El comité de empresa de Alcoa en San Ciprián (Lugo) ha comunicado la finalización las negociaciones con la dirección de Alcoa, en las que también han estado presentes la Xunta de Galicia y el Gobierno de España, con una propuesta por parte de la compañía que insiste en parar las cubas de electrolisis durante dos años y que será sometida a referéndum entre los miembros de la plantilla en los próximos días. La paralización de las cubas de electrolisis fue condición impuesta en la fábrica de aluminio de Avilés cuando aún Alcoa era su propietaria como paso previo a una venta que acabó por llevar la planta, renombrada como Alu Ibérica, al colapso económico; en la actualidad, la compañía heredera de Alcoa en Avilés se halla en concurso de acreedores, adeuda 118 millones y los trabajadores, mandados al paro, esperan que el Ministerio de Industria les convoque a una reunión para analizar las posibilidades de reflotar la actividad con la entada en escena de un nuevo empresario.
La propuesta de acuerdo para la factoría de Lugo contempla que Alcoa se compromete a trabajar con ocho suministradores de energía con los que ya está en contacto, para alcanzar acuerdos a medio y largo plazo (PPA's), que entrarían en vigor a partir de 2024 y tendrían una vigencia a 10 años, según ha informado el comité de empresa.
La propuesta de acuerdo para la factoría de Lugo contempla que Alcoa se compromete a trabajar con ocho suministradores de energía para alcanzar acuerdos a medio y largo plazo, que entrarían en vigor a partir de 2024 y tendrían una vigencia a 10 años.
Asimismo, accedería a la creación de una mesa de seguimiento del acuerdo y de las inversiones pactadas, formada por el comité de empresa -dos miembros por sindicato-, la Xunta de Galicia y el Gobierno de España, que se reunirá con frecuencia mensual los seis primeros meses y de manera trimestral pasado ese medio año.
En cuanto a los planes para 2022 y 2023, Alcoa ofrece "garantía de facturación" para las auxiliares durante los dos primeros años, con contratos garantizados a tres anualidades (de 2022 a 2024) para aquellas empresas externas directamente afectadas por el cese temporal. De hecho, informa de que "se prevé que las inversiones programadas y otros servicios generen la necesidad de prestación de servicios" por parte de dichas auxiliares.
La multinacional no accedió, en cambio, a introducir una cláusula que garantice que esas empresas no ejecutarán ERES ni ERTES durante este periodo, "alegando que no están dispuestos a coartar la capacidad organizativa de las mismas", precisa el comité.
Otro de los compromisos tiene que ver con la "preferencia de contratación" por parte de Alcoa "para las empresas de suministros y transportistas locales".
Con respecto a las inversiones previstas para los dos primeros años, prevé 42 millones de euros para "transporte y carga, paso a gas y reconstrucción de horno de cocción para ánodo grande"; 6 millones de euros para un transformador nuevo (TRG) con ajustador de tensión, diseñado para 200.000 amperios; la adquisición de un horno de homogeneizado, valorado en 3 millones de euros, y de barras de compensación magnética, por un importe de doce millones.
Entre los gastos previstos figuran otros cinco millones de euros para la instalación de cuatro nuevas mesas de colada para la fabricación de tochos de aluminio.
La multinacional se compromete a efectuar un depósito bancario por importe de 103 millones de euros, resultado de la suma de las inversiones comprometidas y coste del rearranque de las instalaciones, cuya gestión sería compartida con el comité de empresa.
Por otra parte, la multinacional se compromete a efectuar un depósito bancario por importe de 103 millones de euros, resultado de la suma de las inversiones comprometidas y coste del rearranque de las instalaciones, a disposición de Aluminio Español S.L. y cuya gestión sería compartida con el comité de empresa, bajo la fiscalización de las administraciones.
Según la propuesta, con carácter mensual se irían liberando los importes justificados de las inversiones que se fueran ejecutando, siempre con el consentimiento del comité, quedando el restante a disposición de un tercero en caso de incumplimiento.
A cambio, los trabajadores deben aceptar "el cese temporal con parada programada de la actividad durante dos años en Electrolisis y Electrodos a partir del 1 de enero de 2022", con finalización del proceso en 3 semanas.
El rearranque al 100% (actualmente en el 85%) de la actividad se produciría a partir del 1 de enero de 2024, con una estimación de 6 meses para el reinicio de la actividad y una reserva de 35 millones de euros para realizar las operaciones necesarias.
Seguirá la actividad en Fundición y en la Planta de Alúmina, para lo que la compañía ha facilitado el plan comercial durante estos años, a razón de 65.000 toneladas anuales de tocho y previsión de venta de 25.000 toneladas anuales de placa de aluminio.
De ese modo, "los compromisos con los clientes no se verían afectados. Alcoa optimizaría la refusión del aluminio primario producido durante el periodo de huelga, así como el de otros suministradores".
Con respecto a la balsa de lodos rojos, Alcoa insiste en que la primera fase del proyecto, con una ampliación del depósito hasta 2027, está aprobada y presentada a trámite ante la Xunta. Reconoce, en todo caso, que "no está aprobada ni presentada la segunda fase, con el proyecto hasta el 2032".
Durante este período, los trabajadores afectados seguirán su calendario habitual, aclara el comité, de modo que "la dirección de planta indicará las tareas a realizar, incluyendo formación, sustituciones o actividades de mantenimiento y limpieza de instalaciones".
"En caso de ausencia de trabajo se facilitará permiso retribuido por el periodo correspondiente", precisa.
El acuerdo también contempla la contratación de a fecha 1 de enero de 2023 de todos los trabajadores temporales que durante el año 2021 "hubiesen tenido un contrato de puesta a disposición".
Alcoa se compromete a no realizar ningún tipo de proceso de despido colectivo durante cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2025, además de dar luz verde a un nuevo convenio colectivo con vigencia de seis años.
La compañía también hace constar que cualquier posibilidad de acuerdo pasa por el levantamiento de la huelga indefinida, que ha provocado que se acumulen en las instalaciones de San Cibrao decenas de miles de toneladas de aluminio, y por paz social durante el período de vigencia del mismo.
Por su parte, "la Xunta se compromete a agilizar el proyecto de la DBR presentado por Alcoa en caso de que cumpla los requisitos jurídicos y medioambientales, así como facilitar la tramitación de los proyectos energéticos ligados a las PPA's bajo su competencia (proyectos energéticos por debajo de los 50 MW)".
También, compromete "el apoyo y ayudas a los proyectos de inversión bajo su competencia industrial, específicamente proyectos de eficiencia energética e innovación para grandes empresas, a razón del 30% de la cuantía del proyecto".
El comité de empresa ha convocado una asamblea general para este lunes -27 de diciembre para tomar las decisiones correspondientes.
El Gobierno central, por su parte, "ofrece apoyo y ayudas a los proyectos de inversión bajo sus competencias industriales y energéticas, de manera que se incrementaría el importe actualmente comprometido para las inversiones".
Este incremento en el importe destinado a las inversiones, estaría vinculado a un plan de incremento de intensidad, así como a proyectos de mejora de la productividad, eficiencia energética y competitividad de la planta.
El acuerdo debería ser firmado "urgentemente", por exigencia de la compañía, no más tarde del 29 de diciembre de 2021.
Por ello el comité de empresa ha convocado una asamblea general para este lunes -27 de diciembre para tomar las decisiones correspondientes