millón y medio de euros en conjunto.
La UDEF ha logrado reconstruir un total de 11 operaciones a partir de 20 facturas que consideran que sirven de base para que la magistrada valore la conducta de estas mercantiles pero añaden que hay “indicios de existir muchas otras”.
Blanqueo de capitales
Una vez que estos fondos detraídos de Alu Ibérica llegaban a la cuenta de Logiplus eran transferidos a otras empresas de la trama, como Lavanda Eco o GAF Franquicias y desde ellas una parte tenía como destino cuentas bancarias de un tercer país tituladas por la plataforma de compraventa de criptomonedas Kraken Paywards; “intuimos –dice el informe– que para su inversión en la adquisición de monedas virtuales”. Según adelantó “El Periódico de España”, del mismo grupo editorial que LA NUEVA ESPAÑA, Logiplus extrajo medio millón de euros de Alu Ibérica para la compra de bitcoins, lo que para la UDEF apunta a una operación de blanqueo de capitales.
