El Ayuntamiento de Gozón quiere personarse en el concurso de acreedores abierto en Alu Ibérica porque, dijo ayer Jorge Suárez, el alcalde del municipio,“son grandes perjudicados”. Para justificar esta afirmación, dio dos cifras: “Alu Ibérica debe al concejo 201.000 euros y desde que empezó la crisis hemos dejado de ingresar en torno a un millón de euros en concepto de impuestos que antes disponíamos para atender las necesidades de los vecinos”, recalcó. “No sabemos cuáles son los créditos a los que los administradores concursales tienen que dar respuesta, tampoco sabemos en qué posición están los nuestros. No se han puesto en contacto con este Ayuntamiento. Hemos tenido que solicitar una reunión con ellos por esa razón”, declaró.
“Hemos sabido –porque lo hemos leído en la prensa– que pretenden vender toda la unidad productiva, es decir, toda la fábrica. Imagino que si no lo consiguen tendrán que hacerlo por partes. Parece ser que la fábrica es un activo y el poblado de Endasa, un pasivo. Pero un pasivo al que, por el momento, no atienden. Ellos son los que tienen obligaciones sobre el poblado”, aseguró el Alcalde.
Las quejas de los vecinos del barrio del aluminio no son nuevas: comenzaron cuando los arrendatarios de las casas comenzaron a sufrir las consecuencias de la presunta descapitalización fraudulenta de la empresa llevada a cabo por sus propietarios, es decir, por los investigados por la Audiencia Nacional Víctor Rubén Domenech –que también responde como David Domenech– y su socia Alexandra Camacho. Los vecinos apuntaron entonces al Ayuntamiento de Gozón para encontrar la solución a este abandono. Paralelamente, los administradores concursales llamaron a la puerta del Principado sin éxito. LA NUEVA ESPAÑA desveló que los actuales gestores de las viviendas –desde diciembre– las ofrecieron sin éxito a la Administración regional esta pasada semana.
Jorge Suárez explicó: “El poblado de Endasa es una propiedad privada: pertenece a Alu Ibérica y antes perteneció a Alcoa y, mucho antes, a Inespal (en esta etapa –hasta 1997– el casero era el Estado)”, añadió. “Nos preocupa, y mucho, la situación en que se encuentran los vecinos de Endasa, pero también la del resto de los vecinos del concejo. Una administración pública no puede intervenir en una propiedad privada: lo dice la ley”, concluyó.
Así las cosas, el medio centenar de habitantes del barrio dice sentirse en una tierra de nadie porque no son los dueños de sus casas –son de Alu Ibérica–, sus caseros no atienden las reclamaciones presentadas –“entra el agua a chorros cuando llueve”, cuentan– y este deterioro se agrava.
Alu Ibérica no pone ni una bombilla en los bloques desde que se produjo el cambio de propiedad (de Alcoa a Parter, en agosto de 2019). La ley impide a los administradores concursales, aseguran, hacer mejoras en sus propiedades porque tienen una misión: convertirlas en dinero, liquidarlas y pagar a la lista de acreedores. Poner una bombilla, por ejemplo, supone una mejora en la propiedad, sostienen. El trabajo que tienen los administradores concursales es conseguir los 40 millones –en números redondos– del agujero creado presuntamente por la gestión de Domenech y Camacho.
José Manuel Gómez de la Uz, el expresidente del comité de empresa de Alu Ibérica, participó esta semana en una rueda de prensa en el poblado de Endasa para dar eco a las reclamaciones de los vecinos. “Es la primera vez que le veo allí, en el poblado”, destacó Suárez. “Mi relación con el comité de empresa y con el propio De la Uz ha sido siempre muy cordial por eso considero que las palabras que me dirigió son una falta de respeto”, señaló el regidor. El exlíder sindical había dicho: “Este poblado fue de titularidad pública y es de justicia social que la administración se haga cargo de él. Que el Alcalde de Gozón saque la cabeza de entre las piernas y venga aquí”.
Ante estas palabras Suárez se preguntó: “Cuando firmaron el acuerdo de las indemnizaciones con Alcoa. ¿Les recordó sus obligaciones para con las familias del poblado? Ellos tienen una serie de derechos sociales que imagino que De la Uz habrá pedido que se cumplan. Parecía más un político que un sindicalista y a mí no me va el gamberrismo político”.
Retirada de la querella contra Alcoa, pero no contra Riesgo
La Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), que inició el pleito penal que la Audiencia Nacional desarrolla al respecto de la compraventa de las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña, ha formalizado ya la retirada de la querella que habían presentado contra la multinacional Alcoa al considerar que la empresa aluminera era responsable de un delito de estafa agravada, insolvencia punible y apropiación indebida. Esta acción se explica porque este sindicato se adhirió al acuerdo de indemnizaciones para todos los trabajadores de la empresa. Es decir, Alcoa se había comprometido a pagar 60 días por año trabajado y 10.000 euros a sus extrabajadores si, a cambio, se retiraban las denuncias contra la propia empresa o sus directivos. La formalización de la retirada de la querella contra Alcoa no significa que la CCP no la mantenga contra las dos Alu Ibérica (Avilés y La Coruña), el fondo suizo Parter Capital y las empresas que conforman la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo, el que dirigen los investigados por la Audiencia Nacional Víctor Rubén Domenech y Alexandra Camacho.
