La "contabilidad oculta" de Alu Ibérica impide hacer un perfil real de sus cuentas

"No podemos hablar de irregularidades contables concretas, específicas y determinadas, sino de una absoluta ausencia de contabilidad; o, en su caso (lo que viene a ser lo mismo), de una contabilidad oculta que en ningún momento ha sido puesta a disposición del administrador judicial ni de esta administración concursal". Con esta claridad relata Miguel Gómez Gordillo, el actual gerente de Alu Ibérica, el histórico que se encontró cuando a finales del pasado año 2021 se hizo cargo de la aluminera de San Balandrán que Víctor Rubén Domenech le había comprado a Parter Capital Group y éste, a su vez, a la multinacional Alcoa.

Esta "contabilidad oculta" ha provocado que el administrador concursal no haya podido tener claro qué había en la empresa que ya no está, quién se ha llevado qué o, algo peor, si se lo ha llevado. Lo verbaliza con estas palabras: "...el propio déficit de documentación contable no nos permite concretar, ni imputar, ningún acto encaminado a ofrecer una imagen patrimonial divergente de la real".

Es oportuno subrayar que este problema se da en un informe de calificación de un concurso de acreedores; es decir, en un documento destinado a un juez de la vía mercantil, concretamente, el Número 1 de Oviedo. Por la vía penal, la Audiencia Nacional no tiene cortadas las alas por el momento. Los problemas documentales generados durante el tiempo en que la empresa Alu Ibérica estuvo controlada por Víctor Rubén Domenech y su expareja, Alexandra Camacho (en paradero desconocido actualmente), es fruto de la falta de constancia de que "hayan sido formuladas, aprobadas ni depositadas las cuentas anuales referidas a los ejercicios cerrados a 31 de octubre de 2019 ni a 31 de octubre de 2020". Lo que sí que consta es que "las últimas cuentas anuales depositadas son las correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de octubre de 2018, que se depositaron el 16 de agosto de 2019, fuera del plazo legal máximo establecido". Y también consta que "los últimos libros legalizados son los del ejercicio 2018, que constan legalizados el 29 de enero de 2019". Es decir, desde que Alcoa vendió su compañía (en 2019) no hay un papel legal relacionado con el estado contable de la empresa que se vendió y se revendió entre 2019 y 2020.

Pero hay más cosas que sí que constan a los administradores: que ningún responsable de Alu Ibérica presentó la declaración correspondiente al Impuesto de Sociedades del período que va de noviembre de 2019 a octubre de 2020 (un tiempo en el que compartieron propiedad de la fábrica Parter Capital y Víctor Rubén Domenech). Tampoco presentaron los dueños de la compañía el Impuesto sobre la Renta de 2020.

Todo esta situación la resume el autor del informe de calificación culpable del concurso de acreedores de la compañía aluminera avilesina con una oración simple: "La compañía no llevaba contabilidad". Esta circunstancia es la más propicia para realizar el plan que la instructora de la vía penal, la jueza María Tardón, ha constatado de los informes policiales que ha encargado y que "El Periódico de España", del mismo grupo que LA NUEVA ESPAÑA, desveló en exclusiva: que Domenech y Camacho sólo "buscaban enriquecerse". Y hacerlo a través de "un auténtico expolio consciente y doloso".

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