La fábrica de aluminio de Avilés vuelve a tener “novios”, pero de momento ninguno de ellos ha manifestado qué dote pretende ofrecer para hacerse con las instalaciones fabriles que desde el verano de 2019 explota la empresa Alu Ibérica (y desde 1997 hasta esa fecha, la multinacional norteamericana Alcoa). El administrador judicial de la planta de San Balandrán, el abogado y economista Ramón Juega Cuesta, admite haber atendido llamadas de varias empresas interesadas en hacerse con la aluminera, algunas, además, habían participado sin éxito en el “casting” que organizó la multinacional Alcoa durante el primer semestre de 2019 con el fin de elegir al comprador de sus instalaciones avilesinas –esta circunstancia está subrayada en el acuerdo de enero de 2019 por la propia compañía–. O sea, los candidatos que hace dos años entendieron que la planta de la orilla derecha de la ría podía ser viable se mantienen en esa apreciación. Sin embargo, ningún candidato ha puesto sobre la mesa una oferta concreta.
Ramón Juega actúa por mandato de la magistrada titular del Juzgado Central de instrucción de la Audiencia Nacional, la jueza María Tardón y es quien ha propuesto la necesidad de negociar un expediente de regulación temporal de empleo como medida última para salvar las instalaciones del huracán de deudas e impagos alimentado, presuntamente, por Víctor Rubén Domenech (que también responde como David Domenech) y su socia Alexandra Camacho. “Lo primero que hizo fue pagar las nóminas que nos debían los de Riesgo; después, negociar con nuestros acreedores: parece que todas sus acciones se encaminan a salvar las fábricas”, destacó José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité de empresa de la aluminera que esta misma mañana pretende dejar zanjada la regulación temporal de buena parte de la plantilla avilesina (actualmente está compuesta por 248 personas).
Juega se mueve con pies de plomo en la búsqueda de soluciones a la crisis del aluminio cuya mecha encendió la multinacional Alcoa hace ya tres años (17 de octubre de 2018). Entre los “novios” interesados por la fábrica de Avilés, el administrador ha encontrado que algunas empresas condicionan la presentación de su oferta a cómo termine la otra parte de la crisis del aluminio, la que se desarrolla en San Ciprián, en la provincia de Lugo: la multinacional presentó un despido colectivo para todos sus trabajadores gallegos que echó por tierra el Tribunal Superior de Galicia y, ayer se supo, también el Supremo. Alcoa ha asumido las consecuencias de su nuevo fracaso en los juzgados (lleva, al menos, tres), pero lo que hicieron fue decir que la fábrica luguesa sigue siendo ineficaz, más en el momento presente, cuando el precio de la energía eléctrica está por las nubes.
Algunas empresas interesadas en la compra condicionan la presentación de su oferta a cómo termine la otra parte de la crisis del aluminio, la que se desarrolla en San Ciprián (Lugo).
Este hecho, el casar el porvenir de Avilés con el de la Mariña, no es para Juega una opción eficiente para solucionar el porvenir de la fábrica avilesina. Por esta razón, el administrador judicial propone la regulación de la plantilla: para hacer tiempo.
Al hilo de esto, el delegado de María Tardón en la fábrica de Avilés, ha señalado que ha recibido la llamada de algunos fondos de capital riesgo (Parter Capital, el comprador elegido por Alcoa, lo era) que han planteado financiar la fábrica, pero a cambio de condiciones que la situación actual de Alu Ibérica no puede asumir porque se quedaría más hipotecada de lo que está. Por eso las ha rechazado.
El delegado judicial no descarta la intervención pública en la fábrica
El administrador judicial de la empresa Alu Ibérica en Avilés, el abogado y economista gallego Ramón Juega, solo ve tres vías para encontrar solución a la crisis del aluminio iniciada por la multinacional Alcoa en octubre de 2018; es decir, hace tres años. No descarta la intervención “directa o indirecta” de las administraciones públicas: el Gobierno de España controla la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Los trabajadores llevan desde el principio de la crisis presente reclamando que la intervención sea a partir de ese instrumento. El Ministerio de Industria, sin embargo, rechaza tal propuesta y el presidente del Principado, Adrián Barbón, también. Esta misma semana fue la última vez en que hizo declaraciones a este respecto. Juega no explica cómo debería ser la intervención pública, pero cree que es una de las posibles sendas a hollar para salir del agujero en el que los representantes de Grupo Riesgo presuntamente metieron a la empresa que adquirieron el 8 de abril de 2020. La segunda vía puesta sobre la mesa es la búsqueda de financiación. Y en eso está, pero con las alas cortadas (Riesgo vendió sus derechos de emisiones de CO2 hasta el mes de abril, es decir, no puede tener ingresos por esa vía ni tampoco por el cobro de la deuda de sus acreedores). La tercera vía es la venta a un tercero. Los ofertantes empiezan a llamar a la puerta, pero sin concreción.
El Supremo echa por tierra la pretensión de Alcoa de cerrar su planta de Lugo
El Supremo echa por tierra la pretensión de Alcoa de cerrar su planta de Lugo y, en consecuencia, deberá propiciar un futuro industrial para la última fábrica de aluminio que gestiona en España, la de San Ciprián (en el concejo de Cervo, en Lugo). Se hizo con ella hace 23 años cuando se quedó con el negocio del aluminio que hasta entonces era público, en la oleada de privatizaciones del Gobierno de Aznar. El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado el recurso de casación del Grupo Alcoa Inespal y ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) que el pasado diciembre declaró nulo el despido colectivo de 524 trabajadores de la planta gallega por apreciar “mala fe” en las negociaciones por parte de la empresa, cuyo “fin único y primordial” era “apagar las cubas y cerrar la fábrica de la manera más rentable posible”. El fallo llega mientras la Audiencia Nacional investiga la posible estafa en la venta de las plantas de La Coruña y Avilés (actual Alu Ibérica), las dos últimas de las que se deshizo Alcoa. El alto tribunal dará a conocer “en los próximos días” el texto completo de la sentencia, pero avanzó que su decisión coincide con la del TSJG, que el 17 de diciembre del año pasado obligó a la empresa a reincorporar a los empleados de A Mariña, como reclamaron los sindicatos CC OO, UGT y CIG. La noticia da alas a los trabajadores, que después de año y medio de lucha contra el cierre instan a “sentarse de nuevo a la mesa de negociación” –urge el presidente del comité, José Antonio Zan– para tratar de buscar “una salida”, tanto por parte “de las administraciones como de la propia Alcoa”, bien sea a través de “una venta directa”, con la correspondiente “garantía de la operación a través de un organismo público”, o mediante la intervención de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Sin embargo, el Gobierno se ha mostrado reacio a la intervención de la SEPI, sociedad a la que pertenecieron las nueve alumineras que compró Alcoa.
