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El Puerto de Avilés tendrá poder decisorio sobre los proyectos para el suelo de Alu Ibérica

La venta del complejo requiere del doble beneplácito del administrador concursal y de la Autoridad Portuaria, que ya ha extinguido la concesión

Los terrenos de Alu Ibérica que pertenecen al dominio público.

Los inversores que quieran impulsar en el futuro un proyecto industrial en las instalaciones de Alu Ibérica, la antigua Alcoa, tienen que presentar sus planes al Puerto de Avilés. El proceso de venta requiere del beneplácito tanto del administrador concursal como de la Autoridad Portuaria, cuyo consejo de administración declaró extinta este jueves, en una reunión extraordinaria, la concesión administrativa a Alu Ibérica, en proceso de liquidación. Dicha concesión expiraba inicialmente en 2027.

El presidente del Puerto, Santiago Rodríguez Vega, venía advirtiendo de que "ningún proyecto industrial será posible en esos terrenos sin el beneplácito del consejo de administración portuario". Y la propia administración concursal reconoció a este periódico que, efectivamente, un acuerdo con ese organismo es clave para facilitar un acuerdo que facilite la operación. Este jueves se dio un paso más en el camino hacia la búsqueda de una solución para el complejo fabril de la margen derecha de la ría.

La sociedad Alu Ibérica quedó disuelta por auto judicial el pasado marzo, una vez declarada en concurso de acreedores, y ese mismo mes la administración concursal presentó el proyecto de plan de liquidación de los activos de la empresa, que sigue pendiente de aprobación por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo.

Ese plan ya establecía que del conjunto de solares, 146.734 metros cuadrados pertenecen al domino público y, por tanto, no son propiedad de Alu Ibérica, puesto que disfrutaba de esa superficie en régimen de concesión por parte de la Autoridad Portuaria. Dada esta situación, el Puerto solicitó un informe jurídico a la Abogacía del Estado, que concluyó que "la Autoridad Portuaria debería dictar una resolución que declare la extinción de la concesión una vez se constate la disolución de la concursada [Alu Ibérica] en el seno del procedimiento concursal o por la apertura de la fase de liquidación". Y es que, a su modo de ver, la extinción de la concesión se produce en cuanto concurre la disolución de la personalidad jurídica de la empresa.

El director de la Autoridad Portuaria de Avilés (Ramón Muñoz-Calero) acordó el pasado 4 de julio, mediante una resolución, incoar el expediente para la declaración de extinción de la concesión administrativa que otorgó el Ministerio de Obras Públicas a las instalaciones alumineras de San Balandrán el 5 de diciembre de 1960. La administración concursal presentó alegaciones frente a esta resolución del Puerto, si bien finalmente reconoció el mes pasado que la Autoridad Portuaria tiene competencias para declarar la extinción y anunció que no se opondría a ella. Fue entonces cuando el director portuario propuso declarar la extinción de la concesión con efectos de 2 de marzo de 2022, la fecha de apertura de la fase de liquidación. No obstante, para facilitar el avance del concurso, el Puerto da un plazo máximo de un año (seis meses, prorrogables otros seis) para retirar y levantar los activos que se encuentran sobre suelo de dominio público portuario.

"Se ha declarado una situación legal, no es una decisión discrecional por parte de la Autoridad Portuaria. La extinción de la concesión se produjo en el momento en que se extinguió la sociedad", apuntó el presidente del Puerto, Santiago Rodríguez Vega. El plan de liquidación sigue pendiente del visto bueno del juez, por lo que siguen sin trascender las condiciones de la venta de la aluminera. "Hay que ir despejando una serie de cuestiones, como las condiciones de la venta. Nuestro interés es favorecer el desarrollo e implantación de actividad industrial con garantías de empleo y actividad. Y ahí estaremos para facilitar ese proceso, somos los máximo interesados", apuntó Rodríguez Vega en relación a la disposición de la administración concursal por alcanzar un acuerdo con el Puerto, propietario de gran parte de los terrenos, que facilite la operación.

Como viene informando este periódico, de momento no se ha formalizado ninguna oferta. Solamente hay declaraciones de interés manifestadas por parte de algunas compañías. Las conocidas hasta ahora son Ignis, Trafigura y la multinacional avilesina Windar Renovables.

La administración concursal ya admitiría la presentación de proyectos y propuestas, sobre las que se podrían realizar "ajustes" si fuera necesario en el caso de que el juez encargado de firmar el plan de liquidación introdujese alguna modificación. Todos esos proyectos tienen que pasar también por los despachos de la Autoridad Portuaria de Avilés. Es más, con la concesión a Alu Ibérica ya extinta, en caso de que alguna compañía manifieste su interés por los terrenos, la entidad se vería obligada a tramitar la solicitud de la concesión, si bien este extremo parece poco probable (la venta troceada es una solución que nadie desea y dificultaría la implantación de un inversor industrial). En el consejo extraordinario de ayer, por otra parte, tomó posesión el presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, que sustituye a Francisco Menéndez.

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