Al menos diez años estuvo Alcoa advirtiendo de forma periódica del peligro que suponía para la continuidad de su actividad fabril en Avilés el precio de la luz. Y, como en la fábula de Pedro y el lobo, el rebaño pagó las consecuencias, si no de la incredulidad de quienes tenían competencia para reformar el marco energético de la gran industria, sí al menos de la desidia gubernamental en atajar un problema a todas luces evidente: el alto precio del kilovatio en España es un hándicap para la industria.
A este lado de la ría, Asturiana de Zinc lleva también unos años dando avisos de que la carestía de la electricidad compromete su competitividad. Y ArcelorMittal, más de lo mismo, aunque afortunadamente para Asturias las únicas decisiones graves tomadas sobre la materia han afectado a las instalaciones del País Vasco. Pobre consuelo. Como la memoria es frágil, se tienden a ningunear las llamadas de atención de la gran industria o a aparcarlas con un mohín de suficiencia: “¡Bah, lo que quieren es ganar más dinero!” Hasta que venga el lobo y lleguen las lamentaciones. Y entonces, vuelta a empezar.
Más valdría dedicar tiempo a analizar a qué regiones del mundo, por qué y en qué condiciones están trasladando las grandes corporaciones industriales sus inversiones. Una pista: la firma avilesina Aleastur, dedicada a la producción de aleaciones de aluminio, ha abierto una fábrica en Baréin, país vecino de Arabia Saudí, donde Alcoa gestiona la macroplanta de aluminio “más grande y con menores costes” del mundo, según proclama la propia multinacional. Un proyecto aluminero, por cierto, que se nutre de electricidad mediante un sistema de generación de energía basado en la quema de combustibles fósiles.
Pues sí, Oriente Medio; o India, o Brasil... Territorios donde hay bastantes menos escrúpulos que en Europa para producir energía “sucia” y donde, desde luego, no meten palos en los engranajes que hacen funcionar la industria; al contrario, los engrasan.
Esos “palos”, por ejemplo, que el Gobierno de España invoca en forma de reglamentos de la Unión Europea que impiden, supuestamente, adoptar medidas que favorezcan la actividad industrial hiperelectrointensiva, caso de un estatuto eléctrico específico merecedor de tal nombre y no uno –el vigente– que a la hora del reparto de ayudas iguala a Azsa con una fábrica de zumos.
Un escalón por debajo del nivel en el que funcionan las industrias electrointensivas habitan en la comarca decenas de empresas, la mayoría vinculadas al metal, igualmente afectadas por la inflación energética, que no es solo motivada por la carestía de la electricidad, pues también se ha disparado el precio del gas. Unas empresas cuyos gestores, resabiados de los gobiernos de turno, han pasado a la acción sabedores de que nadie va a venir a sacarles las castañas del fuego.
En estas mismas páginas se ha informado en los últimos días de las medidas puestas en práctica en empresas punteras del tejido industrial de la comarca para mitigar las consecuencias de tanto calambrazo: planes de eficiencia energética, negociaciones desesperadas con las eléctricas para abaratar el precio medio del kilovatio, implantación de sistemas de autogeneración y subida de precios de sus productos. Ni en uno solo de los casos muestran esperanza de que alguien acuda a su rescate energético.
Al contrario: “Esto es una tormenta bestial y cada cual tendrá que navegarla como pueda”. Uno de esos empresarios confesaba lacónico la desconfianza que le inspira la Administración: “Están cegados por lo ‘verde’ y no ven el abismo que se abre a nuestros pies al renunciar al carbón y a la energía nuclear”.
El seísmo energético sacude con tal violencia a la industria que, como ocurre en un circuito de corriente alterna, donde los flujos eléctricos van y vienen, hasta en las trincheras políticas se han invertido las polaridades que históricamente orientaban las directrices económicas de unos y otros partidos. Y, así, lo mismo se escucha al portavoz adjunto del Grupo parlamentario Popular en el Congreso, Guillermo Mariscal, defendiendo la intervención de la SEPI para salvar a Alu Ibérica que al ala gubernamental de Podemos justificando la “imposibilidad jurídica” de que la SEPI intervenga la empresa aluminera (aunque fuera de la Moncloa se siga coreando el mantra).
O sea, los liberales haciendo bandera de una estatalización de la que, ahora, los comunistas reniegan. Son, seguramente, los efectos colaterales del calambrazo que ha mandado a la industria a la uvi.
