Tensión. Eso es lo que se respira en las negociaciones entre la patronal de las empresas auxiliares y de montaje y los sindicatos mayoritarios para renovar el convenio colectivo del sector. Ayer se produjo una nueva reunión en la que la patronal puso sobre la mesa una propuesta que no trascendió de momento, pero que agrandó la brecha entre unos y otros. Las dos partes aseguran que lejos de romper la baraja, seguirán negociando, pero ven escasas posibilidades de un pacto a corto plazo.
Comisiones Obreras y UGT reclaman que las subidas salariales compensen el IPC real, que ya supera el 5 por ciento en este ejercicio. “Los trabajadores no tienen la culpa de que esté desmadrado y no pueden perder poder adquisitivo”, aseguran. No ponen pegas, sin embargo, en los años de vigencia del nuevo convenio, que se baraja que sea de dos ejercicios (2021 y 2022) o de tres (incluido 2023).
Los empresarios tampoco tienen la culpa de la subida de la inflación, provocada principalmente por el encarecimiento energético y de las materias primas. El argumento es exactamente el mismo que mantiene la CEOE y otras patronales sectoriales, en cuanto a que esta subida del IPC será coyuntural, pero que también a las empresas les afecta la subida de la inflación, los elevados costes energéticos, el incremento del precio de los suministros y que está pendiente la nueva reforma laboral. Hay además un añadido, que algunas fuentes también apuntaron: mientras el año pasado la inflación fue casi cero, sus trabajadores cobraron la subida salarial pactada, con lo que ganaron poder adquisitivo.
